La flamante presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Isabel Perelló Doménech, se tendrá que arremangar de lo lindo para poner al día al órgano de gobierno de los jueces, bloqueado desde hace cinco años, con efectos directos a la ciudadanía, que ha visto cómo se eternizan sus litigios. Sin tiempo a situarse, Perelló tendrá que pronunciar un discurso de urgencia para la apertura del año judicial, convocada para este jueves, al día siguiente de su nombramiento como presidenta del Poder Judicial. Una de las urgencias del nuevo CGPJ es cubrir las 102 vacantes pendientes en los principales órganos, además de conseguir más recursos para los juzgados de todo el Estado español, colapsados de forma endémica.
Son: 29 en el Tribunal Supremo; 2 en la Audiencia Nacional; 40 en Tribunales Superiores de Justicia, y 31 en Audiencias Provinciales, según datos facilitados por el CGPJ en ElNacional.cat. Los nombramientos de estos cargos necesitarán ahora los votos de 3/5 partes de los 20 miembros del consejo, además de cumplir otros condicionantes acordados por el PSOE y el PP para desbloquear la renovación del CGPJ.
Ocho presidencias de TSJ
Del total de estos cargos, se tiene que convocar las plazas para escoger 8 presidencias de Tribunales Superiores de Justicia con el mandato caducado. Son: Catalunya, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Valencià, Madrid, Murcia y La Rioja. En el caso catalán, el magistrado Jesús Maria Barrientos, miembro de la asociación judicial Francisco de Vitoria, fue elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el 28 de enero de 2016 y tendría que haberse renovado su cargo en el 2021; es decir, lleva| casi tres años con el mandato caducado. El cargo de presidente de un TSJ no se limita a temas gubernativos, sino también tiene la potestad de presidir todos los juicios penales de este órgano. Aunque exigen la despolitización de la judicatura, las principales asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Juezas y Jueces por la Democracia (JJxD)- negocian el reparto de estos cargos principales. Con todo, gran parte de los 5.300 jueces que ejercen en el Estado español no están asociados.
Hacen falta 350 plazas de jueces al año
El CGPJ nombra los cargos discrecionales de los principales órganos judiciales, pero la partida presupuestaria para dotar de recursos a todos los juzgados es competencia del Ministerio de Justicia. Por ejemplo, el Gobierno del PSOE se ha negado a aprobar un complemento salarial para los jueces y funcionarios judiciales que trabajan en Catalunya, como tienen otras comunidades. Entidades y asociaciones conservadoras lo reclamaron por la supuesta peligrosidad de trabajar en nuestro país por el independentismo catalán. El presidente Barrientos, sin embargo, lo ha exigido por el elevado trabajo que soportan jueces y juezas en Catalunya, además de denunciar la "pasividad" del Ministerio de Justicia ante la falta de jueces en Catalunya. Nada se ha corregido desde el Gobierno.
En verano, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial hizo público el Plan Estratégico para el decenio 2024-2033, que cifra en 350 las plazas de juez que hacen falta anualmente hasta el 2033. Es decir, afirma que se han de convocar anualmente durante los próximos diez años con la finalidad de poder cubrir las vacantes por jubilación, defunción y renuncia que se vayan produciendo.
En el informe, se precisa que a 24 de junio de 2024, el número de plazas en juzgados y tribunales asciende a 5.854, de las cuales 3.938 son plazas en órganos unipersonales (4 de las cuales no han entrado en funcionamiento todavía) y 1.916 en órganos colegiados. Un número de plazas que se considera "manifiestamente insuficientes", y más cuando se detalla que hay 202 los órganos en los cuales se ha acordado alguna medida de refuerzo.