Tres años de prisión, 15 años de inhabilitación y pagar una multa de 72.000 euros. Es la petición de condena que los sindicatos de la policía española y de la Guardia Civil Jupol y Jucil piden para los exconsellers de Salud, Alba Vergés (ERC) y Josep Maria Argimon (Junts), así como a otros tres exaltos cargos, por supuestamente haber retrasado intencionadamente la vacunación de la Covid-19 a los agentes de estos cuerpos policiales destinados a Catalunya en el 2021. Un juez de Barcelona ha acordado enviar a los altos cargos de Salud a juicio y los sindicatos los acusan de dos delitos: contra los delitos contra los derechos de los trabajadores (3 años de prisión y multa) y prevaricación (15 años de inhabilitación), según el escrito de acusación, presentado a finales de enero pasado y al cual ha tenido acceso ElNacional.cat este miércoles.
Los otros investigados, a quien los sindicatos piden también prisión e inhabilitación, son: Marc Ramentol, exsecretario general del Departament de Salut; Adrià Comella, exdirector de Servei Català de la Salut, y Francesc Xavier Rodríguez, director de servicios del Departament de Salut. La Fiscalía, que también acusa los excargos del Govern, tiene que informar ahora de las penas que le piden. Abogados defensores han presentado recurso contra la decisión del juez de enviar a los exaltos cargos de Salut a juicio, y ahora lo tiene de resolver la Audiencia de Barcelona. En la instrucción, todos los investigados aseguraron en el juzgado que el paro de la vacunación de los cuerpos policiales españoles fue acordado por cuestiones "técnicas y colegiadas", sin ninguna intencionalidad. Y, por eso, las defensas sostienen que no cometieron ningún delito.
Una investigación elevada al TSJC
La investigación del caso de las vacunas se inició en el juzgado de instrucción 17 de Barcelona, el magistrado del cual elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) porque la exconsellera Alba Vergés seguía siendo aforada en el alto tribunal catalán, al ocupar el cargo de vicepresidenta primera del Parlament y diputada por ERC hasta junio del 2024. El TSJC resolvió en el 2022, que no había indicios contra Vergés, y el caso se devolvió al juzgado. Sin embargo, Vergés volvió a ser investigada, cuando Argimon – que en la pandemia era el secretario de Salud Pública y después sucedió Vergés como conseller de Salut -aportó al juzgado unos mensajes de WhatsApp, que confirmaban que se le informaba de todo.
Por eso, todo y mantener su aforo, en enero de 2024 Vergés declaró como investigada en el juzgado y aseguró, que además de los problemas de suministro de vacunas contra el coronavirus, que se empezó a hacer a finales del 2020, se decidió de proteger primero en la población de más riesgo, y que al final, "fue un éxito colectivo". Precisamente, el Departament de Salut conmemorará este jueves, los cinco años de la pandemia de la Covid-19 en un acto institucional en el Auditorio del Parque de Investigación Biomédica y ha invitado los dos exconsellers y los exalts cargos investigados
Argumentos de los policías
En el escrito de acusación de los sindicatos policiales, se recuerda que a principio de febrero de 2021, el Ministerio del Interior anunció que después de vacunarse a la población mayor de 80 años, se haría con los agentes de todos los cuerpos policiales, y se empezó hacia marzo, aunque no era igual en las comunidades con las competencias de Salud delegadas, admiten los sindicatos policiales.
En aquellas fechas, el Gobierno recomendó que la vacuna de AstraZeneca solo se había de poner a los funcionarios con edad inferior a 55 años, pero "desde el Govern se decidió anular el plan de vacunación que existía", según el escrito de acusación de los sindicatos policiales, representado por el abogado Marco Navarro.
"El proceso de vacunación estaba ya dispuesto para empezar el 24 de marzo de 2021, cuando fue suspendido, es decir, tenía ya la programación acordada, los medios personales y vacunas dispuestos para llevarlo a cabo, pero quedó suspendido por una decisión irrazonable e inexplicable" por parte de los "altos cargos de Salut" investigados, manifiesta el abogado de los sindicatos policiales.
Porcentajes de vacunación
El abogado detalla que "acordaron paralizar la vacunación de los funcionarios de la Policía Nacional y Guardia Civil destinados a Catalunya que tuvieran menos de 60 años, eso es, a la gran mayoría". Precisa que esta suspensión se mantuvo hasta que la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenó, como medida cautelar, al Departament de Salut que reprendiera inmediatamente la vacunación de los agentes, en una resolución del 27 de abril de 2021.
Finalmente, en sentencia, el TSJC dio la razón a los sindicatos policiales que Salud había mantenido una inactividad injustificada, hecho que abrió la puerta al procedimiento penal, que ahora se acaba. El Supremo confirmó en el 2022 la resolución del contencioso del TSJC, que la Generalitat discriminó a los policías españoles en la vacunación de la covid-19.
En el escrito de acusación se reproducen los porcentajes de vacunación que Salut aportó al TSJC. El 24 de marzo de 2021 estaban vacunados: el 77% del cuerpo de los Mossos d'Esquadra; el 69,8% de los Bomberos, y el 77,9% de Guardia Urbana de Barcelona, mientras que la de los agentes de la policía española y de la Guardia Civil, eran del 3,6% y del 2,8%, respectivamente.
"El Departament de Salut, con su decisión ilegal, vino a suprimir de facto la prioridad que en la vacunación ostentaban estos colectivos profesionales, cuyas funciones resultan esenciales para la sociedad," sostienen los sindicatos, y acusan a los cinco exaltos cargos del Govern de hacer esta supuesta discriminación de forma colegiada.