Se espera que la noticia del verano, la que estalla justo antes de irnos de vacaciones en pleno mes de julio cuando el calor aprieta, será la concesión de los indultos a los condenados por el proceso independentista.
Todo depende ahora, solo, del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Una vez cerrado el proceso judicial, la decisión es política. Y nada tiene que ver con la ley, ni los criterios de jueces, magistrados, fiscales y abogados.
¿Cómo serán los indultos?
¿Quién los puede recurrir?
¿Los puede tumbar el Tribunal Supremo?
Estas son algunas de las preguntas clave para entender el proceso de los indultos que intentaremos resolver.
El Gobierno tiene que hacer un informe para cada uno de los condenados con criterios de justicia, equidad y utilidad social. Estos argumentos son claves para justificar la concesión de la medida de gracia y para evitar la derogación en caso de un recurso.
Los indultos tendrán que ser parciales a la fuerza, porque los presos políticos ya han cumplido parte de la pena. Más de un tercio algunos de ellos. Y los que no están en la prisión ya han pagado la sanción económica.
El ejecutivo español se plantea condicionar la medida de gracia al hecho de que no se reitere el delito. O sea, que los presos políticos no vuelvan, contraviniendo el "lo volveremos a hacer". Es lo que se llama indultos reversibles. Aunque esta condición aparece en otros indultos de otros condenados, no se ha tenido que aplicar nunca. Pero la condición plantea serias dudas de cómo aplicarla jurídicamente en caso de que hiciera falta.
La inhabilitación es la gran pregunta y el gran caballo de batalla. Una vez aceptado el indulto, los presos políticos serán libres, pero si los indultos no incluyen la inhabilitación, los presos políticos no se podrán presentar a elecciones ni ostentar cargos públicos hasta que acabe la condena que dictó la sentencia del 14 de octubre del 2019 del Tribunal Supremo. No se prevé que el Gobierno indulte a los presos políticos por la parte de inhabilitación.
En dos ocasiones se ha recurrido un indulto. Y en una de ellas se ha revocado. Sólo puede recurrir un indulto quien tiene interés legítimo en el proceso. En el caso del procés, quien tiene directamente interés legítimo es la Abogacía del Estado, que representa al Gobierno y que en su informe no se mojó, pero dejó la puerta abierta a aplicar la medida de gracia.
Ningún partido político es víctima de este proceso. Por eso, la presentación del recurso anunciado por el PP es difícilmente justificable. Con respecto a Vox, que formó parte de la acusación popular en el juicio del procés, no es parte perjudicada por los condenados. Y de hecho, el Tribunal Supremo les paró los pies a la hora de posicionarse con respecto a los indultos.