El Ministerio del Interior sabía que la policía patriótica pinchaba los teléfonos de ciudadanos de manera ilegal. De hecho, proporcionó un "servidor secreto" y un equipo "de coste millonario" para hacerlo, según demuestran las notas informativas que el comisario José Manuel Villarejo hacía llegar al ministerio de Jorge Fernández Díaz y a las cuales ha tenido acceso ElNacional.cat. No solo eso, Villarejo se queja en una de las notas del 20 de marzo del 2015 de la inexistencia de ningún tipo de control en el uso de estas herramientas. Con un trasfondo marcado por sus disputas internas con miembros y exintegrantes del cuerpo policial, el comisario denuncia que el 60% de los datos que se obtenían se utilizaban con una finalidad privada. Dos años más tarde, también el excomisario Marcelino Martín-Blas, enfrentado a Villarejo, presentó una denuncia ante el juzgado número 2 de Madrid acusando a la cúpula policial del ministerio de Fernández Díaz de haber adquirido tecnología israelí para intervenir teléfonos sin autorización judicial.
En el caso de la nota interna que redactó Villarejo el 2015, bajo el encabezamiento de "confidencial y reservada", asegura que solo un 30% de la información conseguida con estos dispositivos se destinaba para lo que describe como "funciones antiterroristas", que en algunos casos era para servicios secretos de otros países, mientras que el 10% restante se usaba "para descubrir las fuentes de los periodistas no afines, favores a jueces y fiscales para descubrir si sus cónyuges les engañan...".
Equipo millonario
Villarejo puso nombres y apellidos a su denuncia. En la nota explicó que el comisario Enrique García Castaño era "el encargado en exclusiva del manejo de un servidor secreto con acceso al tráfico de llamadas de Movistar y el de un equipo recientemente adquirido de coste millonario que obtiene la ubicación de un objetivo por trazabilidad de las comunicaciones, fijando además el nivel de relaciones con terceros".
García Castaño, conocido también como El Gordo, fue el máximo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo, que eran los responsables de los seguimientos con escuchas telefónicas, y al final fue investigado en diferentes causas relacionadas con Villarejo. El mayo pasado, el juez del caso Kitchen archivó provisionalmente la imputación al comisario después de que este sufriera un ictus. García Castaño colaboró con la Fiscalía para implicar al ministro del Interior.
Según explica Villarejo en la nota, Castaño es también el responsable de la información falsa sobre la cuenta corriente del alcalde de Barcelona Xavier Trias, por la cual se había embolsado dinero supuestamente dirigido a confidentes. "Por esta y otras informaciones sobre cuentas extranjeras, ha recibido por cada dato bancario unos 7.000 euros, alegando que era para pagar a colaboradores", explica en la nota informativa.
Sin control
El segundo protagonista de la nota del comisario es Gabriel Fuentes, excomisario general de Información y, según Villarejo, hombre de confianza del ministro Juan Alberto Belloch, que ya había sido investigado en 2014 como integrante de una trama de corrupción policial, conocido como caso Interligare.
Según Villarejo, "estos instrumentos, fundamentales para la lucha antiterrorista, lamentablemente ahora carecen de control por ningún superior y actualmente más del 60% de los datos se consultan con una finalidad privada y son rentabilizadas por la consultora de Fuentes".
Ministerio puntualmente informado
El ministerio estaba al corriente. Esta información, como el resto de las notas que elaboraba el comisario, se entregaba al secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, tras haberla transmitido verbalmente; y se elevaba al ministro, Jorge Fernández Díaz, que la hacía llegar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En este caso, estas denuncias de Villarejo formaban parte de un texto de seis páginas en el cual informaba sobre la investigación ilegal a la que sometieron al entonces presidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González. En el último párrafo de la nota, el excomisario se encargó de dejar constancia de forma notarial de que la cúpula ministerial estaba al corriente de todo.
"De todas y cada una de estas informaciones, ha sido puntualmente y personalmente informado el actual secretario de Estado de Interior, ya que en su momento el DAO [Dirección Adjunta Operativa, Eugenio Pino] pidió esta relación directa a JV [José Manuel Villarejo] para evitar informar a Cosidó [Director General de la Policía], por depender de él. Los dos manifiestan tener plena confianza en JV como servidor del Estado y, por lo tanto, incapaz de perjudicar de ninguna manera a cualquiera de sus instituciones", concluye la nota fechada el 20 de marzo del 2015, en un apunte con que parece pretender blindarse por si era detenido.
Una denuncia y ninguna investigación
Dos años después de las alertas de Villarejo y un mes antes de que fuera detenido por el caso Tándem, en octubre de 2017, el excomisario de Asuntos Internos de la policía española, Marcelino Martín-Blas (destituido en abril de 2015 para frenar la guerra policial con Villarejo) presentó una denuncia en los juzgados de Madrid, en la cual aseguraba que la cúpula policial con el ministro Fernández Díaz compró tecnología para interceptar comunicaciones de teléfonos sin autorización judicial.
ElNacional.cat ha pedido información al ministerio del Interior sobre esta denuncia presentada en los juzgados de Madrid así como sobre las denuncias internas planteadas por el propio Villarejo sobre el uso de la información confidencial. Sin embargo, desde el Ministerio se asegura de que no hay ninguna investigación judicial abierta ni tampoco ninguna denuncia de tipo interno.
No obstante, en el escrito presentado ante el juzgado, Martín-Blas detallaba que el equipo para interceptar comunicaciones se había adquirido a la empresa israelí Rayzone Group y responsabilizaba de la compra al Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, y a su jefe de gabinete, José Fuentes Gago. El excomisario aportaba correos electrónicos, y una carta de Pino al responsable de la empresa, con sede en Tel Aviv, el 31 de julio de 2014, a la cual ahora ha tenido acceso ElNacional.cat, donde se le invitaba a hacer una demostración del sistema espía.
Los dos jefes policiales usaron como intermediario a un funcionario de la policía llamado Lionel para contactar con la empresa israelí, y es este quien al final habría revelado la información a Martín-Blas. En la denuncia se indica que con esta tecnología se grabó, el 2 y 16 de octubre de 2014, las entrevistas entre el ministro Fernández Díaz y el entonces director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, en que se detallan investigaciones prospectivas abiertas contra políticos de Convergència y ERC. Y también fue usada para espiar la reunión que mantuvieron miembros policiales de la Unidad de Asuntos Internos con integrantes del CNI, que ya investigaba en una pieza separada el titular del juzgado de instrucción 2 de Madrid, en el caso del pequeño Nicolás. Es por eso que Martín-Blas envió la denuncia a este tribunal. Desde entonces, ahora hace siete años, nada se ha aclarado.
Aplicaciones espías
El aparato que, según la denuncia, se habría adquirido se llama InterApp. Se detalla que esta aplicación es un sistema de inteligencia táctica, desarrollada por las agencias de inteligencia, que permite recopilar información de forma sigilosa desde la nube a través de vulnerabilidades de las aplicaciones de los teléfonos inteligentes. En el texto se precisa que InterApp no requiere ninguna cooperación del propietario del teléfono, solo que el transmisor wifi del móvil esté abierto, y ni siquiera ha de navegar por la web. Así, permite obtener información íntima de cualquier usuario de móvil que esté cerca del sistema: correo electrónico, lista de contactos, navegación por el historial de internet, ubicaciones, etc.
En su denuncia, el comisario Martín Blas sostiene que se grabó una reunión suya al haber instalado InterApp en su móvil y este se convirtió en un micrófono ambiental. También sostiene que al periodista que estaba con él se le instaló el sistema Sprinter, adquirido en la misma empresa, el cual permite registrar llamadas de voz, mensajes de texto y la ubicación de la persona. Estos aparatos se usaron en la operación Catalunya, como el caso de Daniel de Alfonso.
Un espionaje paralelo fue el del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el software Pegasus, de la empresa, también israelí, NSO Group, a integrantes del independentismo catalán, como ha admitido el CNI, al menos en el caso del presidente Pere Aragonès, de julio de 2019 a 2020, y a otras 17 personas más, con el permiso del Tribunal Supremo. Los investigadores de Citizen Lab, sin embargo, destaparon que el espionaje afectó a unas 65 personas del entorno independentista.