El partido ultra Vox ha anunciado que pedirá al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que reactive la orden europea de detención y entrega (euroorden) del president en el exilio, Carles Puigdemont, después de su decisión de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación del 1-O y de mantenerle la orden de detención en el Estado español, en contra de lo que dicta la ley del olvido penal del procés. Además, añade que Puigdemont ya no tiene la inmunidad como europarlamentario porque ha asumido el escaño de diputado en el Parlament por Junts y es candidato a volver a liderar la presidencia del Govern. El partido ultraderechista ha precisado que presentará el escrito al juzgado este jueves, según informa Europa Press. Desde la defensa del presidente Puigdemont, liderada por Gonzalo Boye, se cuestiona jurídicamente esta medida. El magistrado Llarena también mantiene en vigor las órdenes nacionales de detención a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. La decisión del instructor del 1-O va contra el posicionamiento de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que como las defensas, han pedido que se les aplique la amnistía y que se dejen sin efecto las medidas cautelares.
Las defensas de Puigdemont, Comín y Puig, además de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, seguramente presentarán ahora recurso contra la decisión del juez Llarena de no aplicar la amnistía. La sala que lo analizará es presidida por el juez Manuel Marchena, que también se ha negado a aplicar la amnistía a los cargos de Junts y ERC condenados por el 1-O y les mantiene la inhabilitación hasta el 2030 y 2031. Son el expresidente de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los exconsellers Dolors Bassa y Raül Romeva. Si el alto tribunal español mantiene su negativa, las defensas pueden pedir amparo al Tribunal Constitucional, órgano al cual también quieren consultar los magistrados del Supremo sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, hecho que podría suspender la aplicación de la amnistía en los dos procedimientos del 1-O, y, por lo tanto, hace inviable reactivar la euroorden.
La euroorden congelada desde hace un año
En el caso del president en el exilio, fuentes jurídicas han informado a Efe que cuando Puigdemont recogió su acta de diputado del Parlamento, 10 de junio pasado, perdió su condición de eurodiputado y su inmunidad parlamentaria. Otras fuentes discrepan y sostienen que el expresident perderá su blindaje europeo el próximo 16 de julio, cuando se constituya la Eurocámara y deje de ser eurodiputado con carácter general.
Hace un año que el juez Llarena congeló las euroórdenes de los exiliados a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolviera el recurso presentado por la defensa de Puigdemont contra la decisión del Tribunal General de la UE (TGUE), que en julio de 2023 le retiró la inmunidad. Entonces, la Fiscalía se unió a Vox para reclamar que reactivara la petición de detención de Puigdemont y Comín. También reclamaron una orden de detención internacional del exconseller y actual diputado de Junts, Lluís Puig, también en el exilio, porque el TJUE ya resolvió sus dudas, en enero del 2023, sobre las prejudiciales, después de la negativa de los tribunales belgas a entregarlo.
La protección del GOI
En la sentencia sobre Puig, sin embargo, el TJUE abrió la puerta a la protección de los independentistas catalanes. Advirtió que un estado miembro de la UE no puede negarse, "en principio", a ejecutar una euroorden, pero sí que puede aplicar una disposición nacional que prevea que se puede denegar la orden de detención cuando "de lugar a la vulneración de un derecho fundamental". El TJUE admitió, tal como argumentaron las defensas de los exiliados en referencia al trato que recibe el independentismo por parte de la justicia española, que para denegar la euroorden un tribunal puede valorar la existencia de deficiencias del sistema judicial "que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas (GOIP) al cual pertenece el interesado". Y ahora las defensas podrían pedir que se aplique.
Las autoridades belgas no han puesto las cosas fáciles a las españolas, y aunque el delito de malversación existe en los dos estados, los tribunales analizará -tal como hicieron con Puig- si los hechos acusatorios encajan en la malversación tipificada en su país.