Vox ha presentado este sábado una querella contra los miembros de las juntas de tratamiento que otorgaron el tercer grado a los presos políticos, según ha informado la ACN.
El pasado 14 de enero, las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios de Puig de les Basses (Figueres) en relación con Dolors Bassa, y el de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada) donde están ingresados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez propusieron conceder el tercer grado a los presos políticos. Catorce días más tarde, el 28 de enero el equipo del Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, que depende de conselleria de Justicia, en manos de la consellera Ester Capella (ERC), resolvió favorable esta petición.
Por eso, al día siguiente, que era el primer día de campaña electoral, todos ellos, excepto Carme Forcadell que tuvo que esperarse unos días, pudieron salir de la prisión y han participado en los actos de la campaña electoral, ya que la condena no les priva de los derechos de manifestación y participación política.
Delito de prevaricación
Ahora bien, según la querella presentada por Vox se habría cometido un delito de prevaricación porque no se ha respetado la decisión del Tribunal Supremo, que en diciembre revocó el tercer grado a los presos políticos. Por eso, la formación ultraderechista interpreta que la "celeridad" por la cual se les ha concedido el tercer grado por parte del Departament de Justícia responde a un propósito "ajeno" a la finalidad de la pena, que persigue "burlarse la resolución del Tribunal Supremo en beneficio de los presos".
El 4 de diciembre, la corte que los sentenció a prisión, el Tribunal Supremo, los revocó este régimen de semilibertad porque consideró que, como se trata de condenas elevadas (de entre nueve a trece años de prisión), tenía que transcurrir más tiempo para poder disfrutar del tercer grado, ya que la mayoría no había cumplido ni una cuarta parte.
Ahora bien, entre septiembre y enero, todos los presos políticos han cumplido los tres años en la prisión, por lo cual ahora las juntas de tratamiento han considerado que sí que cumplían los requisitos para poder disfrutar del tercer grado. Por otra parte, contra todo pronóstico, la Fiscalía no ha presentado un recurso al tercer grado.