Dos responsables de Vodafone han admitido que no pagaron ninguna licencia ni canon al Ayuntamiento de Badalona por instalar una antena de telefonía móvil en una zona calificada para equipamiento cultural, al lado de la comisaría de la Guardia Urbana, en el 2012, en la segunda sesión del juicio contra el alcalde badalonés, Xavier García Albiol, y otros cinco excargos municipales, en la Audiencia de Barcelona, este martes. La responsable de la compañía en el territorio hasta abril del 2013, Júlia Vilà, ha especificado que la antena era "provisional" ante la emergencia de falta de cobertura en aquella zona, que también afectaba a la policía local y a los servicios de emergencias, y que no sabía que se había mantenido hasta el 2018. "No se pagó porque se quería conseguir un convenio", ha declarado. En un peritaje, la Oficina Antifraude de Catalunya cifró en 17.448 euros, el dinero que tendría que haber recaudado el consistorio por la instalación de esta antena y otra de Movistar. La Fiscalía pide 2 años y 10 meses de prisión y 10 años de inhabilitación a cargo público para García Albiol por el delito de prevaricación porque lo considera responsable máximo de estas instalaciones sin licencias urbanística y ambiental.
La responsable de Vodafone y una técnica han explicado al tribunal que desde el Ayuntamiento de Badalona se las derivó a la empresa pública Engestur, encargada de las licencias, y que mantuvieron una reunión con el entonces consejero delegado de Engestur, Tomás Vizcaino -uno de los acusados, que también se enfrenta a 2 años y 10 meses de prisión- en la cual les expusieron a que dijeran en qué zonas necesitaban poner antenas de telefonía móvil. Han añadido que no hablaron nunca con el alcalde García Albiol y que las gestiones fueron siempre con Miguel Ángel Sánchez Ruiz, subcontratado por Engestur para gestionar los permisos de telefonía, y no imputado en este procedimiento. No han citado ninguna intervención del resto de procesados. La técnica ha explicado que como era una instalación provisional, inició los trámites, mientras se pedían los permisos, nunca obtenidos. También ha admitido que después de un tiempo tenían que pedir ayuda a Sánchez para arreglar los aparatos porque la Guardia Urbana no les dejaba entrar por el "recelo" de algunos agentes sobre las posibles emisiones cancerígenas de las antenas.
Solicitud denegada en el 2009
Antes, ha declarado un agente de los Mossos de Esquadra que ha detallado que requirió al Ayuntamiento de Badalona si había contestado a un sindicato policial sobre si la instalación de las dos antenas móviles en el Turó d'En Caritg tenían permisos, y el consistorio respondió que no tenía nada. Con todo, preguntado por el abogado de Albiol, Cristóbal Martell, si no le constaban las respuestas que sí que dieron desde el área de Vía Pública y la de Seguridad Ciudadana, que constan al sumario, el responsable policial se ha excusado diciendo que su actuación solo fue durante la investigación de la Fiscalía y que lo dejaron cuando se judicializó el caso.
La defensa de Albiol sostiene que toda la acción de las antenas fue dirigida desde de Engestur, y que el alcalde atendió los agentes de la Urbana que le expresaron su temor a que estas instalaciones pudieran emitir radiaciones cancerígenas. Nada hablaron de las licencias, sostiene. Lo mismo manifiesta el abogado Josep Riba, en el caso del exconcejal de Seguridad Ciudadana de Badalona y actual concejal del PP en Santa Coloma, Miguel Jurado. En su escrito de defensa, Riba detalla que ante el temor policial, se encargaron dos informes medioambientales, en el 2012 y en el 2014, que concluyeron que todos los parámetros eran normales.
El responsable policial también ha indicado que encontraron los expedientes de solicitudes de dos empresas -Vodafone y France Telecom-, que en el 2008 y 2009 solicitaron poner antenas en el mismo lugar|, en el Turó d'en Caritg, y no obtuvieron la autorización. Entonces la alcaldía de Badalona era dirigida por el socialista Jordi Serra.
La vista continúa mañana, miércoles, con la declaración de más testigos, y está previsto que los acusados declaren el próximo martes, después de las periciales. En la sesión, el presidente de la sección 5.ª de la Audiencia de Barcelona, Josep Maria Assalit, ha dirigido el juicio en castellano (porque el abogado de Vodafone es de fuera), aunque el magistrado ha hecho intervenciones en catalán, como hace habitualmente. Sin embargo, a un testigo que ha empezado a declarar en catalán, el magistrado le ha ofrecido un traductor, y al final ha cambiado de lengua.
