Ni una intervención de Vox donde no se ataque algún colectivo. Este lunes durante la presentación del informe del Síndic de Greuges sobre los usos lingüísticos de niños y adolescentes catalanes en la Comisió del Parlament, el diputado de Vox Sergio Macián ha hecho burla sobre como hablan en castellano los jóvenes catalanes: "Muchos adolescentes catalanes hablan como si fueran el indio Gerónimo. Eso es un problema absolutamente real", ha dicho el diputado ultra, después de criticar el hecho de que el Síndic haya hecho encuestas "coactivas" y propias de "regímenes de la URSS" por el simple hecho de preguntar a niños y jóvenes qué lengua utilizan durante su día a día.
La intervención de Macián se ha producido sin ningún inconveniente, pero justo después ha sido el turno del diputado de la CUP Carles Riera, que ha planteado a la Mesa de la comisión hacer una llamada al orden al diputado ultra por haber hecho una afirmación "absolutamente racista" por la manera como ha hecho mención del indio Gerónimo, que a la opinión de Riera vulnera el código ético y la legislación vigente del Parlament sobre la no discriminación. "Aprovecho para decir, Gerónimo héroe de resistencia del pueblo indio contra el colonialismo de la época", ha sentenciado Riera.
Después de la intervención del diputado de la CUP, la Mesa ha discutido unos segundos su decisión, de que ha expresado la presidenta de la Comisión, la republicana Najat Driouech, que ha reivindicado el hecho de no vulnerar derechos de las otras personas: "Diputado Macián, le pediría que sus intervenciones fueran las más respetuosas posibles". El diputado de Vox ha asegurado que era una "cuestión metafórica", porque no hablaba del indio de una forma "despectiva". Una respuesta sin fundamento, después de haber atribuido una forma supuestamente mala de hablar con la manera de expresarse de los indios.
La discusión se ha producido durante el debate del informe sobre los usos lingüísticos. El síndico Rafael Ribó ha aprovechado para hacer referencia al reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que impone el 25% del castellano en las aulas. El síndico ha mostrado de nuevo su preocupación con el hecho de que los tribunales persistan en un mecanismo para garantizar la vehicularidad de las lenguas oficiales que no tiene en cuenta criterios sociolingüísticos que tendrían que guiar la toma de decisiones políticas en esta materia. El síndico ha puesto el acento en el hecho de que no es el poder judicial quien tiene que determinar la definición del modelo lingüístico escolar en Catalunya, el cual ayuda a reducir desigualdades educativas en el aprendizaje de las lenguas oficiales.