En libertad, y con ganas de charlar mucho, el excomisario José Manuel Villarejo ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados. Lo ha hecho en condición de testigo en la comisión de investigación de la Operación Kitchen. Y ha implicado, de pleno, al expresidente Mariano Rajoy. El exfuncionario policial ha explicado que se intercambiaba mensajes de móvil directamente, sin intermediarios, con el exdirigente conservador, que "tenía interés en cuestiones de estado". De la misma manera, ha impugnado la mayor: "Dudo que Rajoy desconociera" el operativo parapolicial para robar documentación comprometedora al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Había solicitado declarar a puerta cerrada, pero la comisión no lo ha aceptado y lo ha hecho en público. Esto no ha sido obstáculo para responder la mayoría de preguntas de los portavoces. Primero ha explicado que una serie de personas, como la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal o el secretario de Estado de Seguridad, le transmitían periódicamente las "inquietudes del presidente del gobierno". Pero acto seguido ha revelado haber tenido "contacto directo con el señor Rajoy sobre esta operación". Y ha detallado que era Cospedal quien le decía que "el presidente quiere que le des tu versión".

No eran conversaciones muy prolíficas, según el relato del excomisario de la policía. Eran "todo monosílabos" para "ratificar la información que le había llegado" a través de terceras personas. Villarejo ha ironizado que "debe ser que no se fiaban los unos de los otros". Entre los supuestos interrogantes de Rajoy, si "van bien las cosas" o si "es cierto que Bárcenas puede tener los documentos en un chalet en Baqueira".

Esto lo ha explicado en respuesta a Macarena Olona, portavoz de la extrema derecha. Después, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha insistido. Y Villarejo le ha respondido: "Entiendo que el señor presidente estaba preocupado también por cuestiones de la seguridad del Estado, porque Bárcenas decía tener información que afectaba instituciones del Estado. Prueba de ello es que el CNI participó en la Kitchen".

No ha sido hasta el final de la comparecencia que se ha preguntado por los mensajes de Rajoy. Quien le ha pedido pruebas es el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu. Pero Villarejo se ha excusado que se encuentra entre la documentación que le habrían secuestrado. Ha instado a los mismos parlamentarios a reclamar estos documentos.

Operación Catalunya

También se ha hablado de Operación Catalunya. El portavoz de Junts, Josep Pagès, sacado el tema, que el excomisario ha detallado: "Era importante determinar el origen de la estructura que pretendía independizarse o separarse de España. Era un ataque a la unidad nacional". Y ha lamentado que se le llamara de patriota: "Es un país curioso donde fue partriota es un insulto". También ha asegurado que no recibió ninguna retribución por su trabajo en la operación Catalunya.

Por su parte, Rufián le ha preguntado si era cierto que "no pudo seguir investigando supuestas cuentas en el extranjero vinculadas a la operación Catalunya porque podía chocar con información sobre el rey emérito". La respuesta de Villarejo, como todas las que tenían que ver con la monarquía: "No puedo responder la pregunta".

Probablemente el encontronazo más fuerte se ha producido con Mireia Vehí, diputada de la CUP, que le ha preguntado si la unidad de España estaba por encima de su país (Catalunya). Y el excomisario le ha lanzado: "Su país es un condado. Que es un país es una entelequia". Eso sí, ha expresado "profundo cariño" por el pueblo catalán.

Villarejo también ha soltado frases polémicas, como "las cloacas depuran, no generan inmundicia". En este sentido, ha subrayado que, desde la dictadura, en España "existen estructuras opacas", como "existen en todos los países para resolver problemas".

"Operativo parapolicial"

Según el magistrado instructor de la Audiencia Nacional, los "órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado" crearon un "operativo parapolicial" que actuó, al margen de la ley, "al menos entre los años 2013 y 2015". Su objetivo, conseguir "material documental comprometedor de altos dirigentes" de Luis Bárcenas, extesorero del PP, y así neutralizar las amenazas políticas al gobierno de Mariano Rajoy. Se le realizaron hasta 55 seguimientos sin orden judicial, según las informaciones publicadas del sumario del caso. El principal objetivo fue su chófer, Sergio Ríos, que habría cobrado 53.000 euros para robarle documentación, entre la cual había audios comprometedores.