El general del Aire Miguel Ángel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), que dimitió el sábado tras conocerse que se había vacunado contra la Covid de forma irregular, vivía en un chalet con piscina en el centro de Madrid, todo ello a cargo del contribuyente. Además, el chalet fue reformado durante su corto periodo de mando, apenas un año, por un valor de más de 66.000 euros. Las facturas las pagaba el Estado Mayor de la Defensa, es decir, el erario público.
Así lo avanza El Confidencial Digital, que señala que Defensa adquirió numerosos muebles y electrodomésticos y renovó el aire acondicionado del llamado “pabellón de cargo”, una residencia ubicada en el recinto del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en Madrid.
Miguel Ángel Villarroya (la Galera, Montsià, 1957) conocido por sus desconcertantes ruedas de prensa durante el punto álgido de la primera ola del coronavirus, empeñado en militarizar a la sociedad, dimitió el sábado y este martes el Consejo de Ministros dará a conocer el nombre de su sustituto.
Durante su corto mandato, Villarroya ocupó un chalet con piscina al aire libre donde se han hecho reformas como el montaje de un sistema de aire acondicionado o el reacondicionado de las dependencias, además de la adquisición de mobiliario y electrodomésticos -entre los cuales televisores de 49 pulgadas- para varios pabellones de Defensa, entre los que se cuenta la vivienda del JEMAD. Según el medio citado, la suma de esos gastos extra asciende a más de 66.000 euros.
A cuenta del contribuyente
Todos esos gastos fueron imputados a Defensa a cuenta de los presupuestos generales. Es decir, el contribuyente costea la vivienda del JEMAD, incluida la reforma, así como otros pabellones para otros altos cargos militares.
Algo parecido sucede con la Casa Real, donde aparte del presupuesto millonario asignado a Felipe VI y su familia, van al erario público multitud de gastos, tanto los de mantenimiento de su vivienda, el palacio de la Zarzuela, como extras como los conocidos el lunes, como el mantenimiento de tres piscinas de uso privado de la familia real, a cargo de Patrimonio Nacional, un ente que, en teoría, vela por la preservación del patrimonio histórico y cultural, pero que también costea los ayudas de cámara del exiliado Juan Carlos.