La vicepresidenta primera del Parlament y exconsellera, Alba Vergés, presentará un recurso contra la admisión a trámite de la querella interpuesta por un sindicato de la Guardia Civil por el proceso de vacunación a la policía española mientras era titular de Salut. En el marco de la vacunación contra la covid de los funcionarios, la entonces consejera de Salut fue fuertemente criticada por qué el ritmo de vacunación de los agentes de la policía catalana avanzó con mucha más rapidez que la española. En un comunicado hecho público este viernes, Vergés ha señalado que la querella "es una muestra más de la persecución ideológica y judicial" hacia el independentismo. Más concretamente, Vergés registrará una solicitud de inadmisión por "falta de competencia" del Juzgado, ya que como diputada y miembro de la Mesa del Parlamento, es aforada y la competencia recae en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). En este sentido, la consellera se ha mostrado "convencida de que el TSJC archivará la causa".

Persecución

La querella de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) fue admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 4 de Barcelona el pasado mes de julio, pero la vicepresidenta ha recibido la notificación esta semana. En el auto, el magistrado determinó que Vergés podría haber cometido un "delito de discriminación y contra la seguridad y la higiene" al puesto de trabajo durante el proceso de vacunación contra la covid a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía. Más concretamente, el juez señaló el hecho de que "el 22 de abril solo había un 6,3% de guardias civiles de Catalunya vacunados, el 9,9% de policías nacionales y más del 70% de Mossos d'Esquadra y policías locales", razón por la cual admitió la querella a trámite.

Problemas burocráticos

Por su parte, la vicepresidenta del Parlamento ha negado rotundamente que los acontecimientos fueran motivados por odio. En un comunicado emitido hoy por su partido, ERC, ha sostenido que el proceso de vacunación quedó retrasado por "problemas burocráticos" con los cuerpos policiales y a causa de las trabas sobre los puntos de vacunación. Una vez resueltos estos problemas, ha defendido ERC, Europa suspendió la administración de la vacuna de AstraZeneca a menores de 60 años mientras se investigaban los posibles efectos secundarios, hecho que retrasó todavía más el ritmo de vacunación en este sector del funcionariado, ya que finalmente estas dosis fueron administradas a personas más mayores de 60 años.

10 días por vacunar

Tres meses antes de la admisión a trámite de la querella de APROGC, la polémica contra Vergés ya acaparaba los titulares. En aquel momento, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dio 10 días (como máximo) a la Generalitat para reanudar la campaña de vacunación a los agentes de la Guardia Civil y de la policía española a fin de que llegaran "a la misma proporción" de vacunados que el cuerpo de los Mossos d'Esquadra. De esta forma, el TSJC estimaba las medidas solicitadas por los sindicatos Jupol y Jucil. Además de dar un plazo de diez días, daba 48 horas más a la Conselleria de Salud para remitir un informe que corroborara que se había cumplido con lo que pedía la justicia.

Por su parte, la Fiscalía también presentó un escrito donde denunciaba que el Gobierno "estaba discriminando de manera injustificada" a los agentes de la policía española y Guardia Civil. La entonces consellera de Salut denunció el hecho de que "los tribunales interfieren en la gestión de la pandemia" y que lo hacían en aquel momento "en una estrategia de vacunación estatal que no hemos decidido nosotros que se detenía, tenemos que vacunar por edades y eso interfiere en la misma estrategia de vacunación".

 

Foto principal: la exconsellera de Salud, Alba Vergés / ACN