La relación del cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils, el imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español es la principal incógnita en los atentados del 17-A, no resuelta en el juicio a los tres acusados, y que hoy se revive con las polémicas declaraciones del excomisario jubilado de la policía española José Manuel Villarejo durante su juicio en la Audiencia Nacional, cuando ha insinuado que el CNI permitió dar un susto en Catalunya para detener el procés independentista.
La poca transparencia ha fomentado las incógnitas. El 5 de marzo de 2018 el director del CNI, Félix Sanz Roldán, comparecía a puerta cerrada en la comisión de secretos oficiales del Congreso para explicar la relación del centro con Es-Satty. El PP, Ciudadanos y el PSOE impidieron la creación de una comisión de investigación sobre los atentados que habían solicitado los independentistas catalanes.
Además, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional calificó de "teoría conspirativa" y "sin apoyo fáctico" que casi tres años después de las investigaciones por los atentados de Barcelona y Cambrils, el 17 y 18 de agosto del 2017, se pidieran más pruebas por aclarar si el imán de Ripoll Abdelbaky es-Satty realmente murió en la explosión de Alcanar (con Youssef Aalla); la implicación del CNI, así como posibles responsabilidades policiales y políticas. Todas estas pruebas, descartadas, las pedía el abogado Jaume Alonso Cuevillas en nombre de Javier Martínez y su mujer, padres de Xavier, el niño de tres años asesinado por atropello con catorce personas más por el joven de Ripoll Younes Abouyaaquob, con una furgoneta en la Rambla, y el cual fue abatido días después por los Mossos.
La revelación
Fue el diario Público quien el verano de 2019 reveló que el CNI habría captado a Abdelbaki Es-Satty como confidente en 2014 a cambio de no ser deportado y lo ayudó a ser imán de Ripoll, donde fue a vivir a principios de 2015 y fue nombrado el imán de la única mezquita que había entonces. Es-Satty fue condenado a cuatro años de prisión tras ser detenido en 2010 cuando conducía una furgoneta cargada con 136 kilos de hachís. El CNI se habría interesado por él como posible infiltrado en el movimiento yihadista radical porque en su defensa había alegado que a un grupo islamista radical lo había obligado a transportar la droga. Este extremo nunca se confirmó, sin embargo sí que el CNI había visitado un par de veces a Es-Satty en la prisión de Castellón, donde estaba recluido.
El CNI había mantenido contactos con Es-Satty antes de los atentados en Catalunya mientras estaba encarcelado en Castellón por tráfico de drogas, según reveló el diario El País. Además, el imán de Ripoll había sido investigado en 2006 en el marco de la operación Chacal en Vilanova i la Geltrú contra una red que enviaba islamistas radicales a luchar al Iraq y su teléfono estaba entre los contactos de algunos detenidos por el atentado del 11-M madrileño. No obstante, las escuchas telefónicas y los seguimientos que se le habían hecho en la operación Chacal no habrían dado resultado. Era el 2010 cuando ingresaba en la prisión por tráfico de drogas, y no saldría hasta el 2014. Además, se descubrió que un juzgado de lo contencioso frenó en 2015 la expulsión de Es-Satty del Estado español por su arraigo familiar.
En la sentencia por los atentados del 17-A, del pasado mayo, la Audiencia Nacional detalla que Es-Satty convivió en Vilanova i la Geltrú con Bengacen Bellil, quien en el verano de 2003 se desplazó al Iraq y allí protagonizó un ataque suicida, reivindicado por la rama iraquí de Al-Qaeda. Allí también compartió piso con Mimoum Belhaj, quien en Bruselas había convivido con Youssef Belhaj, alias Abu Dujan, persona a quien se atribuyó la reivindicación del atentado del 11 de marzo en Madrid.
"Se sabía el Corán de memoria [...]. En su casa me justificaba la violencia en los países árabes, pero después aquí también. Me dijo que entráramos en un Mercadona para arrasar con todo. Siempre veía lo más negativo, era una persona muy paranoica." Así era descrito Abdelbaki es-Satty por un joven converso al islam, Cristian Ruiz, que lo conoció como imán de Castellón en 2014, según declaró en el juicio en la Audiencia Nacional.
En la instrucción de la causa de los atentados del 17-A se constató las diferencias en el control de los imanes. La mezquita de Diegem (Bélgica), donde fue Es-Satty en el 2016, no lo contrató porque no llevaba el "certificado de buena conducta", el de antecedentes penales y porque él todavía los tenía por tráfico de drogas. Por el contrario, los jefes de la mezquita Annour de Ripoll admitieron que solamente le pidieron el DNI, ya que entonces no era obligatorio exigir los antecedentes. Añadieron que la policía fue tres veces a hablar con ellos, pero no con el imán.
Y el alcalde de Ripoll, Jordi Munell, expresó en el 2019 sentirse "engañado" por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español después de conocerse que la policía española visitó el oratorio donde predicaba el imán Abdelbaki es-Satty, según sus responsables. Otras fuentes indican que la policía y la Guardia Civil estaban más pendientes de grupos radicales en Salt que en Ripoll, golpeada por la radicalización de siete jóvenes y hermanos del pueblo, de origen marroquí.
El juicio
El enero pasado, el tribunal del juicio de los atentados del 17-A rechazó que el excomisario José Villarejo testificara sobre si el cerebro de los ataques, el imán de Ripoll, trabajó para el CNI español y fue agente doble de los servicios secretos de Marruecos, tal como aseguró en un juicio contra él, denunciado por su superior, Eugenio Pino. Villarejo aseguró que el CNI fue alertado de los atentados, pero que no dio credibilidad.
En el juicio, la fiscal negó que el imán Abdelbaki es-Satty estuviera vivo, tal como apuntan algunas acusaciones, y defendió que la investigación y las pruebas aportadas durante la vista oral acreditaron que murió en el chalet de Alcanar la noche del 16 de agosto de 2017. Se trata de restos "incompatibles con la vida" y coincidentes con las muestras genéticas que se extrajeron para corroborar la identidad, concluyó a la fiscal.