Insólito. El partido ultra Vox ha informado, este miércoles, de que ha presentado un escrito "a la sección 4 del Tribunal Supremo" en el cual pide "la declaración testifical" de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y del exdiputado de En común Podemos, Jaume Asens, por haberse reunido el lunes con el presidente en el exilio Carles Puigdemont, en la sede del Parlamento Europeo. En el comunicado, el partido de ultraderecha afirma que Puigdemont "es uno de los cuatro investigados sobre los cuales está pendiente su comparecencia ante la justicia para su enjuiciamiento". Sin embargo, la mayoría de fuerzas democráticas ha calificado esta reunión como el primer paso real para que el diálogo sobre el conflicto político catalán, inexistente desde el 2017, vuelva.
Vox no hace esta petición directamente al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que es el instructor de la causa penal contra el presidente catalán, y del cual anuló su detención en el ámbito internacional, a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre su inmunidad europea, retirada por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) recientemente. El partido es conocedor de la de este extremo porque se mantiene como acusación popular contra los líderes políticos catalanes en la causa penal en el Estado español.
Consecuencias penales
En el comunicado, Vox afirma que en su escrito "advierte al Tribunal Supremo" que la reunión entre los tres políticos "trata de disfrazar una visita de cortesía parlamentaria de Yolanda Díaz- argumentando que se realiza a título particular- "con el objeto de "desvincularse de las consecuencias políticas y penales que se pueden derivar". Para el partido de Santiago Abascal, la vicepresidenta Díaz y Asens "se han reunido con un prófugo de la justicia". Un término no del todo ajustado a derecho, ya que Puigdemont, después de los recursos de su abogado Gonzalo Boye, está personado en la causa penal del Tribunal Supremo (primero el juez Llarena no lo aceptaba), se le comunican todas las resoluciones, y por ahora no comparece, al sostener que no tendría un tratamiento justo. En Bélgica, Puigdemont tiene contacto directo con las autoridades judiciales, y, por lo tanto, tampoco es un prófugo.
Por ignorancia o para confundir, la formación ultra, pero sostiene que Díaz y Asens "son conocedores de la situación jurídica en la cual actualmente se encuentra Puigdemont" y añade que "recae sobre Díaz y Asens la obligación de promover la persecución de los delitos y de sus responsables y de no facilitar la comisión de otros de nuevos".
Análisis de sus planes
Finalmente, Vox manifiesta que solicita al alto tribunal español el análisis del "conocimiento directo de los planes de Carles Puigdemont que la vicepresidenta Díaz podría haber tenido de forma directa con el investigado, para evitar así futuros planes o actos delictivos por parte del encausado". La petición del partido de Abascal es hacer una investigación prospectiva a la búsqueda de hechos delictivos, prohibida en el ámbito penal. La respuesta del Supremo puede ser una no admisión a trámite de esta extraña petición.