El juzgado contencioso-administrativo número 1 de Ceuta concluye que el ministerio de Interior y el gobierno de la ciudad autónoma actuaron de manera indebida en la expulsión de menores marroquíes el verano pasado. Según los autos en los cuales ha tenido acceso elDiario.es, el ministro Fernando Grande-Marlaska omitió "todos los procedimientos" que se tienen que llevar a cabo ante la llegada de niños no acompañados, recogidos en la ley internacional, europea y española. A consecuencia, el tribunal considera que se puso a los niños "en riesgo relevante". Así, el magistrado de Ceuta ha ordenado a la Delegación del Gobierno que "adopte las medidas necesarias para el retorno de los menores de edad repatriados", cita el medio.

Derechos vulnerados

En el auto consultado por elDiario.es, el magistrado Ignacio de la Prieta Gobantes considera que en la actuación del Estado "no es que se haya omitido alguno de los trámites del procedimiento, es que se han omitido todos", hecho que supone una vulneración en toda regla de los derechos de las personas migradas: "Ni ha existido incoación de procedimiento, ni petición de informes, ni fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución acordando la repatriación de los menores, es decir, no existe ninguna traza de expediente de repatriación". Por lo tanto, concluye el juez, "nos encontramos ante una situación de riesgo relevante para la integridad física y moral de los menores en la medida en que no consta que nadie se vaya a hacer cargo de ellos una vez repatriados en su país de origen, lo cual determinaría que se encontrarían en situación de abandono o desamparo", alerta.

Se confirman las sospechas

Así, la justicia ceutí avala los recursos presentados por la Asociación Raíces y la Coordinadora de Barrios en representación de una veintena de menores llegados a Ceuta y repatriados de manera exprés el verano pasado durante el renombre 'crisis migratorio' en la playa del Tarajal. Hace falta recordar que en el transcurso de la crisis tanto el ministro Marlaska como el mismo presidente español, Pedro Sánchez, se pronunciaron claramente a favor de reanimar a las personas que habían conseguido atravesar la frontera, a pesar de las fuertes críticas de juristas y organizaciones proderechos, sobre todo por posibles vulneraciones de los derechos de los millares de niños migrados a Ceuta. Entonces, la justicia ya ordenó paralizar de manera cautelar las deportaciones (cuándo ya se habían producido 55), ante la sospecha de que el ministerio de Interior no estaba actuando de acuerdo con la ley que otorga un cierto grado de protección a los niños migrados. Finalmente, el tribunal de Ceuta ha avalado sus preocupaciones y ha concluido que la actuación de las autoridades vulneró los derechos de los menores.