Claro y directo. El abogado de la exiliada Marta Rovira (ERC), Andreu van den Eynde, también ha tenido diez minutos, hoy, para exponer ante Tribunal de Justicia de la UE las cuestionadas garantías que ofrece el Tribunal Supremo a los exiliados catalanes, después de la intervención de los abogados de JuntsxCat. "Intervine aquí para defender a Oriol Junqueras en la causa C-502/2019, el mismo día que el Supremo lo condenó a 13 años de prisión. El presidente del tribunal preguntó al fiscal qué pasaría y su respuesta fue ambigua", ha expuesto el penalista sobre la causa en que defendía que Junqueras tenía que ser reconocido como eurodiputado, como así resolvió el TJUE. Van den Eynde ha revelado que, curiosamente, "hoy mismo le han notificado la condena de Junqueras", refiriéndose a que el Tribunal Constitucional no le ha dado amparo. Ha añadido, sin embargo, que tres magistrados del total de nueve, "el 33%", han hecho un voto particular en que sostienen que el Supremo tendría que haber esperado el TJUE para emitir su resolución, en que validaba que no hacía falta que fuera a Madrid para obtener el acta de eurodiputado. "El Supremo se aparta constantemente de lo que sostienen organismos internacionales", ha remachado Van den Eynde.
El penalista ha manifestado, además, que actualmente "el Supremo es imprevisible, no se conoce claramente sus competencias y, especialmente, hacia un grupo de personas", refiriéndose a los independentistas catalanes. Andreu van den Eynde ha expuesto el caso del entonces secretario general de Economia, Josep Maria Jové, que actualmente es diputado de ERC, "y a pesar de ser aforado, el Supremo no ha querido asumir su caso", que lleva el TSJC, y ha insinuado que seguramente significa que le retiran el delito de malversación, como se ha hecho con la exconsellera Meritxell Serret, al derivar el caso al TSJC. Propuesta casi imposible para exponer las contradicciones del Supremo.
Los tribunales belgas denegaron la entrega del conseller Lluís Puig al considerar que el Supremo no es el tribunal competente para juzgarlo, y como defienden todos los exiliados catalanes. Por eso, Van den Eynde ha indicado que Marta Rovira, exiliada en Suiza desde el 2018, "teme esta actuación imprevisible del Supremo y ser detenida". El abogado también ha defendido que Puig aportara el informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y los tribunales belgas de revisarlo.
Preguntas
El juez Pablo Llarena presentó siete preguntas al TJUE. El tribunal ha pedido a las partes que se centren en dos de las preguntas hacia la interpretación de la Decisión Marco 2002, que regula las órdenes de detención. A grandes rasgos dicen: ¿un país que recibe una ODE puede cuestionar al tribunal en el que tiene que ser juzgada aquella persona del estado miembro que la reclama? (El Supremo en el caso de Puig). Y la segunda, si se afirma que no están garantizados los derechos fundamentales en el país que tiene que ser juzgada esta persona, qué elementos determinan este riesgo. Según Llarena, la decisión marco no reconoce la facultad de control que realizaron los tribunales belgas en el Supremo, ya que se basa en el principio de reconocimiento mutuo entre los países miembros.