Iolanda Segura, portavoz nacional del sindicato USTEC-STEs (YAK), ha pedido no acatar la sentencia del 25% del castellano en las escuelas, que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha declarado firme. También lo ha hecho el sindicato Intersindical-CSC. Y es que la sentencia que ha dictaminado el TSJC sobre la aplicación del 25% de castellano en las aulas catalanas se tiene que aplicar en un plazo de diez días. Así pues, Segura ha instado al Govern a convocar una cumbre de urgencia para "acordar una estrategia y hacer fuerza unitaria" ante una sentencia que, según ella, responde a "criterios ideológicos y no pedagógicos". Además, ha reclamado al Departament d'Educació y a la Generalitat que "se responsabilice de las decisiones que se tomen" y "defienda el profesorado, personal de centros y toda la comunidad educativa para que no quede desamparada si no se cumple la resolución judicial".
Con el fin de abordar la respuesta a la nueva sentencia judicial contra el catalán en la escuela, el sindicato cruz conveniente que se convoque una nueva cumbre extraordinaria con organizaciones y otros representantes de la comunidad educativa, como ya se ha hecho cuando han salido sentencias individuales sobre el castellano en las aulas. Concretamente, la segunda cumbre fue el diciembre pasado. En este sentido, la sindicalista pide a Educació que "explique qué puede pasar por tener toda la información sobre la mesa" y que se responsabilice de las decisiones que se tomen. Además, la portavoz d'USETC-STEs ha subrayado que "ha faltado valentía" para proteger el catalán en las aulas y ha animado a la comunidad educativa a defender la inmersión lingüística y el modelo de escuela catalana. Finalmente, ha lamentado que tener que responder a esta situación en medio del "desbarajuste" y el "caos" por la covid-19 en las escuelas es un "despropósito muy grande".
Ultimátum del TSJC
El catalán en la escuela está en jaque. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), emitida la notificación del Tribunal Supremo, ha dictado este viernes el decreto de firmeza de la sentencia de finales del 2020 que obliga al Departament d'Educació a aplicar del 25% de castellano a todos los centros educativos del país, lo pidan o no las familias. Así pues, el tribunal da 10 días a la Generalitat para cumplir la orden, aunque todavía puede presentar recurso de reposición. Cabe decir que, desde la resolución judicial, han sido pocas las escuelas que han tenido que cumplir el 25% de castellano a la fuerza. Hasta ahora, ha sido a petición de algunas familias. Enfrente de esta nueva amenaza a la inmersión lingüística, desde el Departament d'Educació señalan que las órdenes del TSJC se tienen que cumplir, pero que se protegerá a los profesores. A su vez, la ciudadanía ha respondido con una manifestación multitudinaria por las calles de Barcelona a fin de salvaguardar el modelo de escuela catalana.
Con todo, después de un recurso del Ministerio de Educación del 2015, la sección 5.ª de la sala contenciosa administrativa del TSJC dictó el pasado 16 de diciembre de 2020 la controvertida resolución que la comunidad educativa catalana ha encajado como un ataque al modelo de escuela catalana, ya que se trata de un amplio consenso de la sociedad catalana. Así, la resolución estipula que una asignatura que no sea la de lengua castellana tiene que ser impartida en esta misma lengua. En el auto de este viernes, el tribunal indica que cuándo Educació reciba el orden tiene "diez días desde su comunicación para que la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exige el cumplimiento de las declaraciones contenidas en la resolución". No obstante, se especifica que la parte demandada tiene dos meses para ejecutar la sentencia tal como establece el artículo 104 de la ley contenciosa administrativa.
Ataques a la inmersión lingüística
El sábado pasado, el líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, advirtió a maestros y directores de escuelas e institutos que si incumplen la sentencia del 25% de castellano pueden ser inhabilitados y quedarse sin trabajo. "Tenemos que advertir y recordar a los funcionarios públicos, y también a los directores de instituto, que se deben al cumplimiento de las leyes. No habrá bastantes listas independentistas para todos los que se queden sin trabajo para incumplir la sentencia si son inhabilitados", afirmó. Además, con la confirmación del Supremo ha habido nuevas peticiones de familias, impulsadas por una plataforma próxima a Ciudadanos, llamada Escuela de Todos-Escola de Tothom, que pretende aplicar el 25% de castellano en las aulas del país.