Ante el veto que el PSOE, el PP y Vox impusieron sobre la ley de amnistía presentada en la Mesa del Congreso por parte de los partidos independentistas, Òmnium Cultural ha organizado este miércoles un debate telemático con varios juristas catalanes y españoles en que se ha desmentido que haya verdaderos motivos jurídicos detrás.
En el debate han participado el exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías; el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo, y la directora general de Derechos y Asuntos Constitucionales de la Generalitat, Dolors Feliu Torrents. También estaba invitado el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, pero finalmente no ha podido participar.
Los tres han denunciado que es falso que la ley de amnistía fuera inadmitida por la Mesa por su supuesta inconstitucionalidad. Feliu lo ha argumentado sacando sentencias del Tribunal Constitucional que "decían expresamente que la amnistía no podía ser comparada con el indulto y que no había ningún impedimento en la Constitución para hacerla".
Feliu se ha pronunciado así respondiendo también al informe que emitieron los letrados de la Cámara española, en qué se valoraba la propuesta de los grupos independentistas como la "concesión de un indulto general que afecta a una pluralidad de sujetos condenados por sentencia firme" y que, por lo tanto, "entraría en una contradicción palmaria y evidente con el artículo 62 de la Constitución". Tanto la misma Feliu como Urías y Pérez Royo han insistido en que la amnistía propuesta por los grupos independentistas no tiene nada que ver con el indulto y que se rige por otras normas.
"La amnistía es un acto de Estado, el indulto es un acto de gobierno. Se tendría que poder ver dónde queda la mayoría de la sociedad [representada en el Congreso de los Diputados] respecto de la amnistía, que no la representa el gobierno", ha valorado Pérez Royo. "Desde el punto de vista jurídico y político, la ley de amnistía se tendría que debatir y aprobar", ha reivindicado.
Por su parte, Urías ha afirmado que la decisión de la Mesa es política, no jurídica, y ha recordado que el informe de los letrados no es vinculante. "Sólo les ha servido de excusa porque lo que hay es una clara falta de voluntad política". En línea con lo que ha dicho Pérez Royo, Urías ha insistido en que "en ningún sitio de la Constitución hay la prohibición expresa de una ley de amnistía".
Nuevas normas para Catalunya
Los juristas también han criticado el nuevo paradigma normativo creado en Catalunya a raíz del procés independentista. Pérez Royo ha situado el origen en la victoria de José María Aznar el año 2000 y su veto al plan Ibarretxe. "Fue cuando el PP empezó a utilizar la estrategia de decidir que se debatía y que no se debatía en los Parlamentos", ha subrayado.
En este sentido, Feliu ha cargado contra las actuaciones de la justicia española respecto del tercer grado y los permisos de los presos políticos y ha negado que nada de eso tenga que ver con el derecho, sino que lo ha tildado de represión.