Un vecino de Barcelona, Carlos Rubio Galindo, reclama 21.570 euros a los partidos ERC, Junts, PDeCAT y a las entidades Òmnium y la ACN en considerarlos responsables civiles de la grave caída que sufrió al acabar el acto político delante de la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada, el 2 de noviembre de 2018, para denunciar el primer año en prisión preventiva de los presos políticos, con el lema 2-N, un año de secuestro del Govern. Exigimos la libertad de los presos políticos y el libre retorno de los exiliados. El juicio se hará el próximo 8 de febrero en e juzgado de Primera Instancia número 57 de Barcelona. Almudena i Unai, la mujer y el hijo del demandante, han explicado a ElNacional.cat que hacen pública esta demanda para llegar a un acuerdo extrajudicial, tal como aseguran que les dijeron representantes de las entidades independentistas, pero que "al final se han desentendido", sostienen. Junts y ERC no han querido valorar esta demanda al afirmar que el procedimiento está judicializado.

En la demanda, el abogado del demandante, Xavier Rodrigo, expone que Rubio al acabar el acto político fue a la zona destinada al aparcamiento de vehículos porque quería orinar de forma discreta porque no había lavabos adaptados, y cayó por "un enorme desnivel", que no conocía, ni estaba señalizado, además que era de noche. Cayó a unas vías de tren. Añade que para rescatarlo fue necesario una operación de los Bombers de la Generalitat y de los Mossos, que duró varias horas. "El precipicio muy peligroso no estaba señalizado y este riesgo casi cuesta la vida a mi representado", sostiene al abogado. Añade que sufrió graves lesiones y que ha cuantificado los daños sufridos, según el baremo oficial que se utiliza en los accidentes de tráfico. Precisa que en el accidente, Rubio sufrió un politraumatismo, con contusiones diversas, fracturas costales múltiples, y lesiones en el tobillo izquierdo, del cual hace dos meses que tuvo que ser operado.

Nadie se responsabiliza de la organización

En la demanda, el abogado añade que cuando Rubio estaba en el hospital en Barcelona recibió la visita de varios responsables políticos, pero que cuando se interesó por si tenían algún seguro por la organización del acto no le contestaron y "le hicieron entender que se desentendían de las consecuencias del accidente".  Por eso, se ha visto obligado a poner esta reclamación civil por daños y perjuicios. 

En la tramitación en el juzgado, el abogado sostiene que "solo el PDeCAT admitió que era uno de los organizadores del acto", y que tiene un seguro para acciones generales. El resto no se hizo responsable, manifiesta la demanda. El solar es propiedad del Incasol, y el Ayuntamiento de Sant Joan de Vilatorrada informó al juzgado que no había recibido ninguna solicitud de permiso para hacer el acto. Para Rubio, todas las entidades que estaban en el cartel del acto político son responsables de su caída. Además, su hijo ha explicado que en posteriores convocatorias ya se cerró esta zona peligrosa, "donde se podían haber hecho daño niños o cualquier persona", y se habilitaron lavabos.

 

En la foto principal, una de las concentraciones ante la prisión de Lledoners, en apoyo de los presos políticos. / Foto: Sergi Alcàzar