Nueva respuesta contra el espionaje de Estado. Seis investigadores y empresarios del ámbito tecnológico han anunciado que presentarán una querella en la Audiencia Nacional contra los directores de la Guardia Civil y el CNI y las empresas fabricantes del software Pegasus (NSO Group) y Candiru (Saito Tech Ltd), las dos con sede en Israel, por haberlos espiado de forma ilegal entre los años 2019 y 2020. Lo demostraron las invetigaciones Catalan Gate y Amnistía Internacional, donde encontraron al menos a 65 personas del independentismo catalán afectadas, y solo 18 reconocidos por el Gobierno. Lo harán a través de la nueva asociación Sentinel Alliance, que se ha presentado en un debate sobre el espionaje ilegal, con el documental Surveilled de HBO, en una sala llena hasta los topes en el Ateneu Barcelonès, este viernes. La entidad tiene sede en Suiza "porque tiene una jurisdicción más respetuosa", según sus impulsores, y tiene el lema #UnmaskingSurveillance (Desenmascarando a la vigilancia).
Los seis querellantes son: Elies Campo, investigador de Citizen Lab; Joan Arús, presidente de Sentinel y lo único que ha aclarado que no tiene pruebas claras de su espionaje; Joan Matamala, empresario, activista y exsenador de Junts e investigado por acompañar al president Carles Puigdemont en el exilio, y los empresarios y desarrolladores tecnológicos Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives. Algunos de ellos son los autores de Vocdoni, plataforma para organizar votaciones digitales
En el debate posterior, han participado otros espiados con Pegasus, casos que investigan diferentes juzgados de Barcelona con poco impulso, como por ejemplo el exdiputado de ERC al Parlamento Europeo Jordi Solé y la expresidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, a los cuales los Mossos de Esquadra han certificado en una reciente pericial que fueron espiados, aunque se desconoce donde fue a parar la información extraída de sus móviles.
Investigados en Tsunami
Los querellantes fueron investigados en la causa de Tsunami Democràtic, por órdenes del juez Manuel García-Castellón, pero "nunca se pudieron personar para defenderse", según ha explicado Xavier Muñoz, que junto con el abogado Alejandro Gámez ultiman la querella que ha asegurado que presentarán la próxima semana y que "está abierta a que se incorporen más víctimas". Los delitos son por revelación de secretos y por acceso a datos inconsentidos. Los afectados han admitido que han esperado que se archivara el caso Tsunami, donde actuaba la Guardia Civil, y los espiados sostienen que habría usado el software Candiru, aunque el ministro Fernando Grande-Marlaska lo negó.
La primera contra la Guardia Civil
Esta querella sería la primera que formalmente se dirige contra el máximo mando de la Guardia Civil, Fèlix Vicente Azón, era el director el 2020, aunque en las querellas de espiados de ERC también se reclama investigar en todos los cuerpos policiales. La querella también se dirige contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban, ya investigada a la causa de Pere Aragonès.
Modificar el delito de terrorismo
Joan Arús ha explicado que Sentinel está abierto a toda persona afectada por el espionaje de Estado en todo el mundo. Ahora se han marcado tres objetivos para evitar nuevos espionajes masivos en el Estado español y ha interpelado a los grupos políticos a actuar: modificar la ley Protección de Secretos Oficiales, que es de 1968; mejorar los controles y permisos judiciales del Centro Nacional de Inteligencia, así como un nuevo redactado del delito de Terrorismo del 2015, "que ha permitido criminalizarnos a todos".
"Queremos saber quién nos espió y porque" ha manifestado el presidente de Sentinel y ha añadido que por ahora "los responsables políticos son Pedro Sánchez y los ministros Grande-Marlaska y Margarita Robles."
En la foto principal, el abogado Xavier Muñoz, en la presentación de Sentinel. / Foto: Carlos Baglietto