Las conselleres Tània Verge y Violant Cervera se han reunido este jueves por la tarde con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Las responsables de los Departaments de Igualtat i Feminismes y de Drets Socials han instado en modificar el reglamento de la Ley de Extranjería, sobre todo en materia de requisitos para obtener permisos de residencia y trabajo. El Govern lo considera "imprescindible" para "mejorar las condiciones de vida y la inclusión social de los y las jóvenes migradas".

En una comparecencia posterior a la reunión, Tània Verge, consellera de Igualtat i Feminismes, ha reclamado al Estado que "no sea cómplice de las barreras administrativas derivadas de la ley de extranjería, una ley obsoleta y poco garantista de los derechos humanos y que vierte a una situación indigna a miles de jóvenes". Verge ha manifestado que la legislación actual "corta de forma brusca su evolución y los condena a la marginalidad".

Por su parte, la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha recordado que "desde el 2017, han llegado a Catalunya más de 8.100 jóvenes migrados solos y, de estos, 5.293 han sido atendidos por la DGAIA, siendo 3.837 mayores de edad". Cuando ya tienen más de 18 años y pierden el permiso de residencia, Cervera ha recalcado que "tienen muchos problemas para poder seguir trabajando".

Traspasos exigidos: competencias de acogida y gestión del ingreso mínimo vital

En el marco del encuentro entre el ministro Escrivá y las conselleres Verge y Cervera, la delegación catalana ha reclamado traspasos de competencias. Desde Igualtat i Feminismes, se ha pedido el traspaso de las competencias de acogida de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. Paralelamente, se solicitan los recursos estatales y de Europa para conseguir que Catalunya pueda acoger "más y mejor".

Imagen: Fotografía de la reunión en Barcelona entre el ministro José Luis Escrivá y las conselleres Tània Verge y Violant Cervera. EFE.

Verge ha expresado su preocupación por las pocas solicitudes que reciben luz verde de este mecanismo de acogida de solicitantes y personas beneficiarias de protección internacional. Un 5% de estas se resuelven positivamente en el Estado, mientras que la media europea se sitúa en el 33%.

Por otra parte, Drets Socials ha insistido a reclamar la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Esta petición se vuelve a producir un día después de que el Tribunal Constitucional resolviera que el Real Decreto-ley del Estado sobre esta prestación no vulnera ninguna competencia de la Generalitat. Violant Cervera cree que la sentencia supone una clara "regresión, involución y ataque a las competencias que ejercemos desde hace 30 años" y que esta "nueva doctrina del TC pone en riesgo todas nuestras competencias".

En este sentido, la consellera de Drets Socials ha expresado que comparte "los argumentos del voto particular", que defendía el traspaso de competencias a la Generalitat. "El recurso no afecta al régimen económico de la Seguridad Social ni al modelo de gestión ni a la legislación básica, de manera que no entendemos que, si en el año 1990 fue posible traspasar la gestión íntegra de las pensiones no contributivas, ahora no se pueda hacer", ha aseverado Cervera.

 

Imagen principal: Las conselleres Tània Verge y Violant Cervera, en la comparecencia posterior a la reunión. Europa Press.