Vox ha recurrido ante la Corte de Apelación de Sassari contra la decisión del tribunal sardo de excluirlos en el caso sobre la euroordren contra el president en el exilio Carles Puigdemont. El recurso del partido de ultraderecha, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, argumenta que el Tribunal Supremo sí aceptó su participación en el juicio al procés como acusación popular.
El recurso de casación, que reclama también que se reconsidere la decisión del tribunal de dejar en suspenso el caso sobre la euroorden hasta que el tribunal de Luxemburgo se pronuncie sobre la inmunidad de los eurodiputados independentistas, señala la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés del 14 de octubre del 2019 y recuerda que en el punto cuatro del capítulo de antecedentes del hecho, señala que el Supremo había aceptado en un auto del 17 de noviembre del 2017 a Vox como acusación popular. Explica que desde aquella fecha, Vox ha participado "siempre" en todos los momentos del procedimiento contra Puigdemont y que "sólo" la Corte de Apelación de Cagliari le ha negado este reconocimiento como persona ofendida.
Argumenta que el sistema procesal penal italiano recoge que la persona ofendida siempre tiene que poder participar en los pasos y momentos del procedimiento y que este derecho está también recogido a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Inmunidad
Asimismo, Vox recurre la decisión de suspender el caso contra Puigdemont hasta que decida el TJUE sobre su inmunidad y asegura que el president en el exilio no dispone de ninguna inmunidad como miembro del Parlamento Europeo y que la euroorden se mantiene operativa. El recurso reclama ordenar la entrega de Puigdemont a la justicia española.
Vox se presentó el pasado 4 de octubre en la vista que se hizo en el tribunal de Sassari para actuar como acusación popular contra Puigdemont, al igual que hizo durante el juicio a los líderes del procés. No obstante, antes de empezar la vista, los miembros del tribunal rechazaron la petición y obligaron a abandonar la sala a la secretaria jurídica del partido, Marta Castro, y el abogado italiano que les representa Antero Ovoli.
La dirigente del partido ultra y el abogado esperaron e los pasillos del juzgado hasta que acabó la vista y, tras la salida de Carles Puigdemont, hicieron declaraciones a las puertas del edificio para denunciar que se había vulnerado sus derechos fundamentales como acusación popular. "Vox ha sido la única acusación popular en este proceso. Creemos que tenemos que estar aquí personados para defender la unidad de España y la soberanía nacional", argumentó Marta Castro.