Irónico y agudo. El abogado de Gonzalo Boye ha pedido a la Audiencia Nacional que decrete la nulidad de las actuaciones contra él por la acusación de blanqueo de capitales en la operación Mito porque la Fiscalía y la magistrada instructora han vulnerado su derecho de defensa así como el secreto profesional. "La Fiscalía ha jugado con las cartas marcadas desde el minuto cero, y la magistrada instructora perdió su imparcialidad con los registros del despacho y del domicilio de Boye", ha afirmado con dureza el abogado Eduardo García Peña, por haberse apropiado de los documentos de su defensa, en la exposición de su informe, este jueves. "La Fiscalía ha faltado a la verdad procesal", ha reiterado el abogado de Boye, de quien ha asegurado, con ironía, que "el fiscal lo presentó como un simple gestor, que hizo gestiones de gestoría, cuando en realidad es abogado, penalista y entonces llevaba unos ocho acusados de esta causa". Una crítica abierta a la vulneración de sus derechos y del secreto profesional que tiene la abogacía.
El abogado defensor, además, ha insistido en que en el juicio no se ha demostrado que Boye "dirigiera y coordinara, según el fiscal" la presentación de unos documentos falsos a la Unidad Financiera el Sepblac para recuperar el dinero que se decomisó en el aeropuerto de Barajas en 2017, y que supuestamente era del tráfico de drogas. "Mi defensa material ya la han hecho", ha declarado Boye en el turno de la última palabra y señalando a su abogado.
Petición de 9 años y 9 meses de cárcel
Así, esta ha sido la última sesión del juicio contra el abogado de Carles Puigdemont, juzgado junto con el principal acusado, José Ramon Prado Bugallo, conocido por Sito Miñanco, y otras 53 personas por tráfico de drogas, que se inició el pasado 19 de noviembre. No obstante, el juicio continuará el próximo día 19 para los abogados que no han podido hacer sus informes finales, y a pesar de que una parte de los acusados ya han podido intervenir en el derecho de la última palabra. Así, quedan unas semanas para el definitivo visto para sentencia, que dicta el presidente del tribunal.
El fiscal mantuvo la petición de pena para Boye: 9 años y 9 meses de cárcel por los delitos de blanqueo y de falsedad documental. La Fiscalía sostiene que ayudó a Prado Bugallo a recuperar unos 889.600 euros, de supuesta procedencia ilícita, decomisados en el aeropuerto de Barajas en febrero de 2017, cuando otro acusado, Manuel González Rubio, declaró que el dinero era suyo para un negocio de Colombia. González Rubio aportó unas letras de cambio sobre el origen del dinero, en el procedimiento ante el Seplac y el tribunal de lo contencioso-administrativo, que le realizó el despacho de Boye.
El registro del despacho de Boye
En la exposición, el defensor de Gonzalo Boye ha afirmado que la titular del juzgado central de instrucción 3 aprobó el registro del despacho y del domicilio del penalista solo después de la declaración de otro acusado, Manuel Puentes Saavedra, en julio de 2019, que incriminaba a Boye, al asegurar que estaba en el despacho del penalista, junto con Prado Bugallo, a quien asegura que pertenece el dinero, cuando la policía ha comprobado que Prado no estaba.
En el registro de octubre de 2019, el abogado ha asegurado: "Más de diez policías estuvieron catorce horas y al final se llevaron solo dos documentos de Boye, que eran para defenderse y desmentir la declaración de Puentes Saavedra". Y ha añadido: "No es un caso con metástasis procesal que hay que extirpar una parte, como expresa el Supremo, sino que está muerto desde el minuto 1" por la vulneración de derechos.
El abogado también ha pedido la nulidad de la pieza 7 de la causa, donde está todo el material decomisado del móvil y el ordenador de Boye. Ha destacado que la policía cogió correos electrónicos y mensajes desde 2010, cuando la causa se inicia por hechos de 2017. La magistrada ordenó guardar en la caja de la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) todos los mensajes y correos de Boye y su despacho, y ha preguntado: "¿Cuándo se eliminarán los documentos y contactos de Boye? ¿Cuando se jubile la LAJ?".
Además, ha criticado que los documentos de defensa, al levantarse el secreto, se entregaron a la Fiscalía y a la defensa de Puentes Saavedra, y por eso ha insistido en que se han vulnerado gravemente sus derechos. El material incluye las conversaciones que Boye mantenía con abogados, como Isabel Prado, que ya colaboraba con su despacho, aunque la policía "malinterpreta porque es la hija de Prado Bugallo y no dice que es abogada".
Motivos espurios
"Para condenar a Gonzalo Boye hay que demostrar que las letras de cambio eran falsas, que lo sabía y que era consciente del origen del dinero. Y en el juicio, con las testificales y la documental, nada se ha demostrado; los naipes han caído", ha manifestado su abogado.
García Peña ha pedido al tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, que no tenga en cuenta la declaración incriminatoria de Puentes Saavedra, porque tiene "motivos espurios". Incriminó a Boye y al día siguiente salió en libertad, a pesar de ser sospechoso del asesinato de otro acusado de la operación Mito y de tener una condena por tráfico de drogas suspendida por toxicomanía.
El abogado ha recordado que Puentes Saavedra ha ido cambiando su declaración, también en el juicio, y ha criticado abiertamente al fiscal Ángel Bodoque por pedir que el tribunal le aplique una atenuante.
Ningún original de los documentos
El defensor de Boye también ha puesto en duda la falsificación documental y ha asegurado que ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el proceso contencioso, dijo nunca que fueran documentos falsos. Se han aportado copias, ha asegurado, y ha contextualizado los mensajes de los acusados para indicar que no han cometido ningún delito.
"No hay ninguna prueba de que Boye confeccionara, dirigiera o coordinara, como ha dicho al final el fiscal, estos documentos, que él mismo aportó", ha concluido Eduardo García Peña, en su informe de dos horas salpimentado de sorna y firmeza argumental. Y, por todo ello, ha pedido la absolución de Gonzalo Boye.