Vox presentó un escrito el jueves ante la Corte de Apelación de Cagliari para personarse en la vista que se celebrará el lunes en Sassari sobre la euroorden contra el presidente Carles Puigdemont. El partido de ultraderecha ha designado como representante a un abogado de un despacho legal de Roma. Pero la formación de Santiago Abascal no limitará su presencia a esta petición para personarse a la vista. La vicesecretaria jurídica del partido, Marta Castro, ha anunciado que viajará el lunes a Sassari para explicar el posicionamiento de su partido en relación este tema.

Castro, según informa Europa Press, aunque estará en Cerdeña no participará en la vista, pero tiene intención de exponer su parecer en declaraciones a la puerta del tribunal. Lo que posiblemente no se espera la dirigente de ultraderecha es que allí se puede encontrar con los eurodiputados Clara Ponsatí y Toni Comín, que tienen previsto acompañar a Puigdemont.

Vox ya se personó como acusación popular en el juicio que se celebró en el Tribunal Supremo contra los responsables del procés. Entonces, el número dos del partido, Javier Ortega Smith asumió personalmente este papel durante las sesiones que se fueron desarrollando a lo largo de casi medio año.

En este caso, la carpeta Puigdemont ha quedado en manos de la vicesecretaria jurídica de la formación de ultraderecha, que es también quien se encargó de firmar el escrito presentado el jueves ante el Tribunal de Apelación en que nombra al abogado Antero Ovoli, responsable de un bufete de abogados de Roma y con despacho en Madrid, como su representante en el procedimiento que se seguirá para decidir sobre la respuesta al euroodre.

Delito político

Esta semana, después de repetidas peticiones de la defensa de Puigdemont, el Supremo ha dado a conocer una parte de la documentación sobre la situación personal del president, que vive exiliado en Bélgica. Esta documentación, muestra los obstáculos con que la euroorden del juez instructor Pablo Llarena ha tropezado en diferentes países, entre los cuales, Suiza, que señaló que los hechos que se señalaban "parecen ser un delito político", lo cual entra en las excepciones previstas por el convenio europeo de extradición que fecha de 1957.

Este mismo viernes Puigdemont pidió al Tribunal General de la Unión Europea que le devuelva la inmunidad de forma cautelar. El TGUE ya había suspendido cautelarmente el mes de junio la decisión del Parlamento Europeo de aceptar el suplicatorio del juez Pablo Llarena mientras decidía sobre el recurso presentado por los tres eurodiputados catalanes. No obstante, a finales de julio descartó esta medida cautelar, con el argumento que no había riesgo inmediato de detención. El TGUE argumentó que el Estado español había asegurado, a través del Abogado del Estado, que la euroorden estaba en suspenso.

El Parlamento fijó ayer mismo un plazo de quince días para que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre esta nueva solicitud de medidas cautelares.

 

En la imagen principal, Carles Puigdemont domingo pasado con el alcalde de El Alguer / Efe