Un día después de que el Tribunal Supremo (TS) haya confirmado la inhabilitación contra Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa y haya apuntalado la posición del juez instructor, Pablo Llarena, con los políticos exiliados, Vox ha vuelto a sacudir el Congreso de los Diputados con dos propuestas que nacen sin ninguna garantía de éxito. Por un lado, la extrema derecha propone una modificación de la ley electoral para que "los prófugos de la justicia" no se puedan presentar en las elecciones, es decir, que no tengan derecho al sufragio pasivo – el derecho a ser escogido en las urnas . De la otra, reclaman que convocar "un referéndum ilegal" esté perseguido en el Código Penal como delito. Las dos iniciativas han tenido el beneplácito del PP y Ciudadanos aunque han introducido matices.
Para empezar, el secretario general de VOX y diputado en la cámara baja, Javier Ortega Smith, ha mostrado desde el atril un fotomontaje donde aparecía Carles Puigdemont encerrado detrás de los barrotes de una cárcel, admitiendo que es "el único cartel electoral que se puede admitir en un estado de derecho". Para Ortega Smith, "no hay nada menos democrático que intentar concurrir en igualdad de condiciones con el resto de posibles candidatos cuando estás siendo prófugo de la justicia, cuando estás despreciando la ley en la que tienes obligación de someterte".
En un tuit escrito en inglés, el presidente Puigdemont se ha mostrado "orgulloso de ser la obsesión del partido fascista VOX" y ha indicado que se trata "de una vergonzosa persecución política que no tendría que ser tolerada ni por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ni por la española, Meritxell Batet". "Si hay políticos que te atacan por tus ideas y decisiones políticas; si estos políticos forman parte de la acusación popular de condenarte; si utilizan a tu persona para un debate político, y si quieren que dejes de hacer política... es persecución política", ha resumido Puigdemont.
La mayoría se desmarca; el independentismo se ríe
Desde el pleno, el resto de fuerzas independentistas también han censurado con dureza la propuesta de la ultraderecha. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha recordado que Ortega Smith está en busca y captura por parte de las autoridades judiciales de Gibraltar. Lo buscan desde el 2014 por el supuesto robo de un gran bloque de hormigón ubicado en un rompeolas artificial de aguas gibraltareñas y que la formación ultra exhibe como un trofeo de guerra. Rufián ha dicho que a Ortega Smith lo buscan "por la frikada del espigón y no respetar la soberanía de Gibraltar" y, al volver al escaño, le ha entregado el documento de la justicia. "Cada vez nos los tomamos menos seriamente" ha terminado Rufián. En la misma línea, el diputado de la CUP Albert Botran se ha mofado de la propuesta de VOX y ha negado que Puigdemont y el resto de exiliados sean "prófugos de la justicia" porque "se han presentado ante los jueces a Alemania, Bélgica, el Reino Unido, Italia y Suiza".
Los socialistas también se han encerrado en banda a la propuesta de VOX. El representante del PSOE Diego Taibo ha lamentado que se quiera "restringir un derecho fundamental, el derecho a participación política, y permitir que no puedan ser elegidas personas que no han estado ni juzgadas ni condenadas". En esta línea, Taibo cree que se está atentando contra la presunción de inocencia. "No se puede restringir este derecho por el simple hecho de que exista un indicio", ha sentenciado el diputado, que ha asegurado que la ley electoral española "no se puede modificar a golpe de impulso".
La iniciativa de Vox – que se votará este jueves - ha reunido el apoyo del resto de formaciones de la derecha, el Partido Popular y Ciudadanos. Por los populares, Edurne Uriarte ha atacado al PSOE a raíz de la sentencia del TS, que corrige la reforma del CP pactada entre el gobierno central y Esquerra. "Han dejado desprotegido el estado de derecho ante posibles nuevos golpes a la democracia [...] han abierto el camino de la impunidad con sus pactos" ha lanzado Uriarte, que ha relativizado el fracaso de las euroórdenes dictadas por Pablo Llarena por toda Europa: "Que Puigdemont y otros se hayan aprovechado de algunas lagunas en la coordinación europea no resta nada de gravedad en lo que están haciendo". En este mismo sentido, José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, ha ironizado diciendo que "algunos diputados" se presentan como "oprimidos" a pesar de tener "sueldos de 5.000 – 6.000 euros pagados por todos los españoles".
Vox, PP y Ciudadanos, aliados contra el referéndum
El Congreso también ha debatido sobre una proposición no de ley de Vox para tipificar como delito los referéndums ilegales. La idea ha contado con el visto bueno del PP y de Ciudadanos, pero estos dos han condenado una idea que el partido de extrema derecha también pretendía calar en la cámara baja: convocar un referéndum consultivo para ilegalizar partidos independentistas.
Primero ha sido Edmundo Bal quien ha señalado que la propuesta de Vox no tenía ningún sentido, porque la Constitución española no permite hacer referéndums consultivos sobre aquellas cosas que suponen la reforma de la misma Constitución. "Es decir, que Vox platea hacer un referéndum ilegal y al mismo tiempo tipificar el referéndum ilegal como delito", ha dicho el diputado de Ciudadanos ironizando sobre la voluntad de los ultraderechistas de encerrarse en la prisión a ellos mismos.
El PP, por otra parte, ha reiterado su apoyo absoluto a la tipificación como delito de la convocatoria de un referéndum de este tipo. De hecho, como los populares están en contra de otras medidas, ha pedido votar esta cuestión en un futuro en puntos separados para que quede constancia de que el PP quiere recuperar este delito. Ahora bien, el diputado Vicente Tirado Ochoa se ha opuesto a la idea de ilegalizar partidos independentistas, ya que a estos se les tiene que combatir con "rigor". "Hay que ganar en las urnas, pero sin vulnerar el espíritu constitucional", ha reiterado.