La mayoría independentista de la Mesa del Parlament ha dado un paso más por defender la delegación de voto de Lluís Puig después del veto del Tribunal Constitucional, llegando a un nuevo acuerdo para asegurar que el voto del exconseller y diputado en el exilio salga publicado en los documentos oficiales y por lo tanto, que sea efectivo, unos documentos oficiales que no tienen una fecha exacta por publicarse ni un plazo fijado. "Hemos llegado al acuerdo de asumir las consecuencias políticas y jurídicas para mantener el voto de Lluís Puig", han apuntado fuentes parlamentarias nada más se ha acabado la reunión de la Mesa, que se ha convocado en una sesión extraordinaria celebrada una vez ha acabado el pleno de esta semana. ¿Cómo se materializará? Los miembros independentistas de la Mesa asumirán la responsabilidad sobre el acta del pleno de estos dos días y su publicación, un acta donde se reflejará, aseguran fuentes parlamentarias, el voto de Lluís Puig. El acuerdo literal establece que la Mesa asume la responsabilidad "a todos los efectos del contenido del acta de sesiones plenarias y de los acuerdos tomados en las sesiones plenarias", un acuerdo que se ha hecho siguiendo las recomendaciones de los servicios jurídicos de la cámara para proteger a los funcionarios de cualquier responsabilidad.
La reunión ha empezado a las ocho y media y se ha alargado hasta pasadas las diez de la noche. Desde fuera, se han oído gritos y también risas. Los miembros del PSC se han marchado primero y se han limitado a decir que han votado en contra del acuerdo. El segundo a marcharse ha sido el cupero Carles Riera, y en la sala se han quedado un rato hablando miembros de ERC y Junts. Esta decisión es un acuerdo que ya habían dibujado desde un inicio los partidos y que ahora se ha acabado oficializando. Lo que había pasado hasta ahora después de que el TC anulara su voto es que la presidenta Laura Borràs había contabilizado verbalmente el voto de Lluís Puig, aunque durante estos dos días de pleno no había salido reflejado en el panel electrónico que muestra los votos de la cámara, ya que la Mesa indicó al departamento de audiovisuales que no activara su voto para evitar comprometer funcionarios, que habían pedido no tener que hacer esta función.
Este acuerdo en un inicio era incierto y todavía no se sabía exactamente cómo se podría contar oficialmente el voto, y por eso este jueves mismo a última hora se han seguido cerrando flequillos. Antes, sin embargo, se han escenificado reproches, y es que la CUP ha enviado a la militancia una circular en la cual ha asegurado que la propuesta inicial de Junts era contabilizar el voto de manera "meramente simbólica", y asegurando que fueron los anticapitalistas los que propusieron que la Mesa asumiera todas las responsabilidades políticas y jurídicas. Borràs ha contestado estos reproches asegurando que fue ella quien trasladó la propuesta. Acabada la reunión, la CUP ha celebrado que la Mesa haya llegado "más lejos que nunca", mientras que el entorno de la presidenta ha explicado que siempre ha estado dispuesta a defender los derechos civiles y políticos.
¿Volverá el PSC a la judicialización?
El Parlament cierra este lunes las puertas más tarde de lo habitual, y las reacciones a esta decisión llegarán, previsiblemente, durante el viernes. De hecho, bastantes diputados que no tienen representación en la Mesa se han sorprendido ante el despliegue mediático en las puertas de la Mesa una vez ya se había acabado el pleno, y es que desconocían que se celebraba esta sesión a última hora de la jornada.
Fue el PSC el partido que llevó la delegación de voto de Lluís Puig al Tribunal Constitucional, y ahora habrá que ver si los socialistas insisten y avisan a la justicia de que los independentistas han desobedecido las indicaciones. En paralelo, Vox ya ha convocado una rueda de prensa al mediodía donde puede darse la posibilidad de que anuncie una acción judicial contra la Mesa. Ciutadans ya se adelantó y el miércoles mismo presentó un escrito al TC pidiendo que remita la actuación en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por posible "prevaricación y desobediencia".
La diferencia con el Caso Juvillà
Este caso para mantener la delegación de voto de Puig ha hecho recordar cómo se gestionó el intento para preservar el escaño del diputado de la CUP Pau Juvillà. Aquella gestión fracasó y el independentismo salió fracturado, y de aquella experiencia los partidos independentistas aseguraban estos días que habían aprendido la lección, sobre todo teniendo en cuenta que no se podía focalizar la presión sobre las actuaciones de los funcionarios. En este caso, es la Mesa que decide asumir las consecuencias sin implicarlos, aunque los letrados ya han advertido de las ilegalidades que puede suponer mantener a esta delegación.
La mayoría independentista, en este caso, se aferra al hecho de que el TC anuló el acuerdo del 25 de marzo del año pasado de la Mesa que admitía la solicitud de Puig para delegar su voto. Pero según los partidos independentistas, este acuerdo no es el que ahora hay vigente, ya que la delegación de voto entonces recaía en Gemma Geis, que dejó el escaño una vez fue nombrada consellera de Universidades. Entonces, la delegación pasó a manos de la portavoz de JxCat, Mònica Sales. Este es el acuerdo que los partidos defienden a estas alturas que hay vigente, y que por lo tanto el TC no ha dicho explícitamente que queda anulado, a pesar de la jurisprudencia que supone que si se haya anulado la delegación en Gemma Geis.