La derecha españolista carga con fuerza. Vox, Ciutadans y el Partido Popular han exigido a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que dimita. Es un llamamiento que ya han pronunciado en numerosas ocasiones, y que ahora recuperan después del anuncio de ayer de que Borràs será juzgada por el caso de los contratos fraccionados, cuando era directriz de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Aunque el procedimiento todavía no ha empezado y la presidenta no ha sido condenada todavía, las tres formaciones ya ven indicios suficientes para reclamar que abandone la presidencia de la cámara catalana y que deje su escaño.
El primero a pronunciarse fue el líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, que ayer ya pidió en un tuit la dimisión de Laura Borràs. "Tenemos una presidenta que es una potencial delincuente. Por el bien de todos los catalanes, dimita", insistió. El magistrado sostiene que hay indicios para juzgarlos por el delito continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos.
"Este asunto apesta"
De la misma manera se ha pronunciado se ha pronunciado hoy el líder de Ciutadans en el Parlament, Carlos Carrizosa, que afirma que hay "indicios claros de criminalidad". "Este asunto apesta", ha advertido, y ha dicho que "a cualquier persona se le caería la cara de vergüenza de tener este rosario de delitos y no dimitir". Así se ha pronunciado, con toda contundencia: "Tiene que dimitir, está obligada a dimitir, es una vergüenza que sea imputada por estos hechos y no dimita". En esta línea, ha advertido de que, si no lo hace, pedirán que se aplique el artículo 25.4. Según este, "en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento, tiene que acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata". Además, si no dimite, también reclamarán que dé explicaciones delante de los diputados al Parlament.
Finalmente, la diputada del PP Lorena Roldán también se ha pronunciado en este sentido, afirmando que "ha salido en la fotografía de la corrupción", y que demuestra "cómo de institucionalizada está la corrupción". "Exigimos la dimisión de Borràs para salvaguardar el prestigio del Parlament", ha dicho, y también ha avisado de que invocarán el artículo 25.4 si no se marca. Sin embargo, esta es su demanda principal: "No puede ser ni un minuto más la presidenta del Parlament ni diputada. Que se ahorre esta vergüenza y dimita".
PSC y comunes también piden el 25.4
Los socialistas y los comuns no han pedido que dimita, pero sí que han aprovechado para pedir que Laura Borràs sea suspendida cuando empiece el juicio por el caso de los contratos fraccionados. La portavoz del PSC, Alícia Romero, ha afirmado que el artículo es "limpio y esclarecedor, y no necesita demasiadas aclaraciones", de manera que se tendría que aplicar. Por su parte, el portavoz de los comunes, David Cid, también ha reclamado que se suspendan los derechos y deberes de Borràs como diputada cuando sea juzgada: "Es un caso de presunta corrupción que no es comparable con la judicialización del 1 de octubre o con los procesos de judicialización de la política que viven dirigentes del independentismo".
300.000 euros malversados
En la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de treinta páginas, el magistrado instructor del TSJC detalla los dieciocho contratos menores (de 18.000 euros) que Laura Borràs como directora de la Institución aprobó para realizar servicios informáticos en la web de la ILC del 2014 en el 2017. De este total, concedió seis a Isaías Herrero, cifrados en 112.502 euros. También detalla que Borràs y Herrero se conocían de antes, al haber trabajado los dos en Hermeneia, un grupo de investigación literario. Borràs y Herrero se ayudaron de Roger, cuñado de Isaías, y de Andreu, responsable de gestión administrativa de la ILC, para ejecutar estas actuaciones delictivas, quienes también serán juzgados. El magistrado expone que hay correos electrónicos donde Borràs explica a Herrero cómo presentar propuestas de presupuestos, quien se presenta con su nombre y otros de encubiertos, como a través de la cooperativa Red Integral, la cual gana algunos de los concursos y pagó a Herrero unos 22.000 euros. El total de los fondos malversados se sitúa en unos 300.000 euros.