Junts per Catalunya y el PSOE han acordado, finalmente, la delegación integral de las competencias de inmigración esta semana, después de más de un año de tensas e intensas negociaciones. La proposición de ley ahora empezar un largoproceso de tramitación parlamentaria, con críticas desde la derecha españolista de PP y Vox (que han amenazado con llevarla al TC), hasta la izquierda españolista de Podemos y parte de Sumar, que tildan el redactado de "racista". Según el partido de Carles Puigdemont, el acuerdo supone un "paso muy significativo en el método y el sentido político" que inspira el Acuerdo de Bruselas que firmaron los dos partidos para la investidura de Pedro Sánchez. Los Mossos actuarán en la frontera y estarán presentes en puertos y aeropuertos, la Generalitat expedirá el documento de identidad para los extranjeros y Catalunya gestionará las expulsiones y devoluciones de extranjeros y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs). Victòria Alsina, exconsellera de Acción Exterior, ha sido clave en la redacción de la ley. Miembro de la ejecutiva de Junts como responsable de Inmigración, la actual concejala al Ayuntamiento de Barcelona ha capitaneado esta carpeta desde dentro del partido. Ya sea siendo la redactora de la ponencia de los juntaires sobre esta carpeta, siendo miembro de la sectorial de migraciones de Junts y, finalmente, formando parte de la redacción de la exposición de motivos de la ley que delega estas competencias a la Generalitat.
¿Cree que es la delegación más grande de competencias que ha recibido la Generalitat en los últimos cuarenta años?
Una de las más importantes. Nos jugamos mucho en el futuro de nuestro país al tener las herramientas para gestionar la inmigración. Ahora tenemos una oportunidad que es colosal para tener un modelo propio de gestión de la inmigración que se adapte a lo que necesita Catalunya. Y eso quiere decir que se adecue a las necesidades de nuestra economía y de nuestra sociedad. Como por ejemplo, que podamos contratar con origen, que podamos ir más rápido con todas las burocracias que no permiten que alguien se regularice cuando tiene trabajo o que alguien se le pueda expulsar si delinque. Que la administración de referencia sea la Generalitat de Catalunya o que los Mossos d'Esquadra estén también en primera línea en muchas de las actuaciones.
Durante más de cuatro meses ha habido tres escollos que han impedido el definitivo acuerdo, que son los Mossos en las fronteras, la expedición de documentos de identidad para extranjeros y la tramitación de exposiciones de inmigrantes. ¿El acuerdo final es el que reclamaban inicialmente o han tenido que ceder en algún aspecto?
Es un muy buen acuerdo que nos da las herramientas para que ahora nosotros podamos construir el modelo propio de Catalunya de gestión de la inmigración. Es decir, una cosa es, y eso lo podríamos hacer solo si fuéramos un estado independiente, de tener una política migratoria propia. Eso hoy por hoy no es posible. ¿Cuál es la cosa más importante que podemos conseguir teniendo en cuenta donde estamos? Tener la capacidad de tener nuestro propio modelo de gestión y de poder aterrizarlo en función de las necesidades que tenemos en las diferentes partes de Catalunya, Barcelona, pero también en el Pirineu, en el Camp de Tarragona o Girona.
¿Pero el redactado final, el resultado, es el que inicialmente querían Ustedes?
Hombre, había puntos que han costado mucho de avanzar. Yo creo que podemos estar muy satisfechos del resultado final. Una negociación siempre implica que las dos partes tienen que ceder en algunas cosas, pero el resultado final es un buen marco para construir lo que nosotros queremos. La inmigración es necesaria. Catalunya es un país de inmigración y Junts quiere ser el país de los 8 millones de catalanes, también de los que han llegado de fuera. Para hacer eso, y para que eso esté en positivo y no genere problemas, hace falta que tengamos las herramientas. Los problemas de viabilidad nacional, de cohesión social, los retos de unos servicios públicos más saturados, los retos de cohesionar una población que cada vez es más diversa... tú no los puedes afrontar bien si no tienes herramientas como las que hemos conseguido ahora. Ahora falta materializarlo.
El acuerdo dice que los Mossos y la policía española cooperarán a las fronteras en los procesos de expulsión de inmigrantes. ¿Cómo es que no se ha conseguido que sean los Mossos la única policía?
Ahora se tendrá que concretar como se establecen los mecanismos de coordinación. Este es un punto donde nosotros queríamos llegar lo más lejos que se pudiera y, de hecho, parte del retraso en la negociación de la ley se debe precisamente en esta parte, como bien decías. Tenemos un marco suficiente para que las personas que llegan a nuestro país o que se relacionan con la administración o la policía tengan claro que su administración de referencia y su policía de referencia es la Generalitat y los Mossos d'Esquadra. Esta ley tiene el objetivo central de una mejor integración. Todos estos otros aspectos que a veces se listan más y que periodísticamente quizás generan más interés no son el corazón duro de nuestra norma y de nuestra intención. Queremos tener las herramientas para facilitar una mejor integración de todo el mundo que venga con ganas de trabajar y de tener una vida mejor, de poder ofrecerles este ascensor social con un modelo de derechos y deberes, que sea bueno tanto para la gente que llega como para la sociedad que les acogemos.
¿En el caso de las expulsiones, cómo funcionará a partir de ahora? ¿Por ejemplo, la Generalitat podrá acordar convenios con los otros países?
Ahora se tiene que bajar a los detalles. No solo cómo funcionarán las expulsiones, sino también, por ejemplo, ómo funcionarán los detalles de la contratación en origen, en qué mesas puede participar Catalunya, o cómo se aterrizarán las condiciones y los plazos de los permisos de residencia temporal permanente. Todo eso ahora se tiene que concretar. Es importante que la sociedad catalana conozca que ahora Junts ha conseguido la herramienta, pero a partir de aquí se tiene que hacer una regulación y se tiene que desplegar. Será el Parlament de Catalunya el que tenga la capacidad de decidir cómo se concreta todo eso. Ahora viene un proceso un poco largo, pero esperamos que llegue a buen puerto, que es el de aprobación de esta ley (en el Congreso). Una vez se apruebe, viene un periodo en el cual se tienen que negociar bien todos los traspasos de recursos, de personal, porque claro, cuando coges una competencia así, también tienes que coger una parte de los recursos sustantivos para poder hacerla realidad. Y a partir de aquí el Parlament de Catalunya tendrá que ver si hace falta desarrollar y aprobar una ley para acabar de hacer la cuadratura del círculo y que podamos desarrollar a este modelo de gestión. Quizás no es una, y es mejor partirlo en varias leyes sectoriales o una serie de normativas. El pueblo de Catalunya, a través de su Parlament, tendrá la palabra de cómo se concreta este modelo.
¿Ya han empezado a trabajar sobre una posible ley o varias leyes en el Parlament que podrían presentar una vez aprobada la delegación en el Congreso en los próximos meses?
Sí, nosotros nos hemos tomado este tema muy seriamente. Como partido, a través del trabajo que hacemos desde la ejecutiva y desde la sectorial, a través del Parlament, con un grupo de diputados que ya están trabajando en coordinación con las otras piezas del partido. Todo eso que se tiene que desplegar, a nivel evidentemente del Congreso y del grupo de Junts en Madrid, en todos los niveles. Como le decía al principio nosotros tenemos muy claro que queremos ser el partido de los 8 millones de catalanes. Ser este partido quiere decir trabajar este tema de manera integral y de manera transversal.
¿Volviendo a los Mossos, cuándo se prevé que un ciudadano se pueda encontrar a un agente de los Mossos d'Esquadra en los puertos y aeropuertos? Es decir, en las fronteras...
Bien, los Mossos participarán, por ejemplo, en los controles. Por lo tanto, serán la policía de referencia para las personas cuando lleguen. En algunas tareas en solitario, en otros en coordinación con los otros cuerpos de seguridad, pero le decía que eso es una cosa que ahora le mentiría si le concretara el mínimo detalle, porque ahora se tiene que empezar a trabajar. Ahora hemos aprobado la herramienta que permite desplegar todo eso que tiene que venir a continuación.
¿El acuerdo concreta sobre todo en puertos y aeropuertos, pero en la frontera con Andorra podríamos encontrar también agentes los Mossos d'Esquadra?
Bien, eso se tendrá que organizar. Andorra aquí es un poquito diferente, pero estamos en un contexto de Unión Europea donde hay unas fronteras blandas, tanto a nivel territorial como a nivel aeroportuario. Por lo tanto, a veces sí que encuentras un control, pero a veces no te lo encuentras. Eso tiene su propia lógica de funcionamiento. Parte del interés de tener estas competencias es revisar las deficiencias del modelo actual y mejorarlo. Nosotros no queremos coger el desastre de gestión que hay actualmente. Por ejemplo, no puede ser que una persona tenga una oferta de trabajo y no pueda arreglar eso y tenga que esperar tres añospara su arraigo. No puede ser que estos trámites se alarguen eternamente. En el mundo de los puertos y aeropuertos hay mucho margen también para mejorar como se trabaja. Lo tendremos que hacer a través de la administración de la Generalitat y de lo que apruebe el Parlament.
Parte del interés de tener estas competencias es revisar las deficiencias del modelo actual y mejorarlo
Es decir, uno de los objetivos es buscar más eficiencia en la administración, desburocratizarla.
Sí, sin duda. Un buen ejemplo que yo creo que los ciudadanos pueden tener en la cabeza es el caso de las prisiones. En su momento también se delegó que la Generalitat tuviera su propio sistema penitenciario. ¿Tiene la Generalitat de Catalunya un modelo independiente? No, porque evidentemente es una competencia que está centralizada. Ahora bien, hemos sido capaces de generar un sistema penitenciario que es mucho mejor que lo que hay en otras partes de la península con nombre propio, con sello catalán y con unas políticas que consiguen unas ratios de reinserción mucho más altas. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado mejor un modelo de gestión y ahora es la oportunidad que tenemos en el caso de la inmigración.
¿Hasta qué punto el Parlament tendrá capacidad normativa, por ejemplo, de poder poner el catalán como requisito para otorgar permisos de residencia?
Yo creo que aquí hay una oportunidad muy interesante para estudiar hasta dónde se puede llegar. Es imprescindible que el catalán y la catalanidad, que no solo incluye el catalán, sino también la cultura catalana y una serie de valores cívicos, sean el punto de unión de todo el mundo que llega de fuera. Es un derecho y un deber que todas las personas que vivan en Catalunya lo hablen. ¿Sabe dónde lo dice eso? En el Estatut de Autonomía de Catalunya. Hay una serie de puntos del Estatut que se refieren precisamente a esta materia. La obligación que a todo el mundo lo pueda conocer, que lo pueda comprender... Por lo tanto, cuando en esta ley y en las declaraciones que se han hecho posteriores al anuncio de la misma se habla de que se hará en el marco de qué permite el Estatut de Autonomía de Catalunya es precisamente eso que le estoy diciendo.
Ahora bien, este es un terreno complicado, donde se tiene que gestionar muy bien, por ejemplo, que no se pueda declarar como anticonstitucional que hay una serie de desigualdades que se establecen vinculadas al acceso a la ciudadanía. Por lo tanto, aquí hay que encontrar un punto y un equilibrio que despliegue los derechos y los deberes que tenemos en materia lingüística a través del Estatut y con esta regulación que en última instancia los permisos de residencia son los pasos previos a tener la ciudadanía. Hay que trabajarlo bien y el Parlament de Catalunya lo tiene en sus manos. Si le pregunta a Junts o me lo pregunta a mí, le diremos que eso tiene que ser posible y que queremos que sea así.
En la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, en cambio, aseguraba que con el aprendizaje del castellano ya era suficiente para asumir el permiso de residencia y que era un derecho y no un deber como se pretendía inicialmente el aprendizaje del catalán. ¿Como combatirán eso o como lo arreglarán?
Una persona o una empresa que llega a Catalunya tienen más oportunidades y hay más ascensor social y hay una mayor integración si aprenden el catalán. Si no les damos todas las herramientas para que lo aprendan, la población que no lo habla queda discriminada enfrente de la población que es bilingüe en los dos idiomas. El hecho de imponer el conocimiento del catalán como un requisito es bueno para la misma cohesión nacional y social de Catalunya, pero también es bueno para todas las personas que llegan. Les asegura, igual que pasaba cuando la inmigración no venía de países extranjeros y venía de otras partes de España, que el hecho de tomar el catalán se interpretaba como una parte del ascensor social que se podía tener para una plena integración.
Con relación a la pregunta que me hacía, hay un margen que siempre es un terreno muy resbaladizo. El tema del catalán se politiza mucho y siempre hay un poco de jurisprudencia que lo facilita y dificulta. En última instancia eso tiene que ser una cosa que el Parlament batalle, que se haga suya, que haya un gran pacto nacional y que se apueste por este modelo que desde mi punto de vista es el que garantiza más y mejor la plena integración de todo el mundo. Y eso es bueno, que esta es una cosa que es intrínseca en el modelo de Junts. Hablamos de derechos y de deberes para la sociedad que acoge.
¿Eso también se tendría que aplicar a los funcionarios de todo el Estado, ya sean maquinistas de Renfe, inspectores de hacienda o jueces?
Evidentemente.
Hay personas y fuerzas políticas que sostienen que es imposible integrar parte de la inmigración y que los servicios públicos en estos momentos están desbordados por la llegada de inmigrantes de los últimos años. ¿Cree que el acuerdo permitirá enderezar esta situación?
Si se hace bien el despliegue del acuerdo, sí. Pero, evidentemente, aquí hay un tema también de recursos. Aquí entran muchos factores en juego. De hecho, normalmente el peligro de la inmigración es pronunciar un discurso fácil sobre un tema que es complejo. Claro está que muchos servicios públicos están saturados, que, a además, la población que ha llegado no se distribuye de manera uniforme. Por lo tanto, hay puntos especialmente calientes donde esta saturación es más elevada. Y eso se tiene que dar respuesta. Nosotros ya teníamos una parte de las competencias en políticas de integración. Es decir, hay una parte de eso que viene ya de la aprobación del mismo Estatut y tenemos una ley fruto de un pacto nacional que eso ordena. Habríamos podido hacer muchas cosas que no hemos hecho. Por lo tanto, aprovechamos esta oportunidad, en la cual ahora no solo tenemos las competencias de integración, sino también toda la parte más burocrática de los permisos de residencia y trabajo de corta duración y definitivos, para hacer los deberes que tenemos históricamente pendientes.
Otro de los elementos que trata la ley son los CIE. ¿Qué se tiene que hacer con ellos?
En el formato actual son inaceptables y en el formato actual yo los cerraría. Lo que pasa es que los CIEs también cumplen una función de residencia temporal para todas aquellas personas que están en una situación administrativa irregular y que están esperando una orden de expulsión, una decisión administrativa. Yo espero que, de manera muy seria y rigurosa, porque son situaciones muy difíciles y dolorosas y la gente que está en estas situaciones no desea estar y está en situaciones también de mucho estrés en la mayoría de los casos, seamos capaces como sociedad de replantear esta función que hacen los CIEs. Como se tiene que hacer a partir de ahora con un modelo que no tenga el nivel de deshumanización que tienen los actuales.
¿Con esta ley la Generalitat los podrá cerrar?
Sí.
¿Con esta ley la Generalitat también podrá regularizar inmigrantes que al final es el que está pidiendo Podemos, pero desde el Congreso?
Esta ley es una ley totalmente progresista. Yo animo que todas las personas que crean que este tema es importante para el futuro de nuestro país, piensen lo que piensen, cojan el prólogo de la ley y se lo lean ellos mismos. A veces los prólogos son un poco burocráticos, pero este no lo es. De manera muy sincera apunta al espíritu de que persigue esta delegación de competencias. Se explica por qué se quiere todo eso. A nadie cuando se lo lea le quedará ninguna duda que lo que pretende esta ley es esta plena integración y al mismo tiempo un control para que eso se haga minimizando las externalidades negativas que tiene un fenómeno tan complejo como es la inmigración.
¿De qué manera se puede aplicar este acuerdo para resolver cuestiones sobre la inseguridad, la multirreincidencia, que mucha gente les vincula a parte de esta inmigración?
Son temas que se tienen que separar, porque sino acabas criminalizando al colectivo de inmigrantes. Se miran los datos de delincuencia y se ven que hay un porcentaje importante que son personas de origen extranjero. Pero si tú miras cuántas personas representan en realidad y lo comparas al número de personas que han venido a nuestro país, es insignificante. Por lo tanto, tenemos que resistir la tentación, especialmente los políticos porque tenemos un deber superior, a vincular una cosa con la otra. Dicho esto, quién venga a Catalunya para tener una vida mejor, para tener un ascensor social, una oportunidad que se quiera integrar, como país tenemos que ser capaces de generar un modelo que los acoja como se merecen y como también nos merecemos nosotros, porque aquí es una cosa que va en las dos direcciones. Ahora bien, las personas que vengan a delinquir pues tampoco tienen que tener lugar y hay que encontrar este equilibrio.
¿Las personas que vengan a delinquir, la Generalitat las podrá expulsar?
En colaboración con otras administraciones. Aquí se tiene que detallar, porque eso es una cosa que se tiene que ver como se hará. La Generalitat tiene la capacidad de incoar todos los expedientes administrativos, no solo los de expulsión. Todos vinculados a los permisos de residencia y, por lo tanto, eso quiere decir que la Generalitat incoará el expediente y hará una propuesta de resolución. Los que incluyan como parte, que serán una parte relativamente pequeña de todos los expedientes que se harán, los que puedan acabar con una orden de expulsión, entonces eso en función de la casuística o bien se podrá hacer o se tendrá que colaborar con otras entidades para hacerlo.
¿Cómo afectará también a esta ley en el reparto de contingentes de inmigrantes?
El reparto de los contingentes de inmigrantes se tiene que hacer de manera justa, equitativa y se tiene que hacer teniendo en cuenta los volúmenes que se pueden acoger con dignidad. Esta es la normativa que tiene que regir este tema. Nosotros podremos estar sentados en la mesa y negociarlo, pero a partir de aquí esta delegación de competencias no tiene una solución que te diga cómo eso se acabará plasmando. Te da un marco de relación y un marco para ordenarlo mejor de lo que se ha hecho hasta ahora.
¿Cree que se ha hecho bien hasta ahora en este aspecto?
Yo no he estado en las mesas donde se ha decidido y, por lo tanto, la información detallada no la puedo dar y no sería justo que se lo diera. Yo tengo la sensación que se podía haber dado mucho mejor.
Hay quien dice que Junts está abanderando la cuestión de la inmigración o que en los últimos meses la ha abanderado ante auge de partidos nacionalpopulistes como Aliança Catalana. ¿Eso cree usted que es así?
Creo que eso tergiversa completamente lo que es la realidad de Junts. Junts empezó a trabajar la inmigración desde hace mucho tiempo. Nosotros queremos tener un discurso realista y en positivo. Realista porque hay que asumir que la inmigración es un fenómeno complejo que se tiene que gestionar y que si no lo gestionas puede generar problemas importantes de viabilidad nacional y cohesión social. Pero al mismo tiempo optimista y positivo porque nos va el futuro del país, porque somos un país de inmigración. Todos conocemos a muchas personas que se han integrado y que son partes imprescindibles de nuestra vida, de esta sociedad y de este país. Queremos que sea así porque eso es riqueza cuando se hace bien. Eso de Aliança Catalana u otros partidos que practican la islamofobia y el populismo me parece totalmente detestable, pero en ningún caso ha sido lo que ha ocasionado que nosotros trabajáramos esta materia.
La ley tiene que pasar por el Congreso. De momento, varios diputados de Compromís y de Podemos ya han dicho desde un comienzo que votarán en contra. ¿Los da miedo que estos partidos de la izquierda española les rechacen la propuesta?
Estos partidos tienen que entender que esta delegación rige por el principio de subsidiariedad de que la administración que es más próxima y que conoce mejor lo que se necesita gestione una competencia tan relevante y con tantas casuísticas particulares en cada una de nuestras comarcas y veguerías. Yo les animo a que se lean el prólogo. Yo no sé dónde le ven que va en contra del hecho migratorio o que quiere discriminar a alguien. Que se lo lean y después de que no practiquen la demagogia que critican en otros.
¿Estarían abiertos a editar el prólogo para llegar a un acuerdo?
Yo creo que ahora se inicia un periodo en el Congreso que seguirá su propio curso y que, por lo tanto, cuando se hace eso se pueden sugerir modificaciones. El prólogo es la música de la letra, que es el texto articulado que viene a continuación. Yo creo que casan perfectamente y que tiene todo el sentido del mundo mantenerlos.
Una de las reclamaciones que también pide Podemos es la regularización de inmigrantes. ¿Ustedes votarían a favor de esta regularización?
Las regularizaciones de inmigrantes es una cosa que se tiene que analizar. Primero, por qué se llegan estas regularizaciones de inmigrantes, que es por el mal funcionamiento de todo el sistema migratorio español en el cual se producen unos cuellos de botella muy importantes. Se llegan a situaciones completamente insostenibles e injustas para la misma gente que está esperando, que tiene una vida y que no la puede hacer con normalidad y no acabar de integrarse. Nosotros tenemos la pretensión de hacer un sistema que funcione bien y, que, por lo tanto, un sistema donde estas regularizaciones o estas prácticas que entendemos que son esta consecuencia de esta mala práctica administrativa no tengan lugar.
Durante los últimos meses desde su partido, se ha acentuado mucho la desconfianza hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Ustedes confían en que desplegará este acuerdo?
Este acuerdo es constitucional. Hay un compromiso político y Junts per Catalunya espera que así sea, porque le toca a él liderarlo como presidente del gobierno. Así les hemos hecho saber en todo momento. Para nosotros este acuerdo es una línea roja.
Yo no sé dónde Podemos y Compromís ven que va en contra del hecho migratorio o que quiere discriminar a alguien. Que se lean el prólogo y después de que no practiquen la demagogia que critican en otros
¿No hay riesgo de que descarrile o se incumpla en parte como ha sucedido con la amnistía a través de los tribunales?
Los tiempos de esta ley serán largos, pero que sean largos no quiere decir que no haya tiempo y margen para cumplirlos. Nosotros estaremos controlando que esta ley y que todo lo que hay a continuación para aprobarla se saque adelante con la máxima celeridad posible. Es una cosa que es completamente fundamental para nosotros. Consideramos que poder tener las herramientas para gestionar la inmigración es poder tener las herramientas para gestionar el futuro de nuestro país.
El PP también ha amenazado la ley en el Constitucional. ¿Qué cree que pasará?
La ley, tal como está redactada, es perfectamente constitucional. Por lo tanto, no tendría que haber ningún problema, más allá de sí hay algún problema en los plazos, que eso a veces pasa cuando un tema se eleva.
Por otra parte, también lo tendrá que aplicar el actual Govern de la Generalitat, que está presidido por el socialista Salvador Illa. ¿Puede ser que, por una parte, le hagan un favor políticamente aparte de una cuestión tan sensible como la inmigración o que estás encima de la mesa de toda la sociedad?
No hay un cálculo político de un proyecto que entendemos que es bueno para el país. Nosotros hemos puesto las herramientas para que ahora el Parlament de Catalunya lo pueda acabar de regular y el Govern de la Generalitat lo pueda desplegar. Hoy por hoy está el señor Illa, otro día no estará. Nosotros entendemos que estas competencias son para el país y que este tipo de partidismo de quién puede sacar más ventaja no tiene ningún tipo de sentido. Si al país le va bien, a todos nos va bien. Y eso se tenía que hacer con independencia de quien esté en el Govern.
¿Se fija algún plazo para desplegar toda esta ley?
Se tiene que estudiar bien, porque se tiene que ver, por ejemplo, si hay que reformular la ley que ya tenemos en materia de integración para ampliarla, o si conviene hacer una normativa separada. También se tiene que ver qué necesita tener el rango de ley... Este es un tema que ya estamos estudiando, pero todavía se tendrá que estudiar con detenimiento. Un paso que yo creo que es muy importante, que es que la sociedad catalana se haga suya esta oportunidad, sea el mundo social o el mundo económico. También tiene que haber un proceso en el cual Junts per Catalunya estará, pero esperamos que no solo esté Junts, que sean el resto fuerzas políticas. Queremos escuchar a todos los actores de la sociedad que quieran participar, que crean que eso es relevante, para ver cómo se tiene que desplegar y qué se tiene que hacer. Estas grandes leyes necesitan grandes consensos de país y eso es lo que queremos perseguir. Queremos que todas las personas de Catalunya, los 8 millones, también los que han venido de fuera, sepan que eso es para integrarlas mejor y para que el país funcione mejor.
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