El despacho de la consellera de Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina (Barcelona, 1983), está ubicado en la Casa dels Canonges, un edificio magnífico que vive permanentemente agitado por el gorgojeo de los turistas y de todo tipo de músicos de calle. Desde el mes de diciembre, la consellera se ha embarcado en un ciclo de debates por las siete veguerías de Catalunya para explicar la campaña Escolta, Europa, con la cual el Govern quiere hacer sentir su voz en la Conferencia sobre el futuro de la UE. A pesar de ello, Alsina explica en la entrevista con ElNacional.cat las dificultades que el Govern encuentra para que la Unión Europea escuche sus reivindicaciones y los obstáculos que le plantea el Gobierno. Afirma que esto no la desanima, como tampoco lo consigue la persecución a que el Tribunal de Cuentas ha sometido a políticos, altos cargos y funcionarios responsables de la política exterior entre el 2011 y en el 2017. Su respuesta es —asegura— que no tienen miedo, porque la acción exterior es un derecho y un deber del Govern.
Foto: Sergi Alcàzar
¿Cree que los catalanes están satisfechos de las respuestas que reciben de Europa?
La sociedad catalana siempre ha sido una sociedad muy europeísta. Y también lo es el Govern. Pero no es incompatible ser muy europeísta con ser crítico. Precisamente porque crees en Europa y en sus valores fundacionales, quieres que estos siempre sean los que guían la actividad de las instituciones europeas. Queremos participar de los debates de Europa y que los valores fundacionales de la UE guíen en todo momento sus actividades.
El reconocimiento del catalán en Europa es una cuestión de voluntad política
Pero es evidente que la Europa de los Estados se ha impuesto sobre la Europa de las regiones. Un ejemplo claro es el trato que recibe el catalán en la UE. El gaélico, con muchos menos hablantes, se acaba de incorporar como lengua oficial. ¿Qué posibilidades tiene el catalán de conseguir este reconocimiento?
Hay tres premisas que es muy importante explicar. Una primera es el peso indiscutible, demográfico, económico, social y cultural del catalán. De hecho, no hay ninguna otra lengua de esta envergadura que no sea oficial en Europa. La segunda, es que esto es un mandato estatutario, el Estatuto prevé que la Generalitat y el Estado tienen que trabajar por la oficialidad del catalán en las instituciones europeas y organismos internacionales. Y, en tercer lugar, es un tema de voluntad política.
Voluntad del Estado español, de entrada...
En la primera reunión con el ministro de Exteriores le pedí de manera explícita que queríamos que el catalán fuera una lengua oficial en las instituciones europeas, una lengua de pleno derecho. El escudo que en aquel momento sacó al ministro fueron tecnicismos, pero es un tema de voluntad política. Los tratados y reglamentos se han modificado en más de diez ocasiones en este sentido desde que España entró en la UE. El gaélico tiene un Estado detrás que ha protegido los derechos lingüísticos de sus hablantes.
El Consejo de Europa aprobó una resolución hace unos meses pidiendo la reforma de la legislación española en el tema de la sedición... y esta semana el Gobierno ha explicado que no tiene previsto hacerlo tampoco este año.
Yo, cuando llego como consellera a este despacho, las dos cosas más políticas que me encuentro sobre la mesa son estas recomendaciones del Consejo de Europa y el Tribunal de Cuentas. Las recomendaciones del Consejo de Europa fueron una victoria política porque en el fondo estaban recetando las dos cosas que quiere este gobierno, una amnistía —aunque no aparezca la palabra amnistía, lo que estaban recetando es una amnistía de facto— y el derecho a una resolución política de un conflicto político y la no judicialización. Fue una gran victoria. Habrá un seguimiento del resultado y es muy importante que se constate el cumplimiento o no de estas recomendaciones. El mismo día que el Consejo de Europa lo estaba aprobando, el Gobierno aceleró todo el tema de la presentación de los indultos, aunque parciales y revisables. No era coincidencia.
Si el Estado no investiga hasta las últimas circunstancias las declaraciones de Villarejo, lo denunciaremos internacionalmente
Foto: Sergi Alcàzar
¿Las afirmaciones del excomisario José Manuel Villarejo sobre el CNI y los atentados del 17-A, cómo se encajan fuera del Estado? ¿Llegan a Europa?
Las declaraciones de Villarejo si no son investigadas hasta las últimas instancias y posibilidades por parte del Estado se confirmará lo que ya se ha confirmado en otras situaciones, que el Estado español no está en la liga de la calidad democrática del resto de Estados de la UE. Si se confirma la inacción del Estado, nosotros lo seguiremos denunciando.
¿Qué quiere decir denunciar? ¿Qué acciones puede hacer su departamento?
En el ámbito más político es importante informar a los interlocutores sobre cuál es la situación. Tenemos que estudiar exactamente las acciones que haremos. Pero aquí había terceros países implicados porque hubo víctimas de diferentes países. Las instituciones europeas tienen unos estándares de calidad democrática y seguimiento e investigación de los cuales el Estado español no se puede alejar. La interlocución, tanto a nivel de instituciones europeas como de los estados miembros que tuvieron personas vinculadas, es un tema que tenemos que estudiar. Lo que no puede ser es que haya una inacción del Estado español en este ámbito y que no haya una denuncia internacional.
La segunda carpeta que encontró sobre la mesa al llegar hace seis meses fue la del Tribunal de Cuentas. ¿Cómo ha afectado en la acción exterior de la Generalitat esta persecución?
El Tribunal de Cuentas cuestionaba la competencia de la Generalitat para hacer acción exterior y, además, aplicaba una serie de sanciones preventivas a trabajadores de esta casa, tanto desde una esfera política como también funcionarios, nuestros delegados en el exterior... Se les reclamaba que devolvieran el dinero que se habían gastado en acción exterior, precisamente, por hacer su trabajo, porque la Generalitat tiene competencia clara en acción exterior. Está previsto en el Estatuto, por lo tanto, es una competencia legítima. Y a todas estas personas y todas estas familias se las ha multado, y en un procedimiento no homologable a nivel internacional, y que nos cuesta muchísimo de explicar, se les ha intentado provocar la muerte civil y arruinarlos, amedrentarles ante la constatación de que estaban haciendo su trabajo, porque es una competencia legítima que tenemos.
¿Y cómo ha afectado a la acción de su departamento?
Una cosa importante es que hemos aprobado un incremento en los presupuestos de Acció Exterior. Es la conselleria —a excepción de la de Igualdad y Feminismos, que es nueva y aumenta todo su presupuesto en términos netos— que más crece de presupuesto en términos porcentuales. El presupuesto de Exteriores es un presupuesto pequeño en términos relativos, pero es estratégico, y crecemos prácticamente un 29%. Eso envía un mensaje político claro: que no tenemos miedo. Creemos que es nuestro derecho y nuestro deber hacer acción exterior y lo seguiremos haciendo y, además, la haremos crecer y la consolidaremos. Este es un departamento relativamente joven, que nació en un momento político muy complicado y necesita crecer, consolidarse en espacios de prestigio internacional. Además, cuatro de cada diez euros se invierten en cooperación al desarrollo, por lo tanto, es un presupuesto que es solidario, porque Catalunya quiere participar de los retos globales, ser un actor que tenga voz y voto. Por lo tanto, es relevante este mensaje político: hemos recibido el golpe del Tribunal de Cuentas y nosotros decimos no. Seguiremos haciendo acción exterior, haremos más, crecemos en presupuesto, y a partir de aquí tenemos una serie de nuevas actuaciones o líneas prioritarias para el año 22.
Con Borrell de ministro había una persecución muy directa y muy agresiva contra todos los delegados del Govern en el exterior
Foto: Sergi Alcàzar
De hecho, la política exterior siempre ha sido uno de los ámbitos que desde el Estado se ha visto con más recelo, pero últimamente parece que se ha rebajado esta preocupación...
Mi experiencia aquí es doble. He vivido dos momentos del Departament de Exteriors. Fui delegada del gobierno en EE.UU. y Canadá. De hecho, reabrí la delegación después del 155. Aquel era un momento de mucha tensión política en exteriores. El ministro era Josep Borrell y había una persecución muy directa y muy agresiva contra todos los delegados que hacían trabajo y representaban el Govern en el exterior. La situación actual es diferente, pero he notado nerviosismo y que sigue incomodando profundamente esta acción exterior que la Generalitat hace fuera y es legítima.
¿Con qué?
Nosotros hemos visto interferencias a través de los viajes que hemos hecho. A través de conversaciones y proyectos hemos notado nerviosismo porque hacemos nuestro trabajo. Esta cartera de Acció Exterior es fundamental para el país. Catalunya es un país que tiene vocación internacional desde sus orígenes, y el Govern tiene que estar a la altura del país.
La persecución que se hace contra altos cargos del Govern por la política exterior es porque se les acusa de fomentar el procés. ¿La Generalitat sigue haciendo esta acción de explicación de Catalunya en Europa y el mundo?
Es una parte importante de la acción exterior compartir sin distorsiones y de manera directa el posicionamiento y las prioridades de un gobierno democrático como el que tenemos, que tiene una agenda de prioridades, un plan de gobierno y unos objetivos, y hacerlo con los actores internacionales de manera bilateral, multilateral, en todos los espacios en que podamos. Así como forma parte de la total normalidad democrática que hagamos acción exterior, también forma parte de la total normalidad democrática que nosotros expliquemos cuáles son las prioridades políticas del Govern. Quiere decir que queremos tener canales estables, que se nos considere un actor serio y de prestigio en la esfera internacional y queremos defender todos los intereses de Catalunya, también la agenda de este gobierno.
¿Tampoco en este tema el hecho de que haya esta persecución del Tribunal de Cuentas y de la justicia les ha frenado?
Es parte de nuestra obligación, nuestro derecho y deber. Con este nuevo presupuesto que tenemos, quiero reforzar las delegaciones del Govern en el exterior; crearemos nuevas; reformularemos algunas piezas de nuestro mapa de delegaciones para maximizar la eficiencia y utilizaremos todas las herramientas posibles para hacer valer los intereses del Govern, de las empresas, de las entidades y de la voluntad del pueblo de Catalunya. Este gobierno y yo, como consellera de Exteriores, tenemos que hacer eso y es irrenunciable. Y forma parte de la estricta normalidad y legalidad vigente. Por lo tanto, con tranquilidad.
¿Qué se ha hecho del Diplocat?
Sigue siendo una pieza muy importante, una pieza de colaboración público-privada de la acción exterior porque hay muchas entidades de la sociedad civil que también forman parte. Lo relanzaremos y será una pieza clave. Estamos modificando sus estatutos y una vez hayamos cumplido este trámite formal haremos un relanzamiento de él clarísimo.
¿Por lo tanto, no quedó en liquidación?
No.
Es un tema grave la dificultad que se tiene desde Catalunya para hablar con la Comisión Europea y otros actores europeos
Foto: Sergi Alcàzar
El Govern mira mucho a Europa buscando el apoyo en la defensa de los principios democráticos, pero es esta Europa de los Estados que tiene de Alto Comisionado una figura como Borrell, que acaba de explicar que perseguía la acción exterior del Govern. ¿Cómo casa todo eso?
Europa es nuestro espacio natural y el futuro. Eso no es incompatible con ser críticos y querer participar de todas las decisiones que nos afectan. El eslogan Escolta, Europa hace referencia a la oda de Maragall, el Escucha, España. Pues escucha, Europa, porque queremos participar de todos los espacios. Y, por descontado, también queremos tener una interlocución normalizada como la que nos merecemos y en positivo con las instituciones europeas. Y este es un tema grave. La dificultad que se tiene desde Catalunya para interlocutar con la Comisión Europea y otros actores europeos. Han venido este año 21 tres comisarios a Barcelona a actos y no se han reunido con el Govern de la Generalitat. Ha habido 17 o 18 reuniones con diferentes líderes políticos españoles a nivel estatal pero también de comunidades autónomas y locales, y no ha habido ninguna reunión con un conseller o el president de Catalunya. Este año hemos contabilizado más de 50 reuniones de los comisarios europeos con líderes regionales de toda Europa y no se han reunido con el gobierno de Catalunya. No lo digo desde la resignación. Creemos en Europa pero no nos resignamos a que Europa no nos escuche. Europa tiene que escuchar a los ciudadanos, al Govern y nuestras demandas.
Por lo tanto, el Gobierno está consiguiendo su objetivo, de arrinconar Catalunya, que Europa no la escuche...
En Europa tenemos muchos espacios de trabajo.
Pues en el caso de la Europa más institucional, la Comisión Europea...
Nosotros tenemos la ambición que tiene la sociedad catalana que es participar y que nos escuchen en todos los espacios europeos y que podamos contribuir en positivo, con proyectos, con los Next Generation, con nuestras aspiraciones políticas, en la defensa del Estado de derecho... No perder oportunidad de defender los intereses de Catalunya en ningún espacio europeo.
Puigdemont ya es un referente en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. Y eso es muy importante para Catalunya
Para explicar el posicionamiento político del Govern cuentan con los eurodiputados catalanes y, en particular, el president Carles Puigdemont. ¿Qué relación tienen?
El president Puigdemont es un gran activo. Es más que eso, porque va más allá de la defensa de los intereses de Catalunya. Al president Puigdemont ya no solo se le ve como una persona que defiende los intereses de Catalunya y de la legalidad, sino que ya se le ve como un defensor de derechos humanos, de derecho político, como un defensor de la primacía del estado de derecho, del derecho comunitario. A día de hoy ya es un referente en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. Y eso es muy importante y muy relevante para Catalunya, y la visión del conflicto en el exterior. En este sentido, el trabajo que se puede hacer desde el Parlamento Europeo por parte de los diputados catalanes es muy importante.
Se está hablando mucho de un retorno de Carles Puigdemont. ¿Ve la posibilidad de que los Tribunales europeos reconozcan su inmunidad pero España no la reconozca?
Hay un buen escenario, se tiene que ser prudente, ver qué dicen los tribunales. Todo apunta que este 2022 será un año clave. Tenemos que esperar y ver cómo evolucionan los hechos y el president Puigdemont tiene que decidir qué estrategia quiere seguir él y el resto de eurodiputados en caso de que la sentencia confirme lo que parece que confirmará, que es esta libertad de movimientos que afectaría a todos los Estados de la Unión.
¿Europa considera que se ha abierto un proceso de diálogo entre los gobiernos español y catalán?
Nosotros como Govern tenemos la obligación de explicar cuál es la situación a los actores internacionales. Yo les explico que tenemos un conflicto político. Porque a veces se ha intentado vender desde el Estado que ya no había un conflicto sino una mesa de diálogo. No. Nosotros damos la visión del Gobierno catalán, aquí hay un conflicto político.
¿Pero en Europa se ha dado por bueno que la situación está encauzada con la mesa de diálogo como apunta el Gobierno español?
En las relaciones internacionales, y especialmente si estás en clubs de Estados, son por naturaleza muy conservadoras. Es importante diferenciar lo que son los posicionamientos públicos, que se hacen, de lo que son las conversaciones que se tienen a puerta cerrada, que hay un buen conocimiento, comprensión e interés en seguir el tema de cerca.
De su departamento depende también la ley electoral catalana. ¿Cómo está este tema?
Yo dije que para mí es una prioridad total y absoluta. Desde el primer día he estado trabajando en la dirección de que tengamos una ley electoral propia. No depende exclusivamente de mí. Si se produce esta legislatura, fantástico, este departamento acompañará todo este proceso, aunque formalmente lo tiene que aprobar el Parlament. En caso de que no sea esta legislatura la de la nueva ley electoral, soy muy partidaria de una ley de modernización del sistema electoral. Hay muchos otros elementos más allá del reparto de votos y escaños, que es urgente modernizar: tener una sindicatura propia, telematización de determinados pasos del proceso, facilitar todo el tema del voto exterior...
Las dificultades de los catalanes en el exterior para votar es una vergüenza. Es la vulneración flagrante de un derecho fundamental
Foto: Sergi Alcàzar
Este es un gran escándalo. La imposibilidad de los catalanes en el exterior de poder ejercer su derecho al voto...
Un gran escándalo. Y lo digo yo también como catalana en el exterior. Es una gran demanda. Aquí hay dos partes que dependen de la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General), el voto rogado y la imposibilidad de votar electrónicamente. Ahora bien, si eso no cambiara hay una ventana de oportunidad que es telematizar alguno de los pasos del proceso del voto exterior, que flexibilizarían un poco los plazos y mejoraría ligeramente; tenemos que ser modestos porque ni se pierde el voto rogado ni se puede introducir el voto electrónico, pero mejorarían el proceso. Es una vergüenza y la vulneración de un derecho fundamental. Es una prioridad total y absoluta de este departamento.
¿El Govern es transparente?
En Catalunya, no solo en el Govern, tenemos una de las leyes de transparencia más exigentes en perspectiva comparada, y desde el departamento coordinamos la aplicación de esta ley. Se ha hecho mucho trabajo en el ámbito de la transparencia y queda mucha por hacer. La prioridad de esta legislatura será trabajar en el tema de los datos abiertos. Facilitar que los datos de las diferentes administraciones se puedan unir y consultar de manera agregada y establecer mecanismos de colaboración público-privada.
¿Y cómo se puede explicar que sea transparente el Govern y no se pueda saber de qué se habla en la mesa de diálogo ni qué contactos ha habido?
La ley de transparencia es muy exigente en determinados espacios, pero hay espacio que no entra. Lo que tiene que hacer este gobierno es un plan que sea el máximo de ambicioso y al mismo tiempo realista. Es un equilibrio que se tiene que mejorar y conseguir.
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