Parece que hay prisa para hacer volver a las prisiones a los nueve dirigentes independentistas. Pero no es tan importante quién llega primero a la photo finish, sino si realmente alguien está realmente legitimado legalmente para cargarse el indulto del Gobierno. La cuestión la tendrá que decidir la sala contenciosa del Tribunal Supremo, que ya ha empezado a recibir una lluvia de recursos contra la medida de gracia. Ayer fue la entidad españolista Convivencia Cívica Catalana, y hoy ha sido el turno de los partidos políticos de la derecha unionista.
La primera formación ha sido Ciudadanos. Lo han presentado conjuntamente Inés Arrimadas y su portavoz y abogado Edmundo Bal. Desde las puertas del mismo Supremo han anunciado el registro de nueve recursos, que también piden la suspensión cautelar de la salida de prisión. No se presentan en nombre del partido, sino individualmente, en nombre de la entonces líder de la oposición (Arrimadas), del diputado y portavoz Carlos Carrizosa y del exmiembro de la Mesa José María Espejo Saavedra. Han pedido la legitimación porque "estaban allí", en el Parlament de Catalunya, "en primera fila". Y "se les privó de su derecho a la participación política", argumentan.
A continuación, ha sido el turno de la extrema derecha, también a las puertas del Tribunal Supremo. Su recurso también pide medidas cautelares. Lo ha presentado el líder de Vox Santiago Abascal, en una comparecencia sin preguntas, sin muchos detalles y acompañado de un grupo de simpatizantes ultras. El dirigente del partido ultraderechista ha entonado un lo volveremos a hacer particular: "Les volveremos a hacer sentarse en el banquillo de los acusados y acabarán de nuevo en la cárcel si atacan la legalidad constitucional". Fueron parte del juicio, como acusación popular, pero no está tan claro que puedan ser considerados parte afectada por los indultos.
En esta ecuación sólo falta el Partido Popular, que todavía no ha presentado el recurso, pero tiene previsto hacerlo muy pronto. Justifican su legitimación en una doble vía. En primer lugar, alegará que es "víctima de los CDR" por una supuesta búsqueda en Google de su nombre (la Audiencia Nacional no le da esta condición de víctima). En segundo lugar, los conservadores argumentan que "la Fiscalía fue la que actuó contra los independentistas y gracias a estas medidas del gobierno estos señores fueron a la prisión". Todo esto a instancias del Gobierno Rajoy.
Hoy mismo Pablo Casado lo ha calificado de "humillante". Sin embargo, al ser preguntado si el indulto de Aznar a quince miembros de Terra Lliure era una "humillación a España", el dirigente conservador no ha tenido más remedio que esquivar la cuestión.
¿Qué dice el Gobierno?
Ante la lluvia de recursos anunciada por los tres partidos de la derecha contra los indultos, desde La Moncloa dicen estar "tranquilos". En la rueda posterior al Consejo de Ministros de hoy, la ministra-portavoz María Jesús Montero ha asegurado que no cree que prosperen porque "este gobierno tiene competencias exclusivas en esta materia" y porque la medida de gracia está bien justificada. "Contribuyen a la concordia, el diálogo y el mejor entendimiento", ha asegurado la dirigente socialista, que también ha reprochado que se diriman desde la justicia cuestiones que deberían abordarse desde la política.