Los vídeos de las declaraciones de los consellers del Govern ante la magistrada de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela el pasado 2 de noviembre, pocas horas antes que todos ingresaran en la prisión -Junqueras y Forn ya no han salido- muestran como todos los miembros aseguraron en varias ocasiones que nunca promovieron ni participaron en ningún acto violento o que pretendiera impedir la acción policial o judicial.
En los vídeos de los interrogatorios en la Audiencia Nacional, a los cuales la ACN ha tenido acceso, se puede comprobar cómo, apelando a sus antecedentes personales y políticos, quisieron argumentar que no creen en la violencia como solución política, sino que siempre han apostado por el diálogo y la democracia.
El vicepresidente Oriol Junqueras negó haber gastado ningún dinero público en el referéndum del 1-O, mientras el exconseller de Cultura, Santi Vila, destacó sus negociaciones con políticos de Madrid para encontrar una solución dialogada que "evitara el colapso".
En los vídeos, grabados con la cámara de la sala de interrogatorios, se puede ver la magistrada Lamela de perfil a la derecha de la imagen, los dos fiscales de cara a la cámara y a la parte superior de la imagen, los abogados defensores a la parte baja y de espalda, y los interrogados uno por uno, de perfil y a la izquierda de la imagen, mirando a la magistrada.
En las imágenes se puede ver y escuchar cómo Junqueras y los consellers intentaron defenderse de las acusaciones de rebelión, sedición, desobediencia, prevaricación y malversación. La mayoría sólo respondieron a su respectivo abogado, alguno respondió al resto de defensas y Villa, que fue el único a quien le impusieron prisión con fianza, respondió a la fiscalía y a la magistrada Lamela. Los interrogatorios duraron unos cinco minutos cada uno, para responder básicamente de que no habían tenido tiempo de preparar la defensa, que no habían participado ni promovido actos violentos y que no se había gastado ningún dinero público en el referéndum. Villa y el exconseller de Justícia Carles Mundó se alargaron un rato más.
"Cualquier cosa relacionada con la violencia me parece fuera de lugar"
El vicepresidente Junqueras aseguró que nunca ha participado ni promovido actos violentos, "por convencimiento personal". "Soy creyente y cualquier cosa relacionada con la violencia me parece fuera de lugar", dijo. "Mis convicciones me alejan y me impiden cualquier relación con actos violentos de ninguna forma", dijo. También centró buena parte de sus respuestas al asegurar que hay una certificación de la intervención de la Generalitat que asegura que todos los gastos del Govern se habían gastado en aquello presupuestado.
La consellera de Treball i Afers Socials Dolors Bassa también apeló a su trayectoria, incluso religiosa, para asegurar que siempre ha apostado por la no violencia. "Soy maestra de una escuela cristiana concertada de Torroella de Montgrí; mis principios son contrarios a la violencia, y en las declaraciones nunca he hablado de violencia sino de pacifismo", aseguró a Lamela.
Por su parte, el conseller de Interior Joaquim Forn aseguró que tanto públicamente como privadamente siempre ordenó a sus subordinados y a los Mossos d'Esquadra, desde que fue nombrado el julio anterior, que los mandatos judiciales se tienen que cumplir. "Tenemos competencias como policía judicial y se tienen que cumplir los mandatos, fueran del tipo que fueran", concluyó.
La declaración de Mundó fue un poco más larga que la de sus compañeros, unos ocho minutos, pero fue en el mismo sentido. Además, aseguró que como conseller de Justicia no vio compatible manifestarse ante los tribunales de justicia. De hecho, recordó que el TSJC había descartado explícitamente la acusación por rebelión que había hecho Vox contra el Govern en septiembre. También aseguró que la partida presupuestaria de 6,2 millones de euros bloqueada por el TC no se dedicó al referéndum.
El conseller de Afers Exteriors, Raül Romeva, recordó que hace más de 25 años que milita en la objeción de conciencia, el pacifismo y la lucha por los derechos fundamentales siempre de forma pacífica y democrática. "La violencia no se puede considerar como opción" y no se trató nunca en el Govern ni lo hizo ningún miembro de este individualmente, aseguró. Romeva también negó haber instado a dificultar la acción policial o judicial. "Siempre hemos defendido el derecho de expresión, los derechos fundamentales, por vía pacífica y democrática", y eso aseguró que era una posición unánime en el Govern.
El conseller de la Presidència, Jordi Turull, aseguró que en toda su vida no ha participado en ningún acto violento ni lo ha promovido. Siempre ha apostado por la "no violencia, la democracia, las urnas, el civismo y el pacifismo", dijo a preguntas de su letrado. También explicó que había sido nombrado conseller el julio anterior. El conseller de Territori, Josep Rull, y la consellera de Governació, Meritxell Borràs, hicieron una declaración muy similar.
Santi Vila se desmarca
La declaración más larga fue la de Santi Vila, más de media hora, ya que respondió a todas las partes, incluidas el fiscal y la magistrada. Aseguró que nunca ha participado ni promovido actos violentos y que él negoció con políticos de Madrid, que no quiso identificar, para intentar evitar "la situación de colapso".
Según él, el programa electoral de JxSí hacia la independencia no contravenía la Constitución, porque sólo quería promover "iniciativas cívicas, movilizaciones ciudadanas" para acabar forzando el gobierno español a encontrar una salida dialogada. Así, el Govern, según él, no hizo ninguna actuación política ni administrativa en favor de la independencia, y aseguró que ni él ni ningún miembro del Govern habían dedicado ni un euro público al referéndum del 1-O. Ni tan sólo el decreto de convocatoria del referéndum iba contra las resoluciones del TC, dijo, ya que "tenía un componente de movilización ciudadana". "Pensaba que era necesario canalizar el sentimiento ciudadano, pensaba que al final conseguiríamos un consenso político que lo hiciera posible, como en otras ocasiones," aseguró, admitiendo, sin embargo, que quizás había estado "ingenuo".
Vila defendió que la independencia es un proyecto político lícito, aunque él se mostró en contra, tanto públicamente como privadamente, en la manera de llegar. Por eso, reconoció que los meses anteriores habían estado "tensos" dentro del Govern, y aseguró que la Constitución todavía era vigente en Catalunya, porque la declaración de independencia del 27 de octubre no había tenido "ninguna consecuencia práctica", y se podía llegar a un diálogo dentro del marco constitucional. "Tenemos que hacer autocrítica y proponer", dijo sobre el momento político de cara al 21-D.
Esta declaración le permitió que la fiscalía no pidiera prisión incondicional como el resto de compañeros de Govern, sino prisión con fianza de 50.000 euros, que pagó el día siguiente.