Las declaraciones e informes del comisario jubilado de la policía española José Manuel Villarejo embadurnan más procesos judiciales. La Audiencia de Barcelona ha rehusado ahora citar a declarar Villarejo como testigo en un juicio, iniciado el diciembre pasado, contra una decena de acusados de tráfico de drogas, incluido un exsotsinspector de los Mossos. El principal acusado del caso Macedonia quería que Villarejo aclarara si incluyó informes manipulados contra él y el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, en el 2009. La sección tercera de la Audiencia de Barcelona tampoco ha aceptado la declaración del hasta ahora jefe de investigación de los Mossos, que elaboró un informe sobre las supuestas intenciones de Villarejo y las envió al juez del caso Tándem, en la Audiencia Nacional, que investiga al expolicía por enriquecerse y extorsionar personas con sus contactos y su colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Para el tribunal "no es relevante" ni la declaración de Villarejo ni del intendente de los Mossos, Antoni Rodríguez, autor del informe.

El informe de los Mossos recoge una conversación difundida el verano pasado por medios de comunicación, y registrada el 3 de noviembre de 2009, donde intervienen al excomisario José Manuel Villarejo y el exinspector del CNP Antonio Giménez Raso, también investigado en el caso Tándem, y que pide implicar  a Trapero, el fiscal difunto David Martínez y el confidente policial Manuel Guitérrez Carbajo en una causa para que se los investigue en la Audiencia Nacional y puedan escuchar sus conversaciones con el fin de detener sus investigaciones a supuestos policías del CNP corruptos. El tercer comensal es José Luís Olivera, entonces comisario jefe de la UDEF. El titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional rehusó el informe de los Mossos y, ahora también la Audiencia de Barcelona porque no ve una relación entre los dos procedimientos, además de su credibilidad.

Rehusado

En la resolución, el tribunal - formado por las magistradas Myriam Linage, Yolanda Rueda y Carme Guil, que es la ponente- no acepta la declaración del excomisario Villarejo al no darle credibilidad y porque "no se tiene el soporte" del citado audio. "Es por todos conocido las reiteradas manifestaciones del señor Villarejo con múltiples temas y conversaciones que sostiene que tiene en su poder sobre tramas de corrupción e investigaciones policiales, pero no se pueden tener en consideración para enjuiciar estos hechos porque han pasado más de 10 años", afirma el tribunal, además que no se ha aportado el citado audio. Por eso, el tribunal también descarta la citación de los otros exjefes policiales españoles, y también del intendente de los Mossos Antoni Rodríguez (que ahora ha sido noticia por haber pasado de jede de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos a jefe de la comisaría de Rubí), que es el autor del informe. Rodríguez asegura que Villarejo introdujo informes para perjudicar Trapero y el desprestigiar el testimonio de Manuel Gutierrez Carbajo, confidente policial, en investigaciones dirigidas por Trapero y Madero. El abogado de Carbajo pidió la declaración de Villarejo para hacer tambalear las acusaciones contra él. La fiscal, no obstante, le pide once años de prisión por liderar un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas. El tribunal, además, no da ninguna verosimilitud al informe de los Mossos, ya que asegura que este empieza "con una premisa expresiva: 'de ser cierto...'", refiriéndose al audio de Villarejo.

En el juicio del caso Macedonia, también se juzga el exsubinspector de los Mossos que estaba destinado en Vilanova i la Geltrú, Josep Ranea, quien el grupo de Carbajo tenía comprado con un sueldo de 1.000 euros en el mes y otros regalos para que los informara de operaciones policiales para evitar que los pillaran. La fiscal le pide once años de prisión. El juicio se reanuda el próximo lunes, 17 de enero, con la declaración de algunos de los acusados que han admitido que formaban parte de un grupo dedicado al tráfico de drogas, y a quien la fiscalía ha rebajado la petción de  pena. Trapero, ahora destituido, también declarará como testigo en el juicio.

El tribunal tampoco ha aceptado la nulidad de las intervenciones telefónicas, dictadas en el 2010 por el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, de las cuales las defensas han expuesto que les falta motivación y proporcionalidad. Hubo hasta 85 teléfonos intervenidos y por, ahora el tribunal indica que no ha detectado ninguna irregularidad en la orden y las prorrogas, pero añade que esperará a la celebración del juicio para determinar  en la sentencia si se han vulnerado derechos de los acusados.