El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo tomará declaración como investigado el 21 de noviembre que viene al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, después de que haya solicitado comparecer de forma voluntaria para "prestar declaración de conformidad". Así consta en una providencia del magistrado Ismael Moreno, en la que marca a las 10.00 horas esta declaración. De Aldama está en la prisión desde que fue detenido por otra operación de la Audiencia Nacional relativa a una estafa en el sector de hidrocarburos.
En la sala de vistas solo estarán el juez Moreno y el fiscal Anticorrupción Luis Pastor, mientras que el resto de partes personadas en la causa seguirán su comparecencia desde otra sala de la Audiencia Nacional. En el escrito presentado por Aldama, al que ha tenido acceso El Nacional.cat, éste pedía expresamente declarar únicamente ante el juez y el fiscal. Aldama declarará desde la prisión de Soto del Real y lo hará acompañado de su abogado, José Antonio Choclán.
Riesgo de fuga
Precisamente, De Aldama ha pedido declarar de forma voluntaria después de que la semana pasada la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera mantenerlo en prisión provisional por su presunta implicación en una trama de fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros, al apreciar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas en relación con las cuentas que puede tener en el extranjero. El juez instructor Santiago Pedraz acordó su ingreso en prisión sin fianza el mes pasado por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en el marco del llamado caso hidrocarburos.
El tribunal señala que en esta fase de la investigación queda mucho material incautado en los registros que está pendiente de analizar que podría dar lugar a nuevas diligencias que podrían verse perjudicadas de encontrarse Aldama en libertad. Recuerda que una parte importante de lo defraudado (casi 74 millones de euros) se podría haber transferido a cuentas en el extranjero por lo que es preciso su localización y bloqueo, así como la determinación de las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas. Unas medidas que, según la sala “se verían frustradas o, al menos, dificultadas si el investigado se encontrara en libertad, ya que hoy día, con los medios telemáticos podría seguir operando con los fondos depositados en el extranjero y ocultar los canales utilizados para la transferencia de los fondos a terceros países”.