Vox presentó el jueves al TSJC la petición de detención del ex vicepresidente primero de la Mesa del Parlament de Catalunya, Josep Costa, por no presentarse a declarar. El miércoles Costa decidió no presentarse a la citación. Lo anunció una hora antes con un vídeo en Twitter. En aquel momento, la jueza que lleva el caso, Maria Eugènia Alegret, preguntó a las partes si pedían alguna medida cautelar, pero nadie dijo nada. Tampoco Vox, que actúa de acusación popular. Pero 24 horas más tarde, el partido de la ultraderecha entró una petición de detención por la "intencionada incomparecencia" de Costa. Alegret tiene la petición sobre la mesa sin resolver, según han explicado fuentes del TSJC a ElNacional.cat.

Boye ha hecho pública la petición hoy en un tuit.

Maria Eugènia Alegret tiene la opción de preguntar a la Fiscalía sobre la petición de Vox y a partir de aquí tomar la decisión de ordenar la detención de Josep Costa. Pero de momento ni lo ha hecho ni ha preguntado nada al ministerio fiscal. La jueza podría seguir el caso, de hecho, sin la declaración ni comparecencia de Costa, dando por acabado el tiempo de citaciones e interrogatorios para continuar con la instrucción.

La intención de Costa de llevar el caso a Europa

Josep Costa intentó, el martes pasado, que el TC suspendiera la causa para poder trasladarla al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Pero el Constitucional no ha resuelto todavía las medidas cautelares y, por lo tanto, el miércoles pasado la maquinaria judicial contra parte de la Mesa de Torrent, por permitir dos debates parlamentarios de resoluciones sobre la monarquía y la autodeterminación en noviembre del 2019 a pesar de las advertencias de los letrados de la cámara porque podían vulnerar la prohibición del Tribunal Constitucional, continuaba en marcha. La querella de la Fiscalía se admitió a trámite el mes de marzo y la semana pasada se hicieron las declaraciones de los acusados.

Según el escrito presentado al TC, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, alega una "infundada persecución penal", "contaminación y falta de imparcialidad" y una vulneración de los derechos humanos, que es la que se quiere llevar a Europa. Los abogados, entre los cuales está Gonzalo Boye, reclaman como medida cautelar la suspensión de la causa para poder trasladar el caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Por la mañana declararon el expresidente del Parlament Roger Torrent y Adriana Delgado, exmiembro también de la Mesa. Torrent y Delgado se acogieron a su derecho a no declarar y sólo respondieron algunas cuestiones a sus abogados. Están acusados por desobediencia. Josep Costa llevó la causa al Tribunal Constitucional para que la suspenda y abrió así la vía de Europa para presentar el caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.