Se agranda la brecha entre el Poder Judicial y el Gobierno a causa de la ley de amnistía. Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial han querido introducir un nuevo punto en el orden del día del pleno de este lunes sobre la “defensa de la independencia judicial frente a determinados ataques de miembros del poder ejecutivo”, después de las declaraciones que la semana pasada hizo el ministro Óscar Puente, muy crítico con la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación. Los vocales propuestos por el PP proponían aprobar un pronunciamiento, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, que alertara que, con estas manifestaciones, “solo se consigue el desgaste de la Justicia y el cuestionamiento de su independencia”, y que hiciera un “nuevo llamamiento para la contención y la prudencia en la crítica a las resoluciones judiciales en particular y al Poder Judicial en general”. Sin embargo, los vocales progresistas se han opuesto a introducir esta cuestión en el orden del día y no se ha llegado a discutir.
Fue el lunes pasado cuando el ministro Óscar Puente reprobó la interpretación que hace el Supremo de la ley de amnistía “no tiene por dónde agarrarse”, reprochó al Alto Tribunal que “se extralimite” en su lectura de la norma del olvido penal y sostuvo que lo único que consigue es “retrasar la implementación de una ley que es clara y terminante”. Los vocales del CGPJ consideran que estas declaraciones están “fuera de los límites que exige la separación de poderes y el respeto entre los mismos” y son muy críticos con el hecho de afirmar que el Supremo se extralimita al interpretar una ley, “cuando esta es la función principal que atribuye la Constitución a los órganos judiciales”.
Después del fracaso de hoy de los conservadores, que han visto como los progresistas les paraban los pies, los vocales podrían volver a intentar introducir la iniciativa en el orden del día de otro pleno para poderla debatir en el futuro. La iniciativa estaba firmada por José Luis Costa, José Antonio Montero, Pilar Jiménez, Eduardo Martínez, Gema Espinosa, José María Páez, Esther Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal.
“Declaraciones que exceden de lo que es el legítimo uso de la libertad de expresión”
Los conservadores han intentado convencer a los progresistas alegando que la “principal función que constitucional y legalmente se atribuye al CGPJ es la defensa y garantía de la independencia judicial” y lamentando que desde la constitución del nou CGPJ, el 25 de julio de 2024, “se han producido declaraciones públicas de miembros del Gobierno” que “exceden de lo que es el legítimo uso de la libertad de expresión y de las críticas moderadas y racionales a las resoluciones judiciales, siempre susceptibles de impugnación por los cauces legales”. “No hay democracia ni Estado de derecho sin un Poder Judicial independiente que se perciba como tal por los ciudadanos”, concluía la propuesta, de cinco párafos.
Además, esgrimían que estas manifestaciones son “especialmente graves” porque provienen de “personas con altas responsabilidades institucionales” y porque “obvian los llamamientos” que hicieron el Pleno y la Comisión Permanente hace meses y de las que “se ha hecho eco el Informe sobre el Estado de derecho en 2024 en España de la Comisión Europea”. Así pues, los vocales conservadores querían que el pleno declarara su “más firme rechazo a las referidas manifestaciones” y solicitara a los responsables que “cesen” sus declaraciones en términos similares a estas.
Algo parecido sucedió en febrero, todavía con el CGPJ con el mandato caducado. El pleno aprobó por unanimidad una declaración que proclamaba que es necesario “asegurar en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial” y “evitar descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial”. Este pronunciamiento llegaba después de las críticas de Míriam Nogueras a Manuel García-Castellón. Un par de semanas antes, el CGPJ había acusado a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera de “deslealtad institucional” por decir que García-Castellón “nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en la misma dirección”.
El cuarto intento para elegir a la presidencia del CGPJ será el 2 de septiembre
Lo que sí ha acordado hoy el CGPJ es reanudar el lunes 2 de septiembre a las 17 horas el pleno que tiene que decidir la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo. De momento, está encallada por el enroque de progresistas y conservadores después de que los veinte vocales hayan encadenado tres fracasos en los primeros intentos de encontrar un nombre que reciba los votos necesarios. En el último pleno acerca de esta cuestión, el 5 de agosto, el desenlace fue posponer la decisión. El objetivo es que haya fumata blanca antes del 5 de septiembre, el día de la Apertura del Año Judicial.