La titular del Juzgado de Instrucción número 3 oscense ha citado a los exconsellers de Cultura Santi Vila y Lluís Puig como investigados por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por negarse a facilitar el retorno de los bienes del Monasterio de Sixena desde el Museo de Lleida. En su auto, la magistrada convoca los dos investigados el próximo 25 de abril en los juzgados de la capital altoaragonesa, después de la reapertura de la causa penal instada por la representación legal del Ayuntamiento de Vilanova de Sijena y secundada por la fiscalía oscense.

Aunque las 44 piezas reclamadas fueron finalmente trasladadas por la Guardia Civil a Sijena el mes de diciembre pasado a instancias del Juzgado de Primera Instancia número 1 oscense, la jueza mantiene abierta la instrucción por presunta desobediencia y prevaricación contra Villa y Puig por su intervención en el litigio. La magistrada sobreseyó provisionalmente el mes de septiembre pasado la querella penal después de argüir que el consistorio no había aportado los documentos acreditativos de los hechos denunciados, pero volvió a reabrir la causa después de recibir la información requerida.

En su interlocutoria de reapertura del proceso, la jueza valoraba tanto el informe de la fiscalía oscense como el emitido por el fiscal del Tribunal Supremo, en el cual llegó inicialmente la denuncia al estar los dos políticos catalanes aforados. El letrado de Sijena, Jorge Español, denunció los hechos al juzgado de guardia oscense después de perder a los dos exconsellers su condición de aforados, acompañándola de un informe elaborado por la Fiscalía del Tribunal Supremo que veía indicios de la comisión de presuntos delitos en la conducta de los dos.

En el escrito de adhesión al recurso hecho por el fiscal jefe de Huesca, Juan Baratech, se advertía que los dos exconsellers incumplieron con "rotundidad" las órdenes judiciales a pesar de las advertencias que les fueron comunicadas. Consideraba, además, que las consecuencias de este incumplimiento y de la desobediencia fueron "capitales", ya que la operación requirió un gran despliegue de medios materiales y humanos. También, subrayaba, que la administración aragonesa y la policía judicial tuvieron que habilitar para "suplir la obstinada voluntad de los investigados y también por el riesgo de alteración de la seguridad y de la pacífica convivencia ciudadana".

Después de la reapertura de la causa, la jueza remitió un escrito al Parlament catalán para que certificara si Lluís Puig había sido elegido diputado autonómico después de las últimas elecciones, hecho que, al no ser corroborado, ha motivado su citación como investigado en Huesca.