El grupo parlamentario de Vox en Catalunya ha denunciado ante el Síndic de Greuges a un profesor de catalán del Instituto Ernest Lluch de Barcelona por hablar en clase sobre el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el rapero Pablo Hasél. Vox ha pedido que se abra un proceso sancionador contra el profesor y la dirección del centro.

El grupo de extrema derecha ha entregado al Síndic un dispositivo USB en el cual habría un vídeo donde supuestamente se ve el profesor defendiendo la inocencia de Hasél, Cuixart y los otros dirigentes independentistas.

Según ha denunciado Vox, el profesor habría expresado frases como "Todos sabemos que Pablo Hasél ha entrado en la prisión por haber hecho una serie de canciones y por haber escrito una serie de tuits... Por eso estará cuatro años en la prisión.

"El motivo por el cual este señor y muchos otros están en la prisión, han sido reprimidos o han sido perseguidos es por sus ideas y es para dar ejemplo. Es decir, Jordi Cuixart no está en la prisión porque sí", habría añadido.

El profesor también habría cargado contra la ley mordaza. "Ningún partido se dedica a eliminarla. Ya les interesa... Ya les va bien a todos, son incapaces de dar marcha atrás en una ley que va en detrimento de todos. Se cambian la cara, se ponen la verde, primero azul, después naranja, y ahora es verde... Y la gente se sorprende que la careta ahora sea verde", habría lamentado.

Vox considera estas valoraciones intolerables y ha recordado un informe del 2019 del Defensor del Pueblo que concluía que "ni la libertad ideológica, ni su concreción en las libertades de pensamientos y expresión, ni la libertad de cátedra pueden justificar actos de adoctrinamiento en el ámbito educativo".

Ofensiva judicial contra los avales del ICF

Por otra parte, el portavoz de la formación, Juan Garriga, ha avanzado en rueda de prensa que votarán en contra en el decreto de los avales que el Govern ha presentado para hacer frente a las fianzas del Tribunal de Cuentas y ha reivindicado la ofensiva judicial que han llevado a cabo contra estas medidas impulsadas por el Ejecutivo.

La ofensiva se concreta en una denuncia presentada ante la Fiscalía, una querella criminal en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y un recurso al Tribunal Constitucional (TC). La querella va dirigida contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el conseller de Economía, Jaume Giró, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, para ser los firmantes del decreto.

Parlament

Por otra parte, Garriga ha rechazado la invitación que la misma Vilagrà les ha hecho para asistir a un encuentro previo a la comisión bilateral que se celebrará el próximo 2 de agosto. La reunión, que se celebrará mañana 29 de julio a las 15h en el Parlament, no contará con la presencia de la formación de extrema derecha porque, según ha explicado Garriga, la bilateral "no tiene ningún sentido" porque "no hay conflicto entre España y Catalunya".

Garriga también ha informado de que la Mesa ha rechazado una solicitud que habían presentado para que los escritos y documentos que se hacen llegar a los grupos sobre cualquier tema en lo referente a la actividad parlamentaria fueran también en castellano. "Se vuelve a demostrar el sectarismo y la discriminación del castellano que han permitido durante demasiado tiempo los gobiernos de España", ha cargado.

 

Imagen principal: Fachada del Instituto Ernest Lluch de Barcelona / Foto: Google Maps