El gobierno de Cantabria (PP) derogará la ley de memoria histórica y democrática de la comunidad autónoma después de que Vox lo haya solicitado en el Parlamento. Esta iniciativa del partido de ultraderecha, que pide al gobierno presentar cuanto antes mejor un proyecto para derogar la norma, ha contado con los votos en contra del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el PSOE, formaciones que impulsaron esta ley hace casi dos años cuando gobernaban en el ejecutivo cántabro.
El debate sobre esta ley de memoria democrática ha generado un clima de tensión en el pleno, que ha contado con la asistencia de varias personas procedentes de asociaciones memorialistas, a quienes la presidenta del Parlamento, la popular María José González Revuelta, ha llamado la atención en varias ocasiones por aplaudir o hacer comentarios durante las intervenciones. Incluso, les ha pedido que abandonaran la cámara. "Es una vergüenza", han denunciado mientras salían del hemiciclo después de producirse la votación.
Por su parte, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha cargado contra la actual ley por "moitir por completo a una parte de las víctimas". En esta línea, la miembro del partido de extrema derecha ha apuntado que "el dolor no tiene bandos". Una idea con la cual ha coincidido el popular Íñigo Fernández. Según el miembro del PP, esta norma aprobada por el anterior gobierno del PRC-PSOE es "parcial, sectaria, caprichosa" y surgió "sin diálogo" con el objetivo de "enfrentar a los cántabros". Así, Fernández ha criticado que, con la ley de memoria democrática, el secretario regional del PSOE y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, pretendía "decir a toda Cantabria de qué se podía hablar y de qué no", "subvencionar solo a las asociaciones memorialistas de un lado" y "adoctrinar en las clases".
A pesar de la crítica, el popular ha defendido preservar dos aspectos de la legislación actual: el derecho de las familias "sean del bando que sean" a recuperar si es posible los restos de las víctimas y los mecanismos para conservar la documentación existente.
El PSOE ha respondido las acusaciones del PP y ha subrayado que la ley de memoria histórica y democrática de Cantabria "no es solo para un bando" y, según ha apuntado su parlamentario Mario Iglesias, este asunto no se estaría debatiendo en otros países europeos porque las políticas de memoria son "un deber del Estado democrático desplegado por gobiernos de diferente color". "Es un tema de justicia, los derechos humanos no se pueden someter a la voluntad política, se cumplen o no se cumplen", ha remarcado.
Finalmente, el portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha asegurado que en esta sesión se han escuchado "cosas falsas y muy dolorosas para muchas de las víctimas". Hernando, que había ofrecido la colaboración del PRC para modificar la ley con el objetivo de no derogarla porque "es necesaria", ha afirmado que este lunes en el Parlamento de Cantabria "se ha dudado si es necesario una ley que claramente hace falta".