Un nuevo testigo pone en tela de juicio la acusación contra el abogado del expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, en la causa en la que está procesado por blanqueo de capitales relacionada con Sito Miñanco, acusado de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico de cocaína en concurso con un delito de falsificación de documento oficial y de blanqueo. En este caso, la magistrada María Tardón ha procesado a 50 personas físicas y jurídicas, avalada el junio pasado por la Audiencia Nacional.
La defensa de Boye, que siempre ha sostenido que "no ha habido ningún delito de blanqueo" de capitales, se ha adherido ahora al recurso de reforma contra el procesamiento de José Luís Correa Hincapié, extraditado de Colombia a España, para declarar como acusado en este procedimiento penal.
Las declaraciones
El 9 de diciembre pasado, Correa declaró ante la jueza instructora y aseguró que el dinero que llevaba en un maletín (cerca de un millón de euros en metálico) era del empresario Manuel González Rubio para invertir en una empresa en Colombia. Correa, cinco familiares y González fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas el 6 de febrero de 2017 y todos mantuvieron la misma versión.
Para la defensa de Boye, ejercida por el abogado Francisco Andújar, esta declaración desmonta las acusaciones contra él. La magistrada indica que hay indicios de que Boye intervino para recuperar los 889.620 euros decomisados en el aeropuerto porque en realidad eran de José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco. En concreto, indica que Boye y otros dos abogados participaron en la elaboración de documentos y contratos de compraventa para recuperar el dinero decomisado por la policía.
"El señor Correa Hincapié por dos veces ha negado" las acusaciones de su procesamiento, se insiste. La jueza Tardón dejó a Correa en libertad provisional, con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la presentación quincenal en el juzgado. Desde la defensa de Boye se concluye que el dinero intervenido en Barajas es del empresario Manuel González Rubio, el cual quería montar una empresa de seguridad, y que la procedencia del dinero "procedía de las diversas actividades empresariales" que tenía. Y se asegura: "No existe ninguna relación entre el dinero intervenido en Barajas y el narcotráfico".
La defensa de Boye insiste en que la actuación de los que llevaban dinero en Barajas "es atípica desde cualquier perspectiva penal", ya que —se indica— que el blanqueo consiste en introducir dinero de negocios ilícitos en inversiones legales, y en este caso salían del estado español.
Con respecto a las declaraciones de Manuel González Rubio se admite que "va cambiando de versión o versiones a medida que avanza el procedimiento, pero en su primera declaración y sin la presión de encontrarse en prisión, manifestó que el dinero era suyo". Se indica que desde el 2016 trabajaba para montar una empresa en Colombia y movía bastante dinero, según las conversaciones intervenidas.
Querella contra la jueza
El abogado de Boye también reitera que "en ningún momento de la tramitación de estos expedientes, el SEPLAC detectó ningún indicio que pudiera ser, ni siquiera, sugerir que estuviera ante un delito de blanqueo de capitales, sino que los tramitó como una falta grave a la normativa cambiaria para intentar sacar del país dinero sobre el cual no se contaba con la preceptiva autorización administrativa para su exportación".
El abril pasado Boye, con el apoyo de 44 abogados catalanes, presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra la jueza María Tardón, la letrada Ángeles Monedero y el fiscal Antidroga Ignacio Miguel de Lucas por un delito de prevaricación por querer incriminar al letrado de los expresidents Puigdemont y Torra. También se acusaba a la magistrada de encubrir el asesinato de uno de los testigos de esta causa, y que quedó en libertad poco tiempo después. El Supremo la descartó.
Foto principal: El abogado Gonzalo Boye / ACN