Enésimo intento de la extrema derecha para hacer un show del 'caso Begoña'. Tres pseudoperiodistas han intentado este viernes colarse en la sala donde declara Begoña Gómez como investigada por delitos de corrupción y tráfico de influencias. Los comunicadores ultras han conseguido acceder dentro del juzgado haciéndose pasar como asesores de las acusaciones, pero el juez Juan Carlos Peinado no los ha dejado entrar dentro de la sala donde tiene que declarar la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es el caso de Vito Quiles, un redactor de 7NN y también el presidente de Distrito TV, Jesús Ángel Rojo, que ha ido como acompañante de la acusación aprovechando su condición de abogado. Los pocos periodistas que sí que han conseguido acceder de forma acreditada (el acceso estaba limitado) han visto algunos de estos comunicadores ultras tomar imágenes del paso de Begoña Gómez por los pasillos, cosa que está prohibido hacer. OkDiario ha acabado publicando un video de la esposa de Sánchez dentro de los juzgados.
Begoña Gómez ha entrado dentro de los juzgados sin ningún periodista la viera hacerlo, ni por la puerta principal del juzgado ni por el parking, que es por donde se preveía que entrara. Tampoco ha sido acompañada, pues, por Pedro Sánchez. Se especulaba esta semana si el presidente del Gobierno haría algún gesto político de 'hombre enamorado' acompañando a su esposa ante el juez. No ha sido así, y la entrada de Gómez ha sido la más discreta posible, porque no ha sido grabada. En el exterior del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid hay una treintena de ultras que se manifiestan contra la esposa de Pedro Sánchez y sus supuestos hechos delictivos. Ha caído, también, algún cántico de 'No nos engañan, Catalunya es España'.
La investigación a Begoña Gómez
La defensa de Gómez ha insistido incansablemente en las últimas semanas a preguntar al juez Juan Carlos Peinado qué indaga. Y la respuesta se ha limitado a señalar que investiga "todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo desde que su marido es presidente del gobierno de España" y que se incluyen en varias denuncias presentadas por sindicatos de extrema derecha como Manos Limpias o Hazte Oír. El caso es que la Fiscalía Europea ya se quedó la única pieza del caso de que, en opinión de la Audiencia de Madrid, era investigable: la relativa a la adjudicación de contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es. Por eso la defensa de Begoña Gómez insistía en preguntar a Peinado qué indaga.
Las acusaciones de la extrema derecha a Begoña Gómez
Manos Limpias acusa a Gómez de aprovecharse de su condición de esposa del presidente español para recomendar empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. Y denuncia que el empresario Juan Carlos Barrabés recibió adjudicaciones públicas por valor de 10 millones de euros, además de organizar el Máster de Transformación Social Competitiva de Gómez y ser contratado como profesor asociado por su cátedra.
Además, Manos Limpias apunta que Víctor de Aldama, investigado por la Audiencia Nacional como presunto intermediario en el 'caso Koldo', era el contacto de Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones de euros antes de negociar el rescate de la compañía. El mismo sindicato ultra también denuncia que Air Europa acordó pagar 40.000 euros anuales en el África Center de Gómez y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía 15.000 euros anuales en vuelos de primera clase para Gómez y su equipo.
Hazte Oír, por su parte, acusa a Gómez de tráfico de influencias destacando que desde la entrada de Sánchez en la Moncloa han aumentado sus vínculos empresariales. La asociación también señala un contrato de adjudicación directa del Gobierno a Inmark Europa, empresa de la cual Gómez es accionista, y su relación con el Grupo Globalia y los rescates del Gobierno en varias empresas del grupo. Además, denuncia que la Universidad Complutense de Madrid contrató el desarrollo de una web para captar datos de clientes potenciales bajo la marca Transforma TSC, administrada por Gómez.
Vox, por su parte, ha presentado una querella por tráfico de influencias relacionada con un software que Gómez patentó en el marco del máster de la Universidad Complutense que co-dirigía. Vox sostiene que Gómez utilizó recursos públicos para desarrollar el software y consiguió financiación adicional a través de la UCM, utilizando contactos y recursos institucionales para facilitar su actividad empresarial encubierta.