El año 2015 Mariano Rajoy aprobó sólo con los votos del PP la polémica Ley Mordaza, que ha sido duramente criticada por el recorte en las libertades de expresión y manifestación. La ley, por ejemplo, prohibía las protestas que "perturbaran la seguridad" -un término muy poco concreto- delante del Congreso aunque los políticos no fueran dentro, prohibía parar desahucios, no permitía la resistencia pacífica, ni tampoco fotografiar los agentes policiales cuando actúan. Ahora, sin embargo, el Gobierno del PSOE y Unides Podem quieren reformar esta Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, y ya han presentado su propuesta al Congreso. ¿Cuáles serían los cambios?
Sin comunicar manifestaciones
En primer lugar, dejaría de ser obligatorio avisar previamente de las manifestaciones. De esta manera, se permitirá hacer protestas improvisadas, por ejemplo, cuando se quiere intentar parar un desahucio o protestar por algún hecho que acabe de pasar. "La carencia del trámite previo de comunicación, todavía pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación", dice la enmienda. También apunta que las disoluciones de reuniones serán "el último recurso" y tendrán que ser "graduales y proporcionadas a las circunstancias" así como estar guiadas "en todo momento por un enfoque de derechos humanos". Además, los organizadores o promotores de las manifestaciones serán los responsables de infracciones contra la seguridad ciudadana.
Reducción de las multas y del tiempo de detención
Entre los cambios, los partidos que forman la coalición del Gobierno plantean bajar las multas que contempla la norma en función de la capacidad económica del responsable. La reducción podrá llegar al 50% del importe para personas que tengan un salario de hasta 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI) y del 25% para personas que tengan un sueldo de entre 1,5 y 2,5 veces el SMI. La enmienda también contempla el fraccionamiento del pago si el importe de la sanción "no guarda proporción con la situación económica del responsable". Además, los socialistas y la formación lila también proponen reducciones si el pago se hace voluntariamente.
El Gobierno también querría reducir el tiempo máximo de detención de seis a dos horas y se tendrá que llevar al detenido al sitio donde estaba.
EFE
Registros e imágenes
Con respecto a los registros corporales, la enmienda fija que sólo se podrán hacer cuando haya indicios "fundamentados racional y objetivamente". Los realizarán agentes del mismo sexo, a no ser que haya circunstancias excepcionales, "con el máximo con respecto a la identidad sexual", sin dejar a la vista la totalidad del cuerpo e intentando que esté en un "lugar reservado". Hará falta que los agentes dejen "constancia escrita".
Por otra parte, con el cambio ya no se podría sancionar la toma y difusión de imágenes siempre que no afecten al derecho a la intimidad o a la seguridad de los policías. "No constituirá infracción la simple toma de imágenes en lugares de tráfico público y manifestaciones, o su simple difusión", dice una de las enmiendas. Sin embargo, la propuesta es que se considere infracción grave "el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las fuerzas de seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o ponga en riesgo el éxito de una operación", plantean PSOE y UP.
En general, la diferencia del anterior texto, se insistiría en todo momento en la necesidad en "respetar los derechos humanos y los criterios de proporcionalidad".
Una ley polémica
Los sindicatos policiales se han quejado de esta propuesta porque dicen que es un "despropósito inadmisible" que no los protege. De hecho, la reforma de la ley ha puesto de acuerdo todos los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que se concentrarán en una manifestación en Madrid el próximo 27 de noviembre. La protesta tiene el apoyo del AUGC (Asociación Unificada de la Guardia Civil), el SUP (Sindicat Unificat de Policía) y también la JUPOL, entre otros.
Pero por otra parte, organizaciones por los derechos humanos aseguran que no es suficiente y que la propuesta no resuelve la amenaza a la libertad de expresión y de información que supone la Ley Mordaza.