Una vez más España tiene un récord de la Unión Europea y no es para bien. La justicia española es la que tarda más en hacer efectivas las sentencias y también donde menos se acaban cumpliendo. ¿Por qué pasa eso?

Según un informe del Consejo General de Procuradores, si hacemos un ranking de eficacia o porcentaje de éxito para la finalización del proceso, en España sólo uno de cada cuatro procesos judiciales acaba en una ejecución efectiva de la sentencia, muy por debajo de lo que pasa a los países europeos de nuestro entorno. Estonia y Bélgica posicionan como los países con más tasas de ejecución de sentencias, llegando en algunos casos al 85%. También hay un segundo grupo de países, con tasas de entorno del 40-60%, como son Francia, los Países Bajos, Luxemburgo y Lituania, donde se consigue acabar con éxito la mayoría de los procedimientos de ejecución.

A consecuencia de eso, además, según la estimación del impacto económico, el Estado deja de ingresar una media de casi 11.000 millones de euros anuales. A modo de ejemplo, el estudio cita los datos del 2019, en el que sólo se ejecutaron una de cuatro sentencias civiles que estaban en trámite, de los cuales aproximadamente el 60% eran de ejecución dineraria, con un importe medio de 10.000 euros.

España, el país donde más tardan en ser efectivas las sentencias

Pero no sólo eso, sino que el estado español también es el lugar donde más tardan en ejecutarse las sentencias. La media aquí es de entre seis meses y un año, un dato que también contrasta mucho con la del resto de países europeos. En Hungría, por ejemplo, tardan una media de ocho días; en Estonia, quince; en Bélgica, dos meses; y en Francia, tres.

¿Por qué pasa eso?

El motivo que explica por qué se da este fenómeno en la justicia española es que aquí el proceso es mucho más enrevesado porque tienen que participar muchos agentes. En España, el proceso de ejecución de sentencias requiere la participación del tribunal (organismo al cual hay que solicitar la ejecución de la sentencia, importe, intereses y costas), el juez (será quien dicte un auto decretando la ejecución) y el Letrado de la administración de Justicia (que emitirá un decreto acordando las medidas solicitadas). La implicación de todas estas figuras jurídicas, y el hecho de que el procurador tenga que solicitar cada paso al tribunal, hace que el procedimiento de ejecución no sea ágil y rápido, duplicando o triplicando, en algunos casos, el tiempo.

Por otra parte, también se suma el hecho de que España es un país muy poco digitalizado, que hace que la burocracia sea lenta. Los países más eficientes en materia judicial son los que disponen de una implementación mayor de medios telemáticos y digitales.

Es por eso que el informe concluye que este procedimiento es atípico si lo comparamos con lo que pasa en el resto de países europeos de nuestro entorno, dónde el Huissier o Agent Judicial es la persona responsable de todo el proceso de gestión y tramitación, sin intervención de otros profesionales. Es por todo eso que los procuradores españoles quieren asumir un papel más activo en este proceso, ya que confían en que mejorarían la ejecución de sentencias judiciales.