Once abogados han defendido ante el Tribunal Supremo realizar el juicio del 1-O en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Las defensas han intervenido por el orden del escrito de procesamiento y de la misma querella original que presentó la fiscalía, empezando por Oriol Junqueras y acabando por Joan Josep Nuet.
Todas las defensas, encabezadas por Andreu Van den Eynde y Jordi Pina, que defienden a los principales acusados, argumentan que no hubo ningún presunto delito que se cometiera fuera de Catalunya, uno de los requisitos para juzgar el caso en el Tribunal Supremo. En este sentido, Marina Roig, abogada de Cuixart, la más contundente de todos hoy, ha denunciado que "se está judicializando un problema político".
"Hoy empieza todo". Así ha empezado Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, la vista previa al juicio del 1-O para determinar qué tribunal tiene que juzgar la causa del procés. Van den Eynde ha abierto el turno de las defensas que han presentado la declinatoria para llevar el caso al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, argumentando básicamente que los hechos por los cuales se acusa a los 18 miembros del Govern, la Mesa del Parlament y los partidos políticos independentistas, tuvieron lugar en Catalunya.
Para el abogado, hoy se realiza una "vista sobre el modelo de crisis". "Son políticos haciendo política", según Van den Eynde, que la fiscalía ha querido arrastrar a un "foro shopping", a un foro que no tiene competencias para juzgarlos y que vulnera la igualdad ante la ley, la doble instancia penal y los derechos de las personas.
El abogado ha vuelto a denunciar que "todo se arrastra de la causa de instrucción 13" y ha preguntado "cómo puede ser que la instrucción 13 haya investigado durante un año los delitos de rebelión y sedición".
"Tengo poca confianza en que la sala acepte los argumentos de esta defensa. No porque los argumentos procesales no tengan sentido, sino porque hay determinadas actuaciones de la misma sala que me hacen pensar que el tribunal ya ha tomado la decisión de no estimarlos". Jordi Pina ha empezado así un alegato basándose, también como el del abogado Andreu Van den Eynde, en que los hechos han ocurrido en Catalunya y que las acciones en el exterior como los alojamientos de las webs o la lista de votantes que no viven en Catalunya, no justifican realizar el juicio en el Tribunal Supremo.
Hay una "ausencia de argumentos palmaria en el escrito de procesamiento" del juez, según Pina. El abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez ha argumentado que "se puede vulnerar el derecho a la doble instancia. Si se realiza en el TSJC, puede volver a esta sala si las partes no están de acuerdo con la sentencia".
Jordi Pina ha advertido al tribunal que si el juicio finalmente se realiza en Madrid, no se puede vulnerar el derecho de los acusados a expresarse en catalán y, por lo tanto, pedirá la traducción simultánea. Será un caso sin precedentes, porque ni el juicio a Francesc Homs por el 9-N se realizó en catalán ni se pidió un intérprete.
La abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha sacado las vergüenzas de la justicia española ante un tribunal de siete magistrados que, en principio, tienen que juzgar el caso del 1-O. De manera directa ha hablado de la incomodidad que representa internacionalizar la situación de Catalunya e incluso de que los gobiernos de Catalunya y España hablen para encontrar una solución. "Se ve con mucha incomodidad", ha afirmado.
Roig ha sido una de las defensas más contundentes hoy en la vista previa que tiene que decidir si el caso lo juzga el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Catalunya.
"Os molesta que otros tribunales europeos posicionen sobre lo que pasa en Catalunya", ha afirmado. "No nos podemos poner una venda cuando desde fuera nos indican cómo tendría que ser un estado democrático", ha añadido, refiriéndose a los procesos de los políticos que están en el exilio.
"¿Poner una papeleta en una urna es un alzamiento tumultuoso?", ha afirmado, para acabar con una conclusión clara: "Se está judicializando un problema político". "¿La sala está dispuesta a sacrificar hechos fundamentales?", así ha concluido Marina Roig.
Y siguiendo esta línea han ido interviniendo el resto de letrados.
Mariano Bergés, abogado de Dolors Bassa, ha insistido en que "la apertura de delegaciones en el extranjero es legal" y que "la campaña para el referéndum no es rebelión ni sedición". "En el propio auto de procesamiento no se hace referencia a ningún delito cometido fuera de Catalunya", ha concluido.
Josep Riba, abogado de Carlos Mundó, cuestiona que se hayan cometido hechos delictivos en el extranjero.
Sobre el delito de malversación dijo: "De todos los segmentos fácticos que los escritos de las acusaciones sitúan fuera de España, hay una falta de concreción fáctica importante, los indicios no tienen la suficiente entidad para que este tribunal tenga la competencia".
"Una parte del tribunal tiene una actitud muy cuestionable", ha afirmado el abogado de Mireia Boya, Carles López. "Se está vulnerando el derecho al juez ordinario y no se está articulando un mecanismo procesal para que las defensas puedan cuestionar la competencia del juicio", ha insistido.
En un tono subido, el abogado de Boya ha denunciado que "se quiere juzgar el independentismo" y que "de ninguna manera entendemos que Boya (que fue diputada) pueda ser juzgada en esta causa".
El abogado de Santi Vila también ha pedido juzgar la causa en Catalunya: "El TSJC impartirá la misma justicia que el Supremo".
Joan Segarra ha defendido que "quien ostenta la competencia y quien tiene que impartir justicia en este caso es el TSJC", y que "en ninguno de los escritos de acusación aparece un elemento que se haya hecho fuera del territorio catalán". El letrado ha reiterado que "ninguno de los acusados ha tomado una decisión con trascendencia patrimonial fuera del territorio catalán" y que Santi Vila no tiene condición de aforado.
Raimon Tomàs, abogado de Anna Simó, ha advertido que "estamos en una de las últimas oportunidades de llevar esta causa por el buen camino".
El abogado de Joan Josep Nuet, Enrique Leiva, ha cerrado el turno de las defensas alertando de que "se está juzgando la causa independentista y el criterio de la actividad parlamentaria".
La contundencia de las abogadas
Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell, ha abierto el turno más contundente de la vista por parte de las defensas, con las letradas, las mujeres que forman la defensa.
Arderiu ha afirmado que no hay nada que pruebe la acusación de la fiscalía: "Los escritos de las acusaciones dicen que ha habido hechos cometidos fuera de Catalunya, pero luego no concretan ninguno". La malversación también tiene muchos argumentos; el patrimonio público es de la Generalitat y, por lo tanto, reside en Catalunya", ha añadido. Y ha remarcado que "ninguno de los elementos que se indican en la rebelión o la desobediencia son competencia de esta sala".
La abogada de Carme Forcadell ha situado la acción y los hechos reales que acabaron pasando y, en este sentido, ha recordado que la proclamación del 27-O nunca fue efectiva: "Si se hubiera producido la declaración de independencia, sí que afectaría a toda España. Pero si se hubiera declarado la independencia, se habría realizado en el Parlament, por lo tanto, la competencia seguiría siendo de Catalunya".
Judith Gené, abogada de Ramona Barrufet, Lluís Guinó y Lluís Corominas, que hoy también ha representado a Joaquim Forn y Meritxell Borràs, porque su letrado Xavier Melero no ha venido, siguiendo su línea de evitar confrontaciones con el tribunal, ha puesto de relieve que "ya hay suficientes elementos excepcionales como para también interpretar dónde se tiene que juzgar la causa".
Y ha añadido que "ha quedado probado que todos los hechos se han desplegado en Catalunya y que, por lo tanto, no hay ningún argumento para arrastrar la competencia hacia este tribunal".