El Tribunal Penal Internacional de La Haya ha registrado una denuncia impulsada por la asociación Querellants per la República contra la persecución política y jurídica del estado español en el referéndum del 1 de octubre.
La asociación de abogados ha presentado el escrito de denuncia —que ha tenido el apoyo de más de 5.000 ciudadanos— directamente ante la corte penal de La Haya por dos delitos de lesa humanidad contra los máximos responsables del gobierno y la policía española. Los firmantes alegan, en primer lugar, que se han vulnerado reiteradamente los derechos de sufragio activo y representación de los ciudadanos de Catalunya que "con sus votos habían escogido a los líderes políticos de formaciones independentistas para ser representados".
La denuncia también pide al fiscal del Tribunal Penal Internacional que se abran diligencias por el delito de "trato vejatorio" de las fuerzas de seguridad españolas —el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil— que causaron "intencionadamente dolores y sufrimientos físicos graves" a los ciudadanos que "pacíficamente" salieron a votar el pasado 1 de octubre de 2017, "atentando gravemente contra su integridad física y mental".
La denuncia presentada ante el tribunal internacional no tiene ningún precedente en un conflicto político similar. Querellants per la República ha presentado el escrito directamente ante el Tribunal Internacional porque tienen indicios que en el estado español no se llevará a cabo una investigación independiente ni un juicio justo. "Si tenemos en cuenta que las últimas instancias judiciales —el Supremo y el Constitucional— son los objetos de la denuncia que interponemos es evidente que no se investigarán a sí mismos", apuntan.
Querellants per la República ya había presentado al Tribunal Supremo una querella contra Pablo Llarena por prevaricación en julio del 2018. En esta ocasión, la querella sumó 3.418 denunciantes, pero fue archivada y la asociación de abogados está ahora pendiente del recurso de amparo que interpusieron.
La querella se dirige contra Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno; Juan Ignacio Zoido, exministro de Interior; Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Catalunya; el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos; Javier Zaragoza, actual fiscal del Tribunal Supremo y fiscal jefe de la Audiencia Nacional en noviembre de 2015; el magistrado instructor de la causa del procés, Pablo Llarena; los magistrados del Supremo Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Alberto Jorge Barreiro, Vicente Magro, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez, Luciano Varela, Andrés Palomo, Ana María Ferrer y Antonio del Moral García.
Además, también se incluyen en la querella los miembros del pleno del Tribunal Constitucional que fueron claves para alargar la prisión preventiva de los líderes del procés con "el único objetivo de obtener su suspensión". También contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el presidente de la Junta Electoral Central, Segundo Menéndez.
La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional estudiará la denuncia y documentos presentados los próximos meses. Querellants per la República prevé que los tres próximos meses el Tribunal Penal Internacional estudie la denuncia y espera que el fiscal decida avanzar en el proceso.
Querellants per la República se define como iniciativa transversal formada por un equipo de profesionales del derecho y otros ámbitos.