El presidente en el exilio, Carles Puigdemont, ha cargado contra el Gobierno después de ver cómo este ha tergiversado el informe del Consejo de Europa sobre los presos políticos y los exiliados. "Estos son los que se gastan miles de euros públicos (Tribunal de Cuentas, donde estás?) en propaganda barata para mejorar la estropeada imagen de España".
Esta ha sido la reacción del presidente después de leer como el Gobierno considera que el informe del Consejo de Europa que insta a España a "considerar el indulto o la excarcelación" de los presos políticos, "avala la actuación" de España en esta materia aunque "parte de un planteamiento erróneo" que merece un "reproche general del Gobierno".
Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, la resolución parte de un "prejuicio" que contamina todo el texto: que los líderes del procés fueron juzgados por expresar sus ideas en el ejercicio de sus cargos. Eso "contamina" todo el documento y se refleja en la resolución y en sus recomendaciones.
Por su parte, el historiador Josep Lluís Alay ha comparado el comunicado del ministerio de Exteriores con el NODO. "El NODO se quedó corto comparado con el gobierno de progreso de Arancha González Laya (ministra de Exteriores)".
La red se ha llenado rápidamente de reacciones de usuarios de Twitter que han criticado la reacción del estado español:
La versión del Gobierno
Para Exteriores, el relator del informe del Consejo de Europa, Boriss Cilevics, reconoce que la actuación de los líderes independentistas fue "inconstitucional e ilegal" y desafió los mandatos expresos del Tribunal Constitucional.
Además, según el Gobierno, el relator del informe admite que la reacción de la Administración de Justicia de España en defensa de la legalidad vulnerada tuvo lugar dentro de los parámetros de un estado de derecho y que "España es una democracia vibrante, donde impera una cultura de debate público abierto y libre, y donde la mera expresión de puntos de vista proindependentistas no proporciona ninguna base para abrir una causa penal."
En esta misma línea, añade Exteriores, en el punto 8.8 de la resolución se reconoce "la independencia de los tribunales españoles para resolver los recursos pendientes y respeta al mismo tiempo la facultad de apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.