La Unidad de Igualdad de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha tramitado 20 denuncias por acoso, abuso o insultos —entre otros motivos— desde 2014. Del total, 18 han sido interpuestas por alumnos contra personal docente e investigador o personal de administración, y solo 2 entre estudiantes. Los datos los ha confirmado el vicerrector de Personal Docente e Investigador de la UPF, Pablo Pareja, en una entrevista en Europa Press, donde ha detallado que entre 2014 y 2018 se presentaron 7 denuncias; entre marzo del 2018 y diciembre del 2019, 8; y entre enero de 2020 y finales del 2022, 5 más. "Denuncias entre iguales, entre alumnos, hay menos porque se tienen que resolver más fácilmente. Al ser entre iguales, las personas tienen más mecanismos para poner fin a la situación. Ante un profesor, los alumnos se sienten más indefensos e incómodos", ha detallado.
Denuncias entre estudiantes
Una de las denuncias entre alumnos es del año 2019, cuando dos jóvenes que cursaban el primer curso del grado de derecho a la UPF. Denunciaron que se sentían asediadas por otro alumno, aunque ellas lo conocían "únicamente" de coincidir en alguna clase, según la sentencia. Sin motivo alguno aparente, el 28 de enero de este año empezaron a recibir mensajes del acusado a través de WhatsApp y "sorprendidas por recibir aquellos mensajes", una de ellas le envió un mensaje diciéndole que creía que se estaba confundiendo de persona.
"A pesar de ello, el acusado, con una actitud de hostigamiento y con la finalidad de alterar su vida cotidiana, siguió enviando estos mensajes hasta el 11 de febrero de 2019", además de dirigirles también mensajes a través del correo electrónico de la universidad. Entre los mensajes que recibían, el joven les decía que necesitaba pensar y empezar de nuevo con ellas y dejarlo todo atrás; les agradecía el apoyo; les pedía que estuvieran cerca de él; les decía que eran el "mejor regalo del mundo" y que las esperaría en la puerta de la universidad. "Muchas cosas que me han pasado era para llegar a vosotras, he intentado salir del inframundo, pero la gente no me acompañaba, seguramente sabéis más que yo, y, menos mal, porque estoy ansioso de formar parte de vuestras vidas", les decía.
Temor por el acoso
Ante esta situación de "terror y desasosiego" que sufrían las víctimas por la reiteración de la conducta del acusado, decidieron enviarle dos mensajes pidiéndole que no les escribiera más. Sin embargo, el hombre continuó con sus mensajes y trataba de mantener contactos físicos con ellas en la universidad incluso les manifestó la voluntad de mantener una relación afectiva con una de ellas y las perseguía por el campus. "A consecuencia de lo anterior, las víctimas vieron alterada gravemente su vida privada y universitaria, viéndose obligadas a buscar siempre la compañía de terceras personas para evitar encontrarse en la facultad con el acusado", añade la sentencia.
La universidad tuvo conocimiento de los hechos y acordó que las víctimas "se quedarían en casa para estudiar en lugar de acudir a clase", facilitándoles otras aulas de la universidad para hacer los exámenes, aunque finalmente una de las víctimas abandonó los estudios.
Condenado a 10 meses de prisión
La sentencia condenó al acusado a 10 meses de prisión por dos delitos de acoso con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Además, le impusieron la prohibición de comunicarse con las víctimas y acercarse a menos de 500 metros de ellas, de las casas, o de cualquier otro lugar que frecuenten durante cuatro años. Además, acuerdan la suspensión de la ejecución de cada una de las dos penas de cinco meses de prisión por un plazo de dos años si no comete ningún delito durante los dos años siguientes y si cumple las penas de prohibición de aproximación y de comunicación impuestas.
El papel de la universidad
Pareja ha explicado que, en un inicio, las víctimas no explicaron nada ni a las familias ni a la universidad, "supongo que pensaban que pasaría, y una semana antes de los exámenes del tercer trimestre y asustadas por el tono de los mensajes, se dirigieron a la decana", ha explicado. "Hicimos una reunión con las víctimas y la directora de la Unidad de Igualdad al día siguiente que ellas enviaran el correo electrónico explicando los hechos. Lo que explicaron era grave, pero a dos días del periodo de exámenes no había tiempo de abrir un expediente y tomar medidas cautelares, por lo cual, a corto plazo, propusimos que hicieran el examen en otro campus para que estuvieran tranquilas", y también les ofrecieron servicio psicológico, aunque lo rechazaron.
Desde la UPF, pocos días después abrieron un expediente y aplicaron la medida cautelar que el acusado no se pudiera matricular al curso siguiente, pero las jóvenes interpusieron una denuncia en los tribunales y en el momento del juicio "el expediente disciplinario tuvo que quedar suspendido", aunque el acusado igualmente no se matriculó en el siguiente curso. "Como institución nos quedamos un poco con una sensación incómoda, ya que hicimos todo o posible y aplicamos todos los protocolos posibles, pero si hubiéramos tenido conocimiento antes o si explicáramos mejor cuáles son los derechos de los estudiantes, quizás se habían sentido cómodas para explicarlo antes", ha manifestado Pareja. También ha detallado que no se personaron en el juicio porque estaban haciendo el expediente disciplinario y había una investigación abierta, y "la universidad no podía personarse porque sería tomar parte de una cosa que todavía no se ha resuelto".
Con todo, una de las víctimas, en declaraciones en Europa Press, ha afirmado que no se sintió acompañada por la universidad porque según relata después de comunicarlo a la UPF les dijeron que "no podían volver al campus". "Las opciones que me dieron fue hacer un traspaso de expediente y cambiar la matrícula a la Universidad de Barcelona (UB). La sensación que me dio era que yo era el problema y era a mí a quien querían sacarse de encima", ha lamentado.