Después de unas conversaciones estiradas hasta el límite, Esquerra Republicana decidió el viernes no vetar los nuevos presupuestos del Estado. Facilitará la tramitación parlamentaria –que no la aprobación– la semana que viene en el Congreso para no obstaculizar la negociación en marcha, a pesar de no haber cerrado ningún acuerdo con el Gobierno. Los republicanos ponen el foco, entre otras cosas, en el cumplimiento de los pactos contraídos en el pasado. El informe de rendición de cuentas del Gobierno sólo contempla uno –el de la mesa de diálogo–, pero son unos cuantos más, arrancados para la investidura, la aprobación de los dos anteriores presupuestos estatales o para la prórroga del estado de alarma por el coronavirus. Estos han sido los principales acuerdos alcanzados entre el PSOE y los republicanos durante los últimos dos años y medio. Y su grado de cumplimiento.

✅ FIN DEL 155 FINANCIERO
Desde diciembre del 2015, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, la Generalitat tenía que facilitar al Estado certificados de gasto e información sobre todos sus pagos, no sólo los del FLA, sino incluso del recaudado con impuestos propios o con la venta de patrimonio. Fue bautizado como "155 financiero" por parte de los mismos republicanos, que controlaban el Departamento de Economía. En noviembre de 2020, en el marco de la negociación de los presupuestos del Estado, ERC y el PSOE acordaron el levantamiento total de la intervención financiera sobre la administración pública catalana. Un mes después, la comisión delegada para asuntos económicos (CDGAE) del Ministerio de Hacienda comunicó al Govern el fin de esta supervisión.

✅ GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS
A cambio de facilitar la sexta prórroga del estado de alarma, en junio de 2020, ERC acordó con el Gobierno que "una vez se llegue a un acuerdo en el ámbito europeo sobre el plan de recuperación y el mecanismo Next Generation EU, el Gobierno impulsará mecanismos para la participación de las comunidades autónomas en la gestión de fondos". También aquel año, en la negociación presupuestaria, los republicanos cerraron que la Generalitat administrara directamente parte de este dinero. En estos momentos, un poco más de la mitad de los fondos europeos están siendo gestionados por las comunidades autónomas, que seleccionan y envían al Ministerio de Economía los proyectos que priorizan. A fecha de 14 de septiembre de este año, según los datos de La Moncloa, el Estado ya había asignado 2.611 millones de euros a Catalunya, sólo por detrás de Andalucía (3.020 millones).

✅ MEDIDAS CONTRA EL DUMPING FISCAL
El objetivo a perseguir era la competencia fiscal de la Comunidad de Madrid (y ahora también de Andalucía). Y por eso, para los presupuestos de 2021, ERC y el PSOE pactaron la creación de un comité de personas expertas para la reforma fiscal y la reforma del impuesto sobre el patrimonio, con "el establecimiento de límites mínimos y/o máximos de gravamen efectivo para evitar situaciones de competencia fiscal a la baja". El comité de expertos se constituyó, hizo su trabajo y emitió un informe de 788 páginas el pasado marzo, que recomendaba un mínimo de impuesto de patrimonio para evitar el dumping fiscal de Madrid. Ahora hace un mes, la ministra de Hacienda anunció la creación de un "impuesto de solidaridad" —con carácter temporal— para las grandes fortunas. Busca contrarrestar las comunidades donde tienen bonificado el impuesto de patrimonio.

✅ COMPENSACIÓN POR BECAS
Hace treinta años que se pide y hace veinte años que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 188/2001, se pronunció a favor de la Generalitat en el conflicto de competencia en la convocatoria y gestión de ayudas y becas para los estudios, pero el traspaso no se ha hecho efectivo. Por eso, mientras no se culmina, ERC pactó con el PSOE en la negociación presupuestaria de 2021 y 2022 la liquidación de las deudas pendientes. En diciembre del pasado año se traspasaron 18,9 millones de euros para compensar a la Generalitat por los gastos de gestión de los convenios de becas firmados desde el curso 2005, durante dieciséis años. El acuerdo se ha cumplido. Distinto es el traspaso definitivo. Por el momento, el pasado febrero, la comisión bilateral Estado-Generalitat pactó abrir una ponencia técnica sobre becas y ayudas al estudio. No ha habido ninguna novedad más al respecto.

❌ LEY AUDIOVISUAL
Fue el asunto más polémico de la última negociación presupuestaria entre ERC y el PSOE: proteger el catalán en los catálogos audiovisuales. Inicialmente, los republicanos anunciaron una cuota del 6% "del contenido ofrecido en las plataformas audiovisuales" para las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego). Rápidamente, La Moncloa aguó este acuerdo, señalando que sólo afectaba a las empresas radicadas en el Estado español (como Movistar o Filmin), pero no las que estaban fuera, como Netflix, HBO o Disney+. Esto enturbió y amenazó el apoyo de los republicanos a las cuentas. Finalmente lo rebajaron en un nuevo pacto: que todas las plataformas estarían obligadas a financiar producción en lenguas cooficiales. Tras el pacto, el portavoz Gabriel Rufián había llegado a decir que ellos fijarían la cuota y que "si se aprueba (la ley) será con el OK de ERC". La realidad fue que el Congreso aprobó la norma el pasado mes de mayo con el voto en contra de ERC y gracias a la abstención del PP. Los republicanos denunciaron que se beneficiaba a grandes grupos como Mediaset y Atresmedia en detrimento de productoras independientes.

❌ AUMENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS INVERSIONES
En las dos últimas negociaciones presupuestarias, los republicanos acordaron elevar la inversión inicialmente prevista en Catalunya para situarla en el 19%, la aportación catalana al PIB español, como establece la caducada disposición adicional tercera del Estatut. Pero una cosa es el papel y la otra la práctica. El año 2021 fue justamente el de menos ejecución, según los datos de la Intervención General del Estado. Sólo se ejecutó el 36% de la inversión presupuestada en Catalunya, ante la media del 68% y el 184% de la Comunidad de Madrid. Lo mismo está pasando este año: durante el primer semestre de 2022, el Estado sólo ha invertido el 16% de lo que previó en Catalunya; en Madrid, el 52%, más de la mitad. Pese a que en la negociación del año pasado se acordó convocar al comité de seguimiento de la ejecución presupuestaria durante la primera quincena de noviembre. Y en la de hace dos se incluyó una disposición adicional de "seguimiento de las inversiones en Catalunya" que vendieron como una "cláusula de cumplimiento ".

❓ MESA DE DIÁLOGO
Fue el primer acuerdo entre ERC y PSOE de la actual legislatura española, el que permitió la investidura de Pedro Sánchez y la conformación del gobierno con Unidas Podemos. Era el único punto y, de hecho, el único pacto PSOE-ERC que aparecen en el informe Cumpliendo que realiza semestralmente el Gobierno. La Moncloa señala que está "en proceso" de cumplimiento. Empezó incumpliendo sus propios plazos (en lugar de quince días tardó dos meses en constituirse) y no ha establecido una periodicidad en el calendario. En 22 meses se ha reunido tres veces: dos en Madrid y una en Barcelona. Por ahora, los únicos acuerdos son los del pasado mes de julio, cuando los dos ejecutivos pactaron proteger el catalán en la escuela (y promocionarlo en Europa) y "superar la judicialización", sin concretar cómo. El acuerdo de investidura también establecía que los pactos de la mesa "serían sometidos a validación democrática a trazara de consulta a la ciudadanía de Catalunya". Un escenario que parece muy lejano.

❓ AVANZAR EN LA DESJUDICIALIZACIÓN
Es un compromiso que viene del inicio de la legislatura. El acuerdo de investidura entre ERC y PSOE ya hablaba de "superar la judicialización" del conflicto. Y, en ejercicio del cargo, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se llegó a comprometer a presentar una reforma del Código Penal --incluyendo los delitos de sedición y rebelión-- antes de que acabara el año 2020. Un deadline que se incumplió y desde entonces se ha ido postergando. Hasta que el pasado 27 de julio la mesa de diálogo acordó avanzar en la desjudicialización del conflicto político a través de las "modificaciones legislativas" que haga falta, sin más concreción. No hay ninguna novedad al respecto. Este mismo viernes, Pedro Sánchez se mostraba partidario de reformar el delito de sedición para adecuarlo a los ordenamientos europeos, pero acto seguido aseguraba que no había la mayoría parlamentaria necesaria, un extremo que ERC niega. Más allá del deabte sobre la reforma de la sedición y de los indultos a los presos políticos, no ha habido nada más encima de la mesa hasta el momento. Los republicanos lo volverán a plantear en esta negociación presupuestaria.

❓ GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL
Mirándose en vascos y navarros, Catalunya también quería gestionar el ingreso mínimo vital (IMV), la prestación creada por el gobierno Sánchez para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Y hasta dos veces lo ha pactado ERC con el PSOE. Lo hizo para los presupuestos del 2021: "Catalunya será el primer territorio en gestionar el IMV, después de las comunidades forales de Navarra y País Vasco". Y lo mismo pactaron para las cuentas estatales del 2022: "Intensificar los trabajos en relación a la elaboración del convenio para la gestión del ingreso mínimo vital". Por ahora, sólo se ha alcanzado un "preacuerdo" en la comisión bilateral celebrada el pasado febrero, pero la transferencia no se ha hecho efectiva. Mientras el País Vasco y Navarra ya han cerrado el traspaso, Catalunya todavía no.

❓ PENSIONES
En el marco de la negociación presupuestaria del año pasado, ERC y el PSOE abordaron la reforma del sistema de pensiones. Por una parte, los dos partidos acordaron que los pensionistas que, habiendo cotizado 40 años, se hayan visto forzados a adelantar su jubilación y cobren menos de 900 euros, reciban un complemento en su pensión. Este punto sí que se ha cumplido. Por otra parte, pactaron --también con EH Bildu-- que por primera vez en la historia se hiciera una auditoría pública a las cuentas de la Seguridad Social, para identificar gastos impropios asumidos desde 1967. Tenía que ser realizada en el plazo de un mes desde la aprobación de la reforma del sistema de pensiones, en diciembre del año pasado. Esta auditoría no se ha hecho ni hay todavía ninguna previsión temporal por parte del Gobierno.