La abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha sacado las vergüenzas de la justicia española ante un tribunal de siete magistrados que, en principio, tienen que juzgar el caso del 1-O. De manera directo ha hablado de la incomodidad que representa internacionalizar la situación de Catalunya e incluso que los gobiernos de Catalunya y España hablen para encontrar una solución. "Se ve con mucha incomodidad", ha afirmado.

Roig ha sido una de las defensas más contundentes hoy en la vista previa que tiene que decidir si el caso lo juzga el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Catalunya.

"Os molesta que otros tribunales europeos posicionen sobre lo que ocurre en Catalunya", ha afirmado. "No nos podemos poner una venda cuando desde fuera nos indican cómo tendría que ser un estado democrático", ha añadido, refiriéndose a los procesos de los políticos que están en el exilio.

"¿Poner un boleto en una urna es un alzamiento tumultuoso?", ha cuestionado, para acabar con una conclusión clara: "Se está judicializando un problema político".

"¿La sala está dispuesta a sacrificar hechos fundamentales?", así ha concluido Marina Roig.

La contundencia de las abogadas

Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell, ha abierto el turno más contundente de la vista por parte de las defensas, con las letradas, las mujeres que forman la defensa.

Arderiu ha afirmado que no hay nada que pruebe la acusación de la fiscalía: "Los escritos de las acusaciones afirman que ha habido hechos cometidos fuera de Catalunya pero luego no concretan ninguno". La malversación también tiene muchos argumentos; el patrimonio público es de la Generalitat y por lo tanto reside en Catalunya", ha añadido. Y ha remarcado que "ninguno de los elementos que se indican a la rebelión o la desobediencia son competencia de esta sala".

La abogada de Carme Forcadell ha situado la acción y los hechos reales que acabaron ocurriendo y, en este sentido, ha recordado que la proclamación del 27-O nunca fue efectiva: "Si se hubiera producido la declaración de independencia sí que afectaría a toda España. Pero si se hubiera declarado la independencia se habría hecho en el Parlamento, por lo tanto la competencia seguiría siendo de Catalunya".

Judith Gené, abogada de Ramona Barrufet, Lluís Guinó y Lluís Corominas, que hoy también ha representado a Joaquim Forn y Meritxell Borràs, porque su letrado Xavier Melero no ha acudido, siguiendo su línea de evitar confrontaciones con el tribunal, ha puesto de relieve que "ya hay bastantes elementos excepcionales como para también interpretar dónde se tiene que juzgar la causa".

Y ha añadido que "ha quedado probado que todos los hechos se han desplegado en Catalunya y que por lo tanto no hay ningún argumento para arrastrar la competencia hacia este tribunal".