La justicia escocesa ha convocado una nueva vista el 26 de agosto para decidir si deja en manos de los tribunales belgas la euroorden contra la eurodiputada a Clara Ponsatí. Después de una audiencia de procedimiento celebrada este martes, la corte de Edimburgo ha vuelto a citar en las partes por las dudas sobre su jurisdicción en el caso, ya que Ponsatí vive ahora Bélgica donde ejerce como eurodiputada. Ponsatí prefiere batallar la euroorden a los tribunales belgas, que también tienen sobre la mesa la petición de extradición de España contra Carles Puigdemont y Toni Comín. En cambio, el fiscal de Edimburgo por ahora no lo comparte y ha pedido una nueva vista, según fuentes próximas al caso.

Las tres euroórdenes están ahora mismo paralizadas. La defensa de los eurodiputados de JxCat cree que no se reactivarán hasta que se resuelvan las cuestiones prejudiciales que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha enviado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Luxemburgo las ha admitido a trámite este martes, pero ha rechazado analizarlas de manera urgente. Por la vía ordinaria, el TJUE tarda por término medio unos 15 meses al responder preguntas prejudiciales.

Las prejudiciales de Llarena

Arran de la negativa de Bélgica a extraditar al exconseller Lluís Puig al detectar un riesgo de vulneración de sus derechos en la causa del procés, el juez instructor del Supremo Pablo Llarena ha pedido al Tribunal de Justicia de la UE que aclare sus dudas sobre este precedente favorable a Puigdemont, Comín y Ponsatí. Le ha enviado hasta siete preguntas prejudiciales donde cuestiona la decisión belga.

Llarena pregunta al TJUE, entre otras cosas, si Bélgica puede examinar el riesgo de vulneración de derechos fundamentales en el caso de los exiliados y, si fuera así, si se puede basar en la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias vinculado a la ONU. "Constituye este informe un elemento objetivo, fiable, preciso y debidamente actualizado para justificar (...) ¿la denegación de la entrega"?, se pregunta Llarena.

Los tribunales belgas denegaron la extradición de Puig porque ven un riesgo de vulneración del derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia en el caso del 1-O basándose, principalmente, en el documento del grupo de trabajo.

Por otra parte, Llarena también quiere saber hasta qué punto Bélgica puede rebatir su competencia. Los magistrados belgas reprochan a los jueces del Supremo que se declaren competentes para juzgar a todos los implicados en el caso del 1-O sin una base jurídica "explícita". "Sin un texto legal explícito a este efecto, el Tribunal Supremo no se puede considerar como el órgano judicial establecido por la ley", afirma la sentencia, insinuando que los magistrados españoles no interpretan bien sus propias leyes.