La Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ejecute a todos los centros escolares la sentencia que impone el 25% de las materias en lengua castellana. Han argumentado que es "notorio y evidente que la Generalitat no ha cumplido" la sentencia. Las asociaciones 'Convivencia Cívica Catalana' y 'Hablamos Español' han asegurado que presentarán mañana el recurso ante el tribunal en nombre del sindicato policial. Los policías españoles, mediante estas dos plataformas españolistas, pedirán al TSJC que inste al personal e individualmente a todos los directores de las escuelas de Catalunya a "cumplir la sentencia en sus estrictos términos a partir del siguiente trimestre con todas las prevenciones correspondientes".

Las dos asociaciones han emitido un comunicado donde aseguran que el escrito reclamará que se declare "inejecutable" la sentencia en relación con el primer trimestre escolar y que, sobre la base de eso, se reconozca "el derecho de los afectados a ser indemnizados con 450 euros por el daño moral producido". Para Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español, el hecho que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas puedan estar destinados en cualquier municipio de Catalunya" obliga a ejecutar la sentencia "en el entero sistema educativo, al ser imposible individualizar la ejecución en un centro educativo concreto".

La semana pasada ha sido marcada nuevamente por la polémica en torno a la lengua catalana al sistema educativo, después de que ERC, JxCat, PSC y comunes cerraran un acuerdo para blindar el catalán después de la sentencia del TSJC. En este sentido, el Gobierno ha anunciado un "consenso" entre sus miembros por el polémico acuerdo del catalán. Durante la segunda jornada de trabajo del ejecutivo catalán, la portavoz Patrícia Plaja ha asegurado que el Gobierno ha alcanzado cuatro puntos de consenso sobre la lengua. Entre estos puntos destaca que "se considera que el acuerdo del Parlamento es una buena propuesta, un buen punto de partida." "Este Gobierno pone en valor el gran consenso político en la defensa del catalán. Lo que hace falta es seguir haciendo todo el posible en todos los ámbitos: Gobierno, Parlamento y sociedad civil. Se tiene que hacer de manera coordinada y juntos", ha expresado Plaja.

 

La portavoz ha recordado que "la realidad es que la lengua más débil en conocimiento, en capacidad de uso en las escuelas e institutos de Catalunya es la lengua catalana", motivo por el cual "el objetivo de las acciones (del Gobierno) es proteger y fortalecer el catalán". "Es la prioridad del Gobierno, con el máximo consenso posible", ha añadido. Entonces, se ha llegado a tres puntos de consenso más: que el ejecutivo catalán "está absolutamente comprometido con el impulso por todas partes en todos sus ámbitos del uso, el aprendizaje y la defensa de la lengua catalana como lengua propia del país," que "el catalán es y seguirá siendo la lengua vehicular de la escuela" y que el Gobierno "trabaja para encontrar todos los mecanismos posibles para acabar con la judicialización del catalán en las escuelas y en todos los ámbitos, para apartar los tribunales de las decisiones lingüísticas". Sin embargo, destaca el hecho de que el polémico acuerdo del catalán se considere "un buen punto de partida".