La extrema derecha quiere enviar a la cárcel a aquellos que negocien la investidura de un presidente español con "prófugos de la justicia" o "condenados o procesados" por "delitos contra la Constitución", en referencia a las negociaciones del PSOE con Carles Puigdemont (a quien Vox considera un "prófugo de la justicia") y con Oriol Junqueras para investir a Pedro Sánchez. Es la réplica que hace Vox a la proposición de ley de amnistía a través de la enmienda a la totalidad con texto alternativo que la formación de Santiago Abascal ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados.
Específicamente, el partido ultra quiere introducir un nuevo delito en el Código Penal para castigar los que negocien "asuntos propios de las Cortes Generales" con "condenados, procesados o sustraídos de la acción de la justicia por delitos contra la Constitución, el orden público, la traición y la independencia del Estado y la paz y defensa nacional", según reza la formación en un comunicado. El texto registrado por Vox propone que estos delitos sean castigados con penas de 6 a 10 años de prisión y de inhabilitación especial para ocupar ningún cargo público e incluye todos los que "cooperen, colaboren, se reúnan o faciliten actuaciones" con esta finalidad.
En un breve vídeo difundido a los periodistas, el portavoz adjunto de Vox en el Congreso, José María Figaredo, reivindica que el objetivo de la formación de extrema derecha es "arrebatar al Gobierno todas las armas que está utilizando para perpetrar un golpe de estado desde La Moncloa".
Recuperar el Código Penal de Aznar sobre los referéndums
En relación con los referéndums, Vox aboga por prohibir explícitamente los "referéndums sobre la integridad territorial de la nación". Los de Abascal quieren recuperar buena parte del redactado que introdujo la mayoría absoluta del PP de José María Aznar en diciembre del 2003 y que se eliminó dos años después con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa.
Sin embargo, la formación de extrema derecha apuesta por endurecer aún más el Código Penal que impulsó Aznar. En concreto, propone penas de 3 a 5 años de prisión y de 3 a 8 años de inhabilitación para las autoridades o funcionarios que convoquen o autoricen "consultas populares por vía de referéndum" sin tener competencias para ello y de 5 a 10 años de prisión y de 5 a 15 años de inhabilitación si estas versan sobre la unidad de España o el orden constitucional. Además, incluye penas de prisión y de inhabilitación (en diferentes rangos) tanto para autoridades y funcionarios como para personas sin cargos públicos que, una vez las consultas hayan sido declaradas “ilegales”, las faciliten, promuevan o garanticen.
Ilegalizar a los partidos independentistas, endurecer los ultrajes a España y recuperar la sedición
En otro sentido, Vox propone un "endurecimiento penal" en los casos de ultrajes a España y a sus símbolos (ampliando la pena de multa) y en los delitos de traición por parte de miembros del Gobierno. Además, en el redactado de la reforma legislativa, reclama eliminar las “ofensas a las comunidades autónomas” y castigar “la exhibición pública de emblemas y símbolos cuya significación implique un atentado contra la integridad del territorio nacional”.
También pone sobre la mesa recuperar la sedición, eliminada del Código Penal en diciembre de 2022, ilegalizar a los partidos que “amenacen la unidad de España y el orden constitucional” y retirar la nacionalidad a los delincuentes que no sean de origen español.
Las enmiendas a la totalidad, a debate el miércoles 10
La enmienda a la totalidad de Vox se debatirá el próximo miércoles 10 de enero, junto con la enmienda a la totalidad que ha presentado el PP, en la que los populares apuestan, entre otras cuestiones, por disolver los partidos o entidades que impulsen un referéndum de autodeterminación. El pleno del Congreso se celebrará, excepcionalmente, en el hemiciclo del Senado debido a las obras que están en marcha en la Cámara Baja.
Cuando el Congreso haya rechazado las enmiendas a la totalidad, llegará el turno de las enmiendas parciales, aquellas que pretenden retocar algunos aspectos del redactado. Las enmiendas se debatirán primero en la ponencia y posteriormente en la Comisión de Justicia. Finalmente, el texto tendrá que recibir la luz verde del pleno del Congreso por mayoría absoluta antes de enviarse al Senado para que continúe su tramitación parlamentaria.